Si renovar el Tribunal Constitucional (TC) es cuestión de voluntad política, PSOE y PP demostraron ayer carecer de la menor prisa, a pesar de que la factura la paga un tribunal que mantiene al Estatut sentado en el banquillo de sus deliberaciones y 'camino del cadalso', según dramatizó el portavoz de ERC.

Los dos partidos mayoritarios, incapaces de alcanzar el acuerdo necesario para sustituir a los magistrados que tienen su mandato prorrogadoes necesaria una mayoría parlamentaria de tres quintos, aplastaron el intento de CiU, ERC e IU-ICV de cambiar la fórmula de renovación del tribunal. Nacionalistas y republicanos proponían que los magistrados del TC que finalicen su mandato continúen en el cargo, en funciones, un máximo de seis meses y no puedan adoptar acuerdos.

Esta solución de urgencia pretendía mitigar la 'putrefacción' en la que, según describió fuera de la tribuna el representante de Esquerra, Joan Ridao, se macera el descrédito de un Constitucional minado por la prolongada interinidad de la cuarta parte de sus miembros.

'Votar en contra es mirar a otro lado; pueden hacerlo, como hacen al no renovar el TC, pero lo que no van a poder evitar es el desprestigio de la institución', invocó a socialistas y conservadores el diputado de CiU Jordi Jané. Constitucionalista además de parlamentario, igual que Ridao.

Jané describió la actual situación del tribunal en términos de emergencia por el bloqueo en su renovación, actitud que 'incumple' el mandato que la Constitución impone al Parlamento, según insistió. 'Si no queremos caer en el desprestigio que estamos incurriendo, debemos modificar' la ley, apremió Jané.

Con más carga política, el portavoz de ERC se envolvió en alusiones a la larga espera que sufre el Estatut más de tres años en manos de un Constitucional 'groseramente politizado', que 'actúa como una torre de Pisa del estado autonómico cada vez más inclinada hacia posturas uniformes'. 'Por higiene democrática y profilaxis, hay que acabar con un TC que vive un proceso de degradación', concluyó.

La iniciativa de CiU y ERC chocó con el doble grillete del PSOE y el PP, pero encontró el apoyo del resto de formaciones. Desde UPyD, que pidió acabar con la 'politización' del tribunal, hasta el BNG, que reclamó 'más papel' para las comunidades autónomas en su elección, todas respaldaron las propuestas. CC denunció que la actual prórroga del TC 'resta legitimidad a sus decisiones'. Contundente, el PNV criticó que los grandes partidos estén más pendientes de 'colocar a sus afines' que de renovar las instituciones.

Ni conservadores ni socialistas plantearon una alternativa a la propuesta que rechazó el Congreso. El PP cerró el turno de apoyos apelando al espíritu de los constituyentes y pidió 'dejar el TC como está y como quisieron los constituyentes'. Arturo García-Tizón aseguró que en el TC 'no hay colapso' ni es una 'institución en crisis'.

Desde el PSOE, Jesús Quijano, menos renuente, colocó sobre el tejado de los conservadores la responsabilidad del bloqueo de la renovación del TC y ahí situó el fondo del problema: 'El origen es de buena fe política y de lealtad constitucional, no de normas reguladoras'.