PROTECCIÓN DE DATOS El PSOE propone más transparencia en la propaganda electoral para evitar casos como la última crisis de datos de Facebook

El Grupo Socialista en el Congreso no quiere que escándalos como el que protagonizó Cambridge Analytica, que utilizó datos de millones de usuarios de Facebook sin su permiso para crear perfiles políticos, pueda repetirse en España.
Así lo dice, literalmente, la motivación de una de sus enmiendas (PDF) a la futura Ley Orgánica de Protección de Datos, actualmente en tramitación en el Congreso.

Concretamente, la enmienda 331 propone modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Ley 5/1985, LOREG) y añadir un nuevo artículo, el 58 bis, que regule específicamente la “utilización de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales”.

Según la propuesta, lo que se plantea es prohibir “las actividades de propaganda electoral basadas en la elaboración de perfiles electorales en redes sociales o equivalentes cuando no se informe a sus destinatarios sobre su finalidad, la identidad del responsable o la entidad contratada para su realización y los criterios de selección”.

Es decir, no se trata de prohibir la actividad en sí de realizar perfiles de potenciales electores –que realizan habitualmente partidos políticos, consultores, responsables de campañas, etc.-, sino de que los electores sepan que la información que reciben es propaganda electoral y quién ha elaborado su perfil basándose en su identidad digital. Es, en definitiva, una medida de transparencia.

Evaluación previa del impacto

Esta enmienda, además, pretende introducir una cortapisa a “la difusión de propaganda electoral en redes sociales o medios equivalentes basadas en la elaboración sistemática y exhaustiva de perfiles electorales de personas físicas”, para lo cual pide que se realice una evaluación previa de su impacto en cuanto a la protección de datos personales. “Dicha difusión no podrá realizarse cuando se identifique un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas y no se adopten las medidas necesarias para impedirlo”, proponen los socialistas.

El autor de esta enmienda, el diputado Artemi Rallo, ha explicado a Público que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) habilita a los estados para regular la elaboración de perfiles personales con fines electorales y la elaboración de análisis del comportamiento electoral a partir de esos datos.

“Teníamos intención de incorporar alguna previsión en este sentido, pero justo el caso de Cambridge Analytica y Facebook saltó durante el periodo de enmiendas, así que nos lo tomamos en serio, nos parece una enmienda importante”, comenta este diputado, que sostiene que las dos columnas en las que se basa esta enmienda en concreto son "la información y la oposición". Es decir, por un lado, que el individuo sea consciente de que sus datos están siendo usados para realizar perfiles y que la información que le llegue sea claramente identificada, en su caso, como propaganda electoral. Y, por otro, que uno pueda oponerse a ese tipo de ese uso de datos.

No quiero que me manden propaganda

Precisamente, el Grupo Socialista aboga por incluir, también en la LOREG, la obligación de los partidos políticos para que atiendan las peticiones de los electores que se opongan que se incluyan sus datos en las copias del censo electoral que se facilitan a las candidaturas para realizar envíos postales de propaganda electoral.

“Ese tema era uno de esos que nunca han sido bien resueltos”, comenta Artemi Rallo, quien fue director general de la Agencia Española de Protección de Datos entre los años 2007 y 2011. Rallo recuerda que a los partidos políticos les llegan muchas peticiones de oposición, es decir, de ciudadanos que no quieren que les llegue propaganda electoral.

La idea es ampliar los supuestos de exclusión de las listas que se ceden a los partidos –por ejemplo, por motivos de seguridad personal- que ya contempla la LOREG. Con esta enmienda, lo que se plantea es que exista una especie de ‘Lista Robinson’ (un servicio de exclusión publicitaria voluntario) para que los ciudadanos que lo deseen puedan solicitar que sus datos no se envíen a los partidos políticos para el envío postal de propaganda electoral.