El copago judicial puede disuadir 'de una demanda innecesaria o artificial'. Así lo cree el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, quien esta mañana ha defendido que 'las tasas pueden cumplir un papel racionalizador de los litigios y del gasto en justicia'. En su opinión, 'la adopción de la tasa en determinados supuestos no tiene por qué limitar el acceso a la justicia de quienes carecen de medios, cuyas necesidades se satisfacen de forma más eficiente con la prestación por justicia gratuita'.

Del Río también se ha mostrado proclive al debate sobre las propuestas ministeriales encaminadas a potenciar soluciones extrajudiciales que reduzcan el colapso de los juzgados. Aludió así a la iniciativa del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de que los matrimonios civiles y los divorcios puedan ser tramitados ante notario, y de sacar de los juzgados procedimientos de derecho mercantil o marítimo y los relativos a adopciones, declaraciones de herederos o subastas.  

A juicio del presidente del TSJA, el copago y la solución extrajudicial de determinados conflictos permitirían aminorar el actual colapso judicial. En este sentido, ha destacado que el elevado número de asuntos que entran cada año en la administración de justicia impide rebajar el volumen de asuntos pendientes con la actual planta judicial. Destacó, como ejemplo, que la tasa anual nacional de litigiosidad ronda los 9 millones de asuntos, mientras que en otros países europeos, con más habitantes, los tribunales no llegan a ingresar más de seis millones de asuntos al año. 'Nos encontramos ante la imposibilidad, de aproximarnos a la meta del rendimiento óptimo de la justicia, de que cada órgano resuelva dentro de los plazos que las leyes procesales establecen todos los asuntos atribuidos a su competencia, con la máxima calidad y precisión exigibles', ha señalado. En su opinión, 'la falta de aumento de plazas judiciales, las medidas de refuerzo inadecuadas o insuficientes y la demora en reformas en la organización del sistema de trabajo' son factores que inciden en la saturación de la administración de justicia.

El presidente del TSJA ha reclamado profundos cambios organizativos y estructurales 'que mejoran la contribución de la justicia al progreso social y económico' y reivindicó la modernización y transformación radical del actual sistema de administrar justicia. 'El modelo actual es anacrónico, rígido y obsoleto', ha señalado, y ha abogado por la modernización de la justicia para superar un modelo arcaico que permite 'que la inversión en justicia se pierda por las rendijas de la organización'. Para ello, ha defendido la necesidad de 'romper la rigidez' de la organización de trabajo para asegurar una correcta redistribución del personal, ha apostado por potenciar los servicios comunes y la forma colegiada de trabajo y ha abogado por revisar el concepto de juzgado, que tiene 'un coste muy elevado que no se corresponde con su rentabilidad'. 'No se trata de clonar juzgados, extendiendo un sistema de islotes que impide compartir recursos e información, reducir costes, duplicidades y tiempo', ha precisado.

Sobre ello, ha recordado que España está por debajo de la media europea en número de jueces por cien mil habitantes, pero está por encima de la media de órganos judiciales, con más de cuatro Juzgados por cada cien mil habitantes, cuando Alemania, por ejemplo, está en uno. 'No se trata de crear más órganos judiciales, sino de incrementar el número de jueces que resuelvan los conflictos de los ciudadanos', ha precisado. Para Del Río, 'siguen de plena actualidad tres datos de la justicia española, según la Comisión Europea, para lograr la eficacia de la justicia: la elevada dispersión organizativa-territorial de sedes, el elevado nivel de empleo público no judicial, con un alto número de funcionarios y un número de jueces relativamente reducido'. 'Con tales premisas, se concluye en la más que evidente debilidad de la justicia española, producto de una inadecuada organización que impide obtener la eficiencia esperada del importante esfuerzo presupuestario de los últimos años', ha subrayado al reclamar una reforma de las demarcaciones judiciales obsoletas, la reagrupación de partidos judiciales y la  especialización jurisdiccional.

También ha insistido en la necesidad inmediata de introducir reformas procesales en el ámbito penal para evitar dilaciones indebidas, sin esperar a una futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por el excesivo plazo que supondría su materialización y entrada en vigor.