El PP dio ayer un paso que desvela públicamente su estrategia de torpedear el caso Gürtel desde dentro; es decir, utilizando como palanca de freno su personación en el sumario como supuesta acusación popular. Por la mañana, el PP impugnó el requerimiento del juez Antonio Pedreira al Gobierno de Francisco Camps para que notifique la identidad de los máximos responsables de 17 consejerías y organismos autonómicos valencianos que amañaron adjudicaciones a la trama corrupta entre 2004 y 2009. No es la primera vez que el PP, cuya estrategia judicial decide su dirigente Federico Trillo, intenta sujetar el avance de las investigaciones a través de su abogado. Su obstruccionismo ya le costó en diciembre una severa bronca de Pedreira.

El recurso llega en un momento clave para el PP valenciano, que cruza los dedos con la esperanza de que el Tribunal Supremo consagre el próximo día 12 el carpetazo al caso de los trajes. Si el Supremo obliga a reabrir el sumario que el Tribunal Superior de Valencia cerró en agosto gracias al impulso de su presidente y amigo de Camps, el juez Juan Luis de la Rúa, el PP sabe que la carrera de Camps estará finiquitada. Y sabe que el corsé de los trajes regalados, un caso menor aunque ilustrativo de la situación, acabará estallando en pedazos para dar paso a las indagaciones sobre la presunta financiación ilegal del partido.

La red corrupta que dirigía Francisco Correa con Álvaro Pérez como delegado en Valencia recibió de la Generalitat 85 contratos por importe global de 7,2 millones de euros. El 89% de las adjudicaciones se concedieron a dedo gracias a un ardid fraudulento ya aplicado en la Comunidad de Madrid con éxito: fraccionar el valor real de los encargos para así evitar la convocatoria de concursos públicos.

Pese a la contundencia de esos datos, contenidos en el informe de la Unidad de Auxilio Judicial conocido la semana pasada, el PP alega que la petición del juez mancha la imagen y el honor de ciudadanos sobre los que no pesa ninguna imputación. En la práctica, el recurso da bazas y tiempo a la Generalitat valenciana. Hasta ahora, la colaboración del Ejecutivo de Camps con Pedreira ha sido nula. Y difícilmente atenderá ahora la nueva reclamación del magistrado hasta que el PP agote la vía de los recursos ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Madrid, para lo que no hay plazo prefijado.

Dirigido el pasado viernes a la Abogacía General de la Generalitat, el requerimiento de Pedreira subraya que su solicitud posee carácter informativo y 'no significa prejuzgar sobre responsabilidad penal alguna'. Pero no constituye ningún secreto que delimitar oficialmente la identidad de quienes dirigían los departamentos implicados en este alud de contratos irregulares puede ser sólo una antesala de la hipotética inhibición del juez madrileño, bien ante el Tribunal Superior de Valencia, con potestades para investigar a aforados (diputados y miembros del Gobierno autonómico), bien ante el Tribunal Supremo.

La peculiar interpretación que en el caso Gürtel hacen los conservadores sobre el concepto de acusación popular no es nueva. En octubre, la Fiscalía Anticorrupción ya urgió a Pedreira a expulsar al PP de la causa por su actuación 'fraudulenta'. Anticorrupción subrayó que, en realidad, el partido de Rajoy no estaba actuando como parte acusadora sino como defensora. El juez denegó la solicitud de la fiscalía pero propinó una severa bofetada al PP. 'Es preciso reconocer el tratamiento respetuoso e ilícito del representante legal del Partido Popular', escribió Pedreira el 10 de diciembre en el auto por el que rechazaba expulsar al PP de la causa.

El juez formuló una exigencia: 'Que cese la conducta reprochable de la representación de la acusación popular'. Y lanzó una advertencia drástica: de momento, el PP permanecería personado 'sin perjuicio de adoptar una nueva decisión judicial si continuase produciéndose la conducta descrita por el ministerio fiscal'. Esa conducta la había definido Anticorrupción de manera descarnada: el PP aducía en sus sucesivos recursos 'argumentos propios de una defensa sin que se vislumbre siquiera un atisbo de acusación'. Desde el PP, concluía el ministerio público, 'no se ha ejercido la acusación popular sino la defensa'.

Ahora, el nuevo intento del PP por blindar al equipo de Francisco Camps pone de nuevo sobre la mesa el debate sobre si el Tribunal Superior de Madrid erró al validar, en julio de 2009, que participase en el sumario un partido sobre cuyas implicaciones con la trama corrupta no cesan de surgir indicios.

Desde que su personación fue aceptada en junio de 2009, todas las actuaciones procesales del PP han ido encaminadas a proteger los intereses de los imputados. Ya en julio, el PP impugnó la prórroga del secreto de las actuaciones. 'El secreto se utiliza para impedir el ejercido del derecho a la defensa', sostenían los conservadores en aquel recurso.

Dos meses más tarde, el PP alegó igualmente que Pedreira había vulnerado el derecho de defensa de los imputados.