La Xunta de Galicia y la entidad Puertos del Estado, ambas gobernadas por el Partido Popular, planean una gran operación urbanística con casi 330.000 metros cuadrados de terrenos públicos en el centro de A Coruña, destinada a obtener fondos para neutralizar la colosal deuda que arrastra el puerto exterior de la ciudad. El Ayuntamiento, gobernado por Xulio Ferreiro, de En Marea, formación aliada de Podemos, se opone a esa pretensión y reclama que ese suelo revierta en la ciudad y sea destinado a usos públicos.

Los terrenos forman parte del muelle de San Diego, donde se ubican instalaciones industriales y portuarias cuya actividad está previsto trasladar al puerto exterior de Punta Langosteira, en el vecino municipio de Arteixo. La dársena exterior fue diseñada por el Gobierno de José María Aznar, que pretendía enviar allí el tráfico de mercancías sucias y peligrosas, especialmente los hidrocarburos vinculados a la refinería coruñesa de Repsol, para evitar la entrada en aguas de la bahía limítrofes con el casco urbano de buques petroleros que pudieran ocasionar catástrofes recurrentes como las que provocaron el Prestige en el 2002, el Mar Egeo en 1992 y el Urquiola en 1976. 

Las obras se presupuestaron con un coste inicial de 429 millones de euros, pero acabaron convertidas en un saco sin fondo que acumula sobrecostes de más de 315 millones y que ha hecho que la Autoridad Portuaria arrastre una deuda de casi 400 millones. El puerto exterior, con varios kilómetros de diques y alrededor de doscientas hectáreas de terrenos, empezó a funcionar hace cinco años en plena crisis del comercio marítimo internacional, y a día de hoy sigue recibiendo menos tráfico del que hubiera justificado tamaña inversión. En buena parte debido a que carece de conexión ferroviaria y de una salida adecuada por autovía, infraestructuras aún no ejecutadas que requerirán nuevas inversiones millonarias. El año pasado, la facturación del puerto exterior fue de 4,4 millones de euros, es decir apenas el 16% del negocio de la Autoridad Portuaria coruñesa, que ronda los 26 millones anuales. Una cantidad que difícilmente le permite afrontar la devolución de los créditos contraídos con el Banco Europeo de Inversiones y con Puertos del Estado. 

La venta de los terrenos de San Diego permitiría desahogar esa delicada situación financiera, y de hecho ya estaba contemplada en un convenio del año 2004 firmado por el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos; el ex alcalde socialista Francisco Vázquez, y el por entonces consejero de Obras Públicas y actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Pero el Ayuntamiento de En Marea considera que la situación ha cambiado sustancialmente trece años después, y que un pelotazo urbanístico que permitiría la construcción de cerca de 3.000 nuevas viviendas en un área pegada al centro de la ciudad y en primera línea de su fachada marítima, no está justificada ni responde a las necesidades de desarrollo urbanístico de A Coruña. La ejecución de aquel acuerdo, por el que las instituciones implicadas se comprometían a impulsar la recalificación de los terrenos “para usos lucrativos residenciales y terciarios”, representa en opinión de Ferreiro “una hipoteca” que los coruñeses no deben asumir. 

Tras reunirse con el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, el alcalde reiteró que el Ayuntamiento no admitirá soluciones que supongan el recurso a “la especulación” urbanística. Y criticó la estrategia de la Xunta y el Ministerio de Fomento de relegar al Gobierno de la ciudad del proceso de toma decisiones sobre su desarrollo. 

Ferreiro se refería al acuerdo adoptado hace dos semanas por Feijóo y Llorca, quienes celebraron una reunión a la que no fue invitado en la que pactaron no urbanizar, pero tampoco ceder al Ayuntamiento, otros 90.000 metros cuadrados propiedad del puerto en otras zonas de la ciudad. También aplazaron el proyecto de edificar en San Diego hasta el 2020. Es decir, cuando vencen las actuales concesiones a las empresas que allí operan, y cuando ya se habrá agotado la actual legislatura municipal, en la que En Marea ya ha advertido que no recalificará los terrenos. 

Por su parte, Llorca justificó que Puertos del Estado no quiera comprometerse a devolver a la ciudad de A Coruña la superficie portuaria que quede liberada por el traslado de actividad a Punta Langosteira porque ese suelo seguirá bajo “gestión pública” en manos de la Autoridad Portuaria. Y explicó que ese organismo no necesita de momento vender los terrenos liberados en San Diego porque tiene las “necesidades financieras” de su deuda cubiertas hasta el año 2022. 

Llorca también prometió estudiar la propuesta de colaboración que le ha enviado la Alcaldía coruñesa, y que pretende garantizar, en colaboración con todas las administraciones implicadas y los grupos políticos con representación municipal, el aprovechamiento de los terrenos portuarios excluyendo cualquier posibilidad de que se especule con ellos.