Baja, baja fingida y actividad plena. Por analogía, en esas tres situaciones cabe encuadrar hoy a los 18 imputados en el caso Gürtel en total hay más de 70 directamente vinculados al PP. Cinco meses y medio después de que estallara el escándalo y en espera de que el Supremo se pronuncie sobre el tesorero Luis Bárcenas y el diputado Jesús Merino, la geometría variable aplicada aquí por el partido de Rajoy ha alcanzado tal elasticidad que ocho de esos imputados, los de mayor relevancia política, se mantienen en cargos públicos sujetos a la disciplina del mismo partido que en teoría, y exceptuando a Francisco Camps y Ricardo Costa los ha suspendido cautelarmente de militancia.

La explicación del PP ante esta multiplicación de raseros pivota sobre dos argumentos: cada caso es distinto y la presunción de inocencia prima sobre todo lo demás. Y, como cada caso es distinto, los dos polos del arco de posibilidades coinciden en Valencia, donde el citado Camps continúa al frente del partido y de la Generalitat arropado por la cúpula de Mariano Rajoy mientras que Víctor Campos, vicepresidente de la Comunidad Valenciana y consejero de Justicia hasta 2007, se dio de baja en cuanto el juez Baltasar Garzón lo señaló como implicado en la presunta trama de corrupción. Campos aparece como el imputado que menos recibió de la trama: según Garzón, 4.850 euros en trajes.

En Madrid, la paradoja tiene el nombre de tres diputados autonómicos y de los ex alcaldes de Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón. Los cinco están imputados y los cinco han sido apartados 'temporalmente' del partido, pero los cinco mantienen sus cargos electos y actúan fieles a las directrices del partido.

El ardid otras veces usado por siglas de todo color despojar del cargo público al sospechoso pero sin expulsarlo se ha invertido aquí. El PP no sólo no ha exigido la devolución del escaño a los parlamentarios autonómicos Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco sino que ni siquiera los ha arrojado de la bancada conservadora. Los quiere en su grupo.

A la pregunta de por qué el PP considera que hay elementos para apartarlos de la vida interna del partido pero no para que dejen de representarlo en la Cámara autonómica, las respuestas son confusas. 'Están en el grupo parlamentario como la concejal Alicia Moreno, que es independiente, está en el equipo de gobierno del ayuntamiento de Madrid', dice una fuente del PP madrileño al tiempo que subraya que sobre ninguno de los tres diputados pesa ahora un 'mandato imperativo' para que voten en la Asamblea siguiendo las directrices del partido.

Y todos ellos pidieron su baja 'voluntariamente', remacha el PP obviando que la suspensión cautelar de militancia de los tres diputados no se produjo hasta que, el 5 de mayo, el Tribunal Superior de Madrid impuso a Martín Vasco una fianza de 950.000 euros.

Habían transcurrido tres meses desde que el 9 de febrero, tres días después de que el juez Garzón ordenara las primeras detenciones del caso, López Viejo dimitió como consejero de Deportes. Ese día, Público había informado de cómo el dirigente del PP madrileño adjudicó 76 contratos a dedo en un año a dos empresas de la trama, Easy Concept y Good and Better. Según Garzón, la red corrupta compensó con 563.000 euros a López Viejo por sus adjudicaciones.

Fuentes del grupo parlamentario del PP sostienen, por el contrario, que López Viejo, Bosch y Martín Vasco ex portavoz adjunto de los conservadores y que presidió la fallida comisión de investigación del espionaje pertenecen al grupo con todas las de la ley. Enfatizan que 'no existe la figura del independiente'. E ilustran su afirmación con un ejemplo: 'Si no acudieran a una votación se les sancionaría como a cualquier otro diputado'.

Con 67 diputados frente a los 53 que suman PSOE e IU, el PP no vería en riesgo su mayoría absoluta si prescindiera de los tres imputados. No lo hace porque 'no están expulsados del partido, sólo suspendidos temporalmente', alega la fuente parlamentaria mientras subraya que el PSOE 'también tiene parlamentarios imputados' y si no los ha suspendido de militancia, vienen a decir los conservadores, es su problema.

A tenor de los hechos, para el PP no constituye ningún problema que los ex alcaldes de Boadilla y Pozuelo, Arturo González Panero y Jesús Sepúlveda, prosigan como concejales adscritos a los respectivos grupos municipales del PP. 'Sepúlveda ni aparece por los plenos', asegura indignada Eva Izquierdo, portavoz socialista en Pozuelo y cuyo partido ha pedido con reiteración y nulo éxito al PP que reclame el acta al imputado que supuestamente recibió un lujoso Jaguar como regalo, amén de recibir cantidades en metálico hasta superar los 422.000 euros.

El PP corroboró a Público que Sepúlveda no tiene en la práctica actividad municipal. El contrapunto lo pone el ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, sobre quien pesa la fianza más alta del caso: 1,8 millones de euros.

Panero, que se negó a declarar ante Garzón y luego ante el instructor designado por el Tribunal Superior de Madrid, Antonio Pedreira, está perfectamente integrado en el grupo municipal del PP. Su sucesor en la Alcaldía, Juan Siguero, le encomendó representar al partido en dos comisiones municipales, la de Personal y la de Hacienda.

'Se montó tal cisco que lo quitaron de la de Hacienda', cuenta Pablo Nieto, portavoz del PSOE en Boadilla y autor de una infructuosa iniciativa para que el pleno reprobase a González Panero. La moción se votó en el pleno celebrado el 24 de abril. El PP que tampoco aquí necesita al ex alcalde para preservar su mayoría absoluta la derrotó. Se abstuvo González Panero, quien según Garzón se habría repartido con el también imputado Tomás Martín Morales 510.000 euros procedentes de la red corrupta.