La Policía pide contratos otorgados en cuatro autonomías del PP

La Brigada de Blanqueo de la Policía ha pedido al juez instructor del caso Gürtel que estreche el cerco en torno a las empresas que presuntamente pagaron comisiones a la trama corrupta para conseguir contratos de administraciones gobernadas por el PP. En un informe fechado el pasado día 1, la Policía propone al juez que solicite a siete empresarios el listado de contratos y subcontratas de carácter público y privado obtenidos por sus respectivas compañías entre 2001 y 2004 en Galicia, Madrid, Castilla y León y País Valencià.

El listado de sociedades requeridas se eleva a 15. Y al mando de ellas se sitúan o se situaban los siguientes imputados: José Luis Ulibarri (Begar SA, Begar Construcciones y Contratas SA, Seralia), Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica, EOC, EOC Galicia, Acanto, Azarbe), Enrique Carrasco (FCC, Aqualia), Gonzalo Naranjo (Sufi) y Plácido Vázquez (Sufi, Ros Roca SA y Nuevas Iniciativas de Gestión Empresarial). Los otros dos empresarios mencionados por la Policía, que a día de hoy no están imputados, son José Martínez Núñez y José Luis Martínez Parra, propietarios de Teconsa, cuyos contratos también reclama la Brigada de Blanqueo.

La Policía quiere que las empresas ligadas a imputados aporten sus datos

Teconsa, del sector de la construcción, logró en 2005 el contrato para la cobertura televisiva de la visita papal a Valencia, un pelotazo con el que la red de Correa se embolsó tres millones. En Castilla y León, obtuvo en 2002 la adjudicación, supuestamente amañada, para la Variante de Olleros. Sin razón conocida, la empresa pagó obras del chalet de Correa en Ibiza. Y a ese cometido también dedicó esfuerzos (más de 200.000 euros) el empresario José Luis Ulibarri a través de Begar. Ulibarri, beneficiado con numerosos contratos públicos, fue quien impulsó la querella que ha llevado al juez Garzón al borde del banquillo por las escuchas practicadas en prisión a los jefes de la trama.

Asimismo, el listado incluye la compañía Licuas, que supuestamente pagó facturas de empresas de la trama y se alzó con adjudicaciones en los municipios madrileños de Majadahonda y Boadilla, cuyos exalcaldes están imputados.

A todos los empresarios citados les une un doble nexo: captaron para sus sociedades numerosos contratos públicos bajo sospecha. Y aparecen en los documentos incautados a la trama como autores de "entregas". La semana pasada, por ejemplo, un exdirectivo de Sufi confesó ante Pedreira que pagó un millón de euros en Suiza para hacerse, en 2002, con un contrato de limpieza del Ayuntamiento de Madrid .

Hispánica, Teconsa, Licuas, Begar, Ros Roca y FCC figuran en la lista

Esas "entregas" quedaron anotadas en la contabilidad B que la red almacenaba en el ya famoso pen drive intervenido en el domicilio de José Luis Izquierdo, el supuesto contable del grupo capitaneado por Francisco Correa.

Diversos informes detallaban la cuantía de esas entregas y la identidad de quienes las realizaron. Por ejemplo, el 8 de enero de 2002, la red anotó la recepción de "17.500.000 pesetas" (92.000 euros) procedentes de Enrique Carrasco. El 5 de febrero de ese mismo año, Plácido Vázquez entregó "10.000.000 pesetas" (60.000 euros). Vázquez repitió pago en junio: 420.70 8 euros apuntados el día 14 de ese mes.

La comisión más voluminosa de las contabilizadas ese año por la trama partió, según el sumario, de Alfonso García Pozuelo: el entonces presidente de Hispánica pagó 925.560 euros el 19 de febrero. En 2003, entregó a la red 600.000 euros en la víspera de Nochebuena.