El Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, Pau Marí-Klose, ha explicado que el Gobierno estudia triplicar la prestación por hijo a cargo para aquellas familias en situación de pobreza severa, que beneficiaría entre 400.000 y 500.000 menores.

Este es uno de los objetivos prioritarios para acabar con la pobreza infantil en España, que afecta a uno de cada tres niños y que según el responsable de erradicar este problema "se proyecta sobre el futuro y deja cicatrices".

Pau Marí-Klose, que dirige desde hace dos semanas el Alto Comisionado en sustitución de María Luisa Carcedo, actual titular de Sanidad, muestra su confianza en que se puede erradicar la pobreza infantil, "que no se ha considerado un problema durante mucho tiempo".

"Con un 0,2 por ciento del PIB se tendría la posibilidad de mejorar sensiblemente la protección a la infancia, pero habría que destinar probablemente un 0,6 % para erradicar las formas más severas de pobreza y acercarnos a la media de desigualdad en Europa, donde estábamos antes de la crisis", asegura.

Explica que "en una primera etapa se trabajaría por transferencias por hijo a cargo en umbrales de pobreza severa, para ir extendiéndolas hasta los de pobreza moderada". "Inyectaremos más recursos en la severa, pero todos verán una mejora".

"La cobertura actual está en torno al 10 % de las familias muy desfavorecidas, que solo reciben 270 euros al año; es ínfima y no tiene ninguna efecto corrector sobre la pobreza", ha lamentado Marí-Klose, quien ha calificado la política del anterior Gobierno de "generosidad raquítica".

Su propuesta sería, en el primer año, triplicar esa cantidad -270 euros anuales- con el objetivo de que "el Ingreso Mínimo Vital plenamente desplegado llegue a los 1.800 euros para las familias en pobreza severa" y continuar con otros grupos que no están en una situación tan crítica pero que tienen un malestar económico importante que afecta a otras dimensiones de su vida.

En cualquier caso, "esa cantidad tiene que mejorarse" y el ritmo al que se haga va a depender de las negociaciones presupuestarios y de "otras circunstancias políticas que ahora son difíciles de calibrar", ha señalado.

Pau Marí-Klose muestra su satisfacción por el consenso reflejado este miércoles en el Pleno del Senado por parte de todos los grupos para urgir al Gobierno a abordar este problema, de cuya magnitud España había sido advertida por parte de algunos organismos internacionales.

"Gastamos aproximadamente la mitad de lo que gasta de media la UE en políticas de familia e infancia, y en prestaciones específicas para niños dedicamos el 0,6 %, mientras que los países europeos gastan más del 1 por ciento", ha detallado. Es consciente de que el Alto Comisionado no tiene presupuesto propio y no ejecuta programas de manera directa, sino que su papel es esencialmente "dinamizador de iniciativas".

Por ejemplo, destaca que trabaja "muy estrechamente" con el Ministerio de Educación con el objetivo de combatir el abandono escolar temprano que afecta al 43 % de niños en riesgo de exclusión social.

Para ello, contemplan "diversas iniciativas como articular nuevas inversiones en la etapa de 0 a 3 años, clave para cimentar las bases para el progreso educativo" y generar programas de refuerzo y acompañamiento a estudiantes con dificultades de aprendizaje.

"España es un país en el que existen brechas educativas muy importantes en función del origen social; a los 15 años, el 53 % de los estudiantes del tramo más bajo ha repetido algún curso, frente al 8 % de los del tramo más alto de ingresos".

A los pocos días de la creación de este Alto Comisionado, que depende directamente del presidente Pedro Sánchez, se puso en marcha el plan VECA (Vacaciones Escolares Continuar Aprendiendo) que dio opciones de ocio y cubrió necesidades como alimentación a los menores de familias con mayores necesidades.

"Fue una medida tomada muy rápidamente para atender una realidad muy sangrante en verano", ha dicho, que se desplegará plenamente en las próximas vacaciones escolares "de forma articulada" contemplando las inversiones que se van a realizar.

En la lucha contra la pobreza infantil espera contar con la complicidad de las comunidades autónomas y entidades locales para optimizar sus programas sociales y poner en valor las buenas prácticas que se desarrollan en muchos municipios para extenderlos a otros.

También desea que se genere un clima de confianza y de solidaridad entre las CCAA en relación con el reparto de los menores extranjeros no acompañados (menas), que actualmente se concentran en unas pocas.

Pero fundamentalmente, argumenta que no se podrá atajar la pobreza infantil solo con medidas específicas sino que hay que luchar contra la desigualdad que se ha generado entre nuestros niños.