Las películas de sobremesa tienen machacado el tema: hombre rico se casa con mujer mucho menos rica a la que garantiza por contrato una pensión vitalicia en caso de ruptura. Pues bien, más o menos así ha funcionado entre 1992 y 2010, ambos años incluidos, la relación entre la Junta de Extremadura (PSOE) y sus altos cargos procedentes de la función pública. Porque, en virtud de una ley aprobada en diciembre de 1991, cada funcionario que haya ocupado durante dos años seguidos o tres con interrupciones un alto cargo en la Administración extremeña tiene garantizado tras su cese un complemento vitalicio idéntico al que corresponde a los directores generales en ejercicio.

En 2010, y según publicó El Periódico de Extremadura, ese plus alcanzó hasta 14.276 euros al año. En 2011, y tras los recortes aplicados por el gabinete de Guillermo Fernández Vara en medio de la bronca política con el PP, el complemento de destino de los directores generales asciende a 11.625 euros, según la Ley de Presupuestos de la comunidad. La nueva norma presupuestaria introduce otra novedad: que para percibir el 100% del plus equivalente al llamado 'nivel súper 30', el de los directores generales, hacen falta ya más de dos años en el ejercicio del cargo político. La restricción no afecta a los altos cargos que cesaron en años anteriores.

Qué gasto ha supuesto el pago de los complementos vitalicios en la recién terminada legislatura es una pregunta sin respuesta. Desde el miércoles de la semana pasada, Público ha intentado recabar explicaciones del Gobierno extremeño. La única respuesta fue una escueta referencia a la ley de 1991, norma principal pero no única para entender una compleja ecuación que incluía no ya la reserva de plaza para los funcionarios nombrados cargos de libre designación sino la creación de un puesto nuevo en su misma localidad si el suyo ya había sido ocupado en el momento del cese.

En mayo de 2010, el portavoz socialista en la Asamblea de Extremadura, Ignacio Sánchez Amor, aseguró que los complementos sólo costaban al erario regional 31.330 euros al mes, y que sólo los disfrutaban 60 de los 45.000 funcionarios. Eso significa un coste anual de 375.960 euros en el supuesto de que la cantidad deba multiplicarse por 12 mensualidades y no por 14.

El equipo de Fernández Vara sostiene que la legislación extremeña sigue la estatal. Pero, como han replicado los sindicatos en varias ocasiones, lo que dice el Reglamento de Provisión de Plazas de Funcionarios del Estado es que, por cada dos años de desempeñar un puesto de mayor rango, el funcionario consolidará otros tantos niveles de ascenso. En Extremadura, hasta ahora, podían consolidarse diez o más de golpe.