El PGOU de Alicante se tramitó en el bufete del hermano de la alcaldesa

Un informe policial revela que los dos letrados —uno de ellos hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo— del despacho registrado en el marco del caso Brugal, "además de contestar alegaciones a través de una sociedad, redactaban para determinadas empresas y particulares la propia alegación a presentar al Ayuntamiento".

"La creación y actividad del despacho de abogados", registrado el pasado mes de abril, "estaría estrechamente relacionada con la tramitación" del Plan general de Ordenación Urbana (PGOU), según refleja el citado informe, al que EFE ha tenido acceso.

El documento policial ya ha sido remitido al juez que instruye la pieza separada del caso Brugal referida al citado plan urbanístico.

El documento policial señala que prácticamente el 90% de los ingresos percibidos por el citado despacho —Salvetti Abogados— durante 2008 (año de su creación) y 2009 "se deben a distintos trabajos efectuados y cobrados al respecto", en referencia al PGOU, y se indica que los ingresos "en su montante total" ascienden a más de un millón de euros.

El informe subraya en su introducción "la ingente cantidad de información relevante contenida en la documentación intervenida" y "la necesidad de cautela y precisión en cuanto a las conclusiones que se derivan del mismo".

"Tanto la empresa que realiza las alegaciones como la encargada de estimar o desestimar dichas alegaciones pertenecen a la misma persona"

"Se han identificado una serie de irregularidades que necesitan ser puestas en conocimiento de la Autoridad Judicial", añade el informe policial, elaborado a partir de los datos obtenidos por la Policía Judicial en el registro que efectuó en abril de este año.

"Las actuaciones irregulares", según señala, están relacionadas con la tramitación y posterior estimación de alegaciones al PGOU "llevadas a cabo" por José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa, y Francisco Javier Gutiérrez Miguélez -exedil socialista- "a través de las sociedades 'Gutiérrez & Miguélez, Gestión del Suelo, S.L.' y el despacho Salvetti Abogados y Consultores S.L..

Tras reflejar y recordar que el proyecto de "Finalización de la ejecución de los trabajos de revisión del PGOU" fue adjudicado a la empresa LABORATORIO Y PROYECTOS S.L., en Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante en febrero de 2008, el informe desvela "la relación inequívoca" entre esta última mercantil y "G&M Gestión del Suelo" a través de un contrato de consultoría y asesoramiento.

"Tomando como base tal información —añade el informe policial—, tanto la empresa que realiza las alegaciones (Salvetti) como la encargada de estimar o desestimar dichas alegaciones (G&M Gestión del suelo S.L.) pertenecen a la misma persona, Javier Gutiérrez.

Además, en lo referente a "la implicación de Jose Luis Castedo", el informe afirmar que éste participa, de hecho, igualmente en ambas mercantiles, ya que es administrador solidario del despacho Salvetti y por otro lado ha realizado trabajos de asesoramiento para la sociedad 'G&M Gestión del suelo'.

"Queda claro que las alegaciones presentadas por el despacho Salvetti han sido todas estimadas, o estimadas parcialmente en los puntos que más favorecían a las pretensiones solicitadas por la sociedad G&M Gestión del Suelo, ya que las personas al frente de la sociedad que realiza las alegaciones y las personas que realizan las estimaciones son las mismas", refleja el citado informe policial.

Asimismo, y a modo de conclusión, este documento sostiene "que se tiene constancia e indicios racionales suficientes para poder decir que Francisco Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, además de contestar las alegaciones a través de la sociedad G&M, redactaban para determinadas empresas y particulares la propia alegación a presentar al Ayuntamiento, siendo remunerados por dicho servicio".

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que la alcaldesa, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos del PP, pudieron cometer los delitos de cohecho, información privilegiada y tráfico de influencias por beneficiar al constructor Enrique Ortiz en la elaboración del PGOU de la ciudad.

Asimismo, el fiscal ve un supuesto delito de asesoramiento ilegal, información privilegiada y tráfico de influencias en el jefe redactor del PGOU, Jesús Quesada, por participar en el favorecimiento de Ortiz, y también en los dos abogados citados por ser intermediarios a través de su bufete.