El PCE instará a la Fiscalía a investigar el Diccionario de la RAH

El Partido Comunista quiere que la polémica causada por las alusiones franquistas del Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia, llegue a los tribunales. La formación, que fue ilegalizada durante la dictadura, instará a la Fiscalía a que investigue si la mencionada obra podría incurrir en un delito por hacer "apología de la dictadura franquista, al enardecer a personajes claves del régimen, como el propio dictador o Carrero Blanco y Alonso Camilo.

"No estamos ante una anécdota de mal gusto, sino ante un intento de revisar la historia para recuperar una interpretación de la misma claramente exculpatoria hacia los verdugos e incriminadora hacia las víctimas", consideró el secretario general del PCE, José Luis Centella. Su reflexión la argumenta en que el diccionario descalifica "al propio [Juan] Negrín", presidente del Gobierno de la II República, e incluso retoma el calificativo de "bandoleros" para los republicanos "que trataron de seguir en España el ejemplo de la resistencia europea frente al nazismo y el fascismo".

Centella consideró ayer "especialmente grave" que la Real Academia de la Historia sea una institución "que trata de presentarse como referente del estudio de la historia" mientras avala "esta publicación que de no retirarse sería referente para enervaciones futuras", ya que de este diccionario "podrán tomar datos desde libros de texto hasta historiadores futuros". Todos ellos podrían encontrarse, en su opinión " con una historia manipulada al servicio de los herederos políticos e ideológicos de la dictadura".

El PCE entiende que "hay que actuar, pedir responsabilidades y eliminar de la edición todo lo que pueda ser apológica de la dictadura o de sus dirigentes y poner en el lugar que le corresponde a los representantes de la legitimidad republicana". La responsable de Memoria Histórica de los comunistas, Gloria Aguilar, consideró que "llamar Guerra de Liberación o Cruzada a la Guerra Civil contradice directamente la Ley de Memoria Histórica" que trata de borrar todos los símbolos de esa Guerra por entender "que se trató de una ruptura de orden legal y legítimo que representaba la II Republica Española". Por ello, a su entender está "más que justificado" que la fiscalía determine las acciones a desarrollar para evitar que se continué "la deformación" la historia.

También apela el PCE a la "responsabilidad" del Gobierno en la publicación de la obra, dado que ha subvencionado con casi 6 millones de euros. Lamentan que no haya realizado "ningún seguimiento" de su elaboración y que, ni siquiera hayan comprobado "el resultado final". "No se trata de efectuar censuras previas, sino simplemente de comprobar que el dinero público no se utiliza para manipular nuestra historia", insiste Aguilar.