La paella político-judicial

"Es verdad que tú has ordenado detener al presidente de la Diputación de Alicante?", preguntó por teléfono alguien desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. "No, eso no es verdad", contestó rápidamente el juez Carlos San Martín, titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Orihuela. "Entonces, dilo. Explica que no es verdad y el gabinete de comunicación del TSJ se encargará de difundir la nota", dijeron al otro lado del auricular.

El PP aprovechó el aviso de Rubalcaba para comenzar a urdir su montaje

Fue así que, "a instancias" del juez San Martín, el TSJCV difundió no una sino dos notas tras la operación judicial de entrada y registro en el caso Brugal. Como quiera que hubo insinuaciones en varios medios de que detrás de esas dos notas estaba el presidente del TSJCV, a quien el president Francisco Camps considera "más que amigo", el propio Juan Luis de la Rúa, a través del ex conseller de Justicia valenciano y actual vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, solicitó a la comisión de comunicación, el pasado jueves, que se aclarase públicamente que las notas del TSJCV fueron emitidas "a instancias" del juez San Martín.

La realidad: era cierto que el juez San Martín no había ordenado detener a José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante. Pero esta respuesta era una verdad parcial, y por tanto, inveraz. Porque el juez había dictado el 1 de julio un auto, bajo el secreto de las actuaciones, en el que ordenaba varias entradas y registros. Y en ese auto, el magistrado señalaba que en caso de proceder la policía a practicar detenciones, "se autoriza expresamente a la misma a fin de que procedan a su traslado hasta el lugar donde se vaya a practicar la diligencia".

El juez, pues, autorizaba esa detención por una sencilla razón: las entradas y registros se realizan en presencia de las personas objeto de tal actuación judicial. Pero el juez, ante la pregunta del TSJCV, reaccionó con enfado. Y este enfado fue objeto del montaje que ya estaba en marcha por parte del PP desde horas antes de la operación, avisado como estaba por el ministro del Interior en un pretendido gesto de fair play. La conducta del juez, asimismo, estaba espoleada por su escrupuloso sentido del secreto sumarial, que había sido vulnerado por la policía que, contra las admoniciones previas del magistrado, hizo públicos los delitos que motivaban las entradas, registros y detenciones.

De la Rúa pidió que quedara claro que las notas eran cosa del juez de Orihuela

Pero esto no es todo. El juez San Martín tiene claro, según fuentes jurídicas, que se va a inhibir en esta causa, excepto en aquellos presuntos delitos que afectan al Ayuntamiento de Orihuela. Por tanto, tampoco tenía el magistrado interés en asumir un protagonismo excesivo como el derivado de la detención del presidente de la Diputación de Alicante, habida cuenta de que esta parte del sumario será instruida por otro juez próximamente.

Aunque es incontestable, pues, que el juez San Martín autorizó las detenciones en su auto del 1 de julio, el PP no ha abandonado su montaje. Tampoco lo hizo cuando a primeros de junio se confirmó que el Supremo no había adoptado ninguna resolución que supusiera un "giro copernicano" en el caso Gürtel, algo anunciado por Trillo y por el cual se sentaría presuntamente en el banquillo a dos fiscales Anticorrupción.

"La realidad no es externa. La realidad existe en la mente humana y en ninguna otra parte. Lo que sea que el partido afirme que es verdad, es la verdad. Si así fuere, al controlar las mentes de los seres humanos, el partido controla la verdad", escribe George Orwell en 1984. El PP controla, en cierto modo, la verdad cuando consigue que varios medios de comunicación titulen que el juez ha desautorizado a la fiscalía por no haber puesto una fianza el día en que el presidente de la Diputación de Alicante es imputado por cohecho, fraude y tráfico de influencias. Son meras formalidades ¡Toma castaña!.