Sacyr Macroperación policial por corrupción en contratos de gestión del tráfico y multas que beneficiaron a una filial del grupo Sacyr

Un total de 580 policías se han desplegado hoy por decenas de ayuntamientos de toda España en una macrooperación contra el fraude en la adjudicación de contratos de gestión del tráfico y multas, en la que han sido detenidas decenas de personas, incluidos alcaldes, ediles, policías y empresarios. Se trata de la operación Enredadera, desarrollada por la UDEF de la Policía Nacional, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona y por la Fiscalía Anticorrupción, y en ella ha sido arrestado el primer regidor de Ciudadanos detenido por corrupción: el alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez. El portavoz de Ciudadanos del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León), Juan Carlos Fernández, también ha sido detenido, al igual que dos jefes de Policía de dos ciudades de Madrid: Pinto y Fuenlabrada.

Fuentes policiales han detallado a Efe que se han realizado más de treinta detenciones en distintos municipios y que 15 pasarán a disposición del juzgado badalonés que empezó las investigaciones. Entre ellos, hay dos responsables de Aplicaciones Gespol, empresa epicentro de esta trama y que desde 2016 pertenece a Valoriza, del grupo Sacyr, que ha anunciado una investigación interna sobre lo ocurrido.

Otro juzgado de León investiga una pieza separada de esta trama en la que han sido arrestados el empresario leonés José Luis Ulibarri, relacionado con la trama Gürtel, y Sadat Maraña, asesor de Ciudadanos en la Diputación de León. La UDEF también ha realizado 49 entradas y registros en ayuntamientos, despachos y sociedades, y 19 requerimientos de documentación en municipios de al menos cinco comunidades.

Tres cargos de Ciudadanos detenidos

Las detenciones, investigaciones y registros afectan a ayuntamientos gobernados por el PP, el PSOE y Ciudadanos, y se investigan posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Ciudadanos ha anunciado que ha suspendido de militancia al alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, y a otros dos cargos, un asesor en la Diputación de León y a Juan Carlos Fernández, portavoz de Cs en el Ayuntamiento leonés de San Andrés de Rabanedo, detenidos en la operación. La dirección federal del PSOE también ha asegurado que suspenderá cautelarmente de militancia a todos los cargos públicos del partido que sean detenidos.

Arrestados los jefes de Policía de Pinto y de Fuenlabrada

En la macrorredada policial también han sido detenidos el jefe de Policía de Pinto y el de Fuenlabrada. El Ayuntamiento de la primera localidad ha informado del arresto y ha explicado que el registro del Consistorio se ha debido a la contratación de cámaras para vigilancia de seguridad adjudicado en la Junta de Gobierno Local del 11 de febrero de 2015 por una cuantía algo superior a 64.400 euros.

Por su parte, fuentes policiales han informado a Efe de que el jefe de Policía de Fuenlabrada, José Francisco Cano, ha sido arrestado mientras se encontraba de vacaciones en Almería. Fuentes municipales han explicado que, "desde primera hora de la mañana, el Ayuntamiento se ha puesto a disposición de las autoridades judiciales y policiales proporcionando toda la información y documentación que se le está requiriendo".

Fuentes de la investigación han indicado a Efe que los hechos presuntamente delictivos se remontan a 2012 y 2013, cuando se amañaron los pliegos de los contratos municipales adjudicados a la empresa Aplicaciones Gespol, dedicada al mantenimiento informático para la gestión de infracciones de tráfico y seguridad vial. Sin embargo, en casos como el de Torrelodones, fuentes municipales señalan que el contrato sospechoso se adjudicó en 2010, cuando aún gobernaba el PP.

Manipulaban datos para colocar radares

Los investigadores sospechan que también se manipulaban los datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares donde no hacían falta, con finalidad puramente recaudatoria. La empresa pagaba supuestamente comisiones a los cargos públicos y también a los policías locales. Además de manipular los contratos para que Gespol fuera la beneficiaria de la instalación de los radares, las fuentes consultadas han indicado que otra de las operativas usadas era inflar el precio de estos contratos de manera desproporcionada.

El listado de municipios afectados es muy amplio e incluye varias capitales de provincia, con registros en los ayuntamientos de Huesca, Lleida, Oviedo, León, Palencia o Teruel. También en Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Majadahonda, Villanueva de la Cañada, Pinto, Parla y Torrelodones (Madrid); Tiana y Mollet del Vallés (Barcelona); Plasencia (Cáceres); Illescas (Toledo); San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre (León) y Vélez Málaga.

Además, por orden del juzgado, la Policía ha requerido documentación a la Diputación de Alicante y a los ayuntamientos de capitales como Vitoria o Logroño. También en municipios como Mataró, Montgat, Pineda del Mar, Premiá de Mar y Rubí (Barcelona); Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real y Valdemorillo (Madrid), La Cistérniga (Valladolid), El Puig y Gandía (Valencia), O'Grove (Pontevedra) y Sant Vicent del Rapeig (Alicante).

Entre los detenidos que han trascendido está, además de los citados, un oficial de Policía Local de Alcobendas, el subinspector de Policía Local de Plasencia y un responsable de informática de Mollet del Vallés. Se investiga al responsable de Nuevas Tecnologías de Majadahonda y ha declarado ante la Policía (sin que se haya comunicado su situación procesal) la concejal de Seguridad de Villanueva de la Cañada, Julia Tortosa. Ese Ayuntamiento ha adjudicado desde 2014 por concurso público tres contratos por valor de más de 300.000 euros a Aplicaciones Gespol, según la documentación que ha comprobado Efe.

En el caso de Torrelodones, fuentes municipales han explicado que fue la anterior administración, del PP, la que adjudicó en 2010 por un "procedimiento negociado sin publicidad" una cantidad de 200.000 euros a la empresa Bibliomática, luego Aplicaciones Gespol.

En 2017, Aplicaciones Gespol tuvo una cifra de negocio de 1,2 millones de euros repartida en adjudicaciones de pequeño volumen económico cada una en razón de su actividad, apunta Sacyr. Asimismo, destaca que desde su adquisición por el grupo Sacyr, Aplicaciones Gespol ha obtenido adjudicaciones por un importe global total de 1,5 millones de euros, con una media aproximada por contrato de 5.000 euros.