Las ONG de la órbita del PP siempre ganan con Camps

La Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, dirigida por Rafael Blasco, el principal estratega del president Francisco Camps, adjudicó el 12 de abril 72 subvenciones por un monto superior a 10 millones para proyectos de cooperación internacional al desarrollo. Expande SL, una empresa externa, obtuvo dos meses antes el contrato para realizar informes de evaluación de los 305 proyectos que optaban a las ayudas de este año. Y de esa evaluación han salido beneficiadas ocho ONG de la órbita del PP pese a que los informes técnicos iniciales no les asignaron la puntuación mínima exigida y, en algunos casos, recomendaron de forma expresa denegar la subvención.

Público ha tenido acceso a 22 informes de evaluación realizados por técnicos subcontratados por Expande. De esos 22, nueve se corresponden con ONG que no pasaron la nota de corte y que, no obstante, obtuvieron finalmente ayudas por importe global de 1,7 millones. Esas ONG, salvo una Tierra de Hombres se enmarcan en el ala conservadora del sector de la cooperación internacional. Y una de ellas está vinculada al Opus Dei.

El equipo de Blasco alega que los informes negativos eran "preliminares"

Entre las entidades subvencionadas en esta convocatoria hay además cuatro que, como ya publicó la prensa valenciana, han recibido un millón pese a que ya estaban siendo investigadas por Anticorrupción a raíz de graves irregularidades detectadas en 2010 y denunciadas por Compromís y el PSPV.Ahora, y tras reunirse con la Conselleria, nueve ONG excluidas impugnarán el reparto de ayudas al entender que se ha producido arbitrariedad.

A preguntas de este diario, la Conselleria de Solidaridad adujo que los informes técnicos que calificaban negativamente proyectos luego subvencionados sólo eran "preliminares". Así, "el informe definitivo no tiene por qué coincidir en absoluto con los informes preliminares". "Eso argumenta el departamento que dirige Rafael Blasco es una cuestión de la propia empresa evaluadora y nosotros nunca modificamos la propuesta técnica". Lo que no supieron explicar los portavoces del conseller Blasco es el porqué de la abismal diferencia entre los informes preliminares y los definitivos. "A lo mejor hay una parte de los técnicos que dice que ha habido proyectos que ellos han propuesto que no han coincidido con la propuesta final de Expande", argumentó la Conselleria.

Para valorar las diferentes propuestas, las bases elaboradas por la Conselleria establecen una puntuación máxima de cien puntos por la capacidad de gestión de la ONG solicitante, el grado de implicación del socio local y la calidad del proyecto. Pero también se reservan 20 puntos que se dan a dedo, "en atención a la adecuación a los objetivos y prioridades de la Generalitat en materia de cooperación internacional". Es decir, Expande valora los proyectos con hasta cien puntos, pero luego la Conselleria asigna discrecionalmente hasta 20 puntos más.

Los auditores desaconsejaron apoyar proyectos luego aprobados

Los proyectos se ordenan en función de su puntuación y se asignan las subvenciones hasta que los fondos se agotan, estableciéndose así una suerte de nota de corte, que en este caso queda en 94 puntos. Los tres casos que se exponen a continuación son los más polémicos de los analizados por este periódico, dado que los técnicos concluyeron en los "informes preliminares" que ninguno de ellos debía subvencionarse.

ONG progresistas fueron excluidas tras perder unas décimas en su puntuación

La Fundación Iberoamérica Europa (FIE), presidida por el exsenador del PP Pablo Izquierdo Juárez, ha obtenido 116.540 euros para un proyecto en Panamá. Esta fundación de inspiración neocon también cuenta en la actualidad con dos exsenadores del PP entre los vocales de su patronato. El informe técnico decía esto sobre el proyecto presentado: "No se recomienda financiar con los fondos de la Generalitat". Según los técnicos, la contraparte local de FIE en Panamá es "poco transparente en el manejo de fondos". Por si esto fuera poco, también precisa que "el presupuesto es tal que los números resultantes corresponden exactamente con los máximos establecidos por la convocatoria. Esto, junto con el hecho de que sorprende que la suma de tantas cosas dé lugar a números tan redondos, hace sospechar de su fiabilidad". El "informe preliminar" le otorga 58,3 puntos. Sin embargo, la Conselleria le concedió 94,20 puntos, justo por encima de la nota de corte.

La FIE, que contó con Ana Botella como vicepresidenta y logró durante los gobiernos de José María Aznar más de 20 millones de euros en ayudas públicas, ha protagonizado diversas polémicas. Su presidente, exjefe de prensa de Aznar, cargó a la tarjeta de crédito de la ONG el alquiler de su lujosa vivienda en Madrid, así como viajes privados. El presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó a esta fundación de financiar a grupos armados golpistas para "conspirar y querer dividir a Bolivia", algo que FIE ha negado siempre. La Fiscalía boliviana abrió una investigación.

La ONG mallorquina Llevant en Marxa obtuvo 235.500 euros para un proyecto de prevención, diagnóstico y atención de la salud materna en Etiopía. Presidida por un diputado electo del PP al Parlament, Antoni Mesquida Ferrando, esta ONG cuenta, según el informe preliminar de Expande SL, con una "deficiente transparencia en el manejo de fondos", al igual que su contraparte local, que además presenta una "deficiente capacidad de gestión".

La ONG de Mesquida, número cuatro en la lista del PP al Consell de Mallorca para el 22-M y que fue concejal de Hacienda en Manacor, "ofrece poca información en su web, y en la documentación que presentan faltan cosas tan básicas como una memoria de actividades. No sabemos cuántos socios forman parte de ella. No sabemos nada de su contabilidad". Por todo ello, el informe recomienda "no subvencionar" a Llevant en Marxa. El informe preliminar le otorgó 40,3 puntos, pero la orden de Conselleria le concedió 95.

La Fundación para el Desarrollo de Acciones Sociales y Culturales (DASYC), a la que en medios del sector de cooperación se vincula al Opus, recibió 115.000 euros para un proyecto en Etiopía. El informe inicial, que le otorgó sólo 56,6 puntos, recomienda "no subvencionar" la propuesta. Y señala que "algunas de las actividades y partidas presupuestarias previstas dan la sensación de que están dirigidas a proporcionar a la contraparte local medios que no parecen indispensables para el proyecto (alojamiento para voluntarios o un coche de 37.000 euros) y que, incluso, pueden generar fuertes dependencias (equipo completo de proyección en un lugar sin corriente eléctrica)". Además, "no está prevista la evaluación externa".

La otra cara de la moneda son las ONG que se quedan sin subvención a pesar de su acreditada solvencia. Es el caso, entre otros, del proyecto de promoción de la salud sexual y reproductiva en Cisjordania de Solidaridad Internacional del País Valenciano (SI), una ONG vinculada al PSOE.

El informe preliminar describe a SI como una "fundación de larga experiencia, con capacidad de gestión de proyectos y justificación de fondos" por lo que "se recomienda financiar" y obtiene una puntuación de 94,3 puntos. Pero la resolución de la Conselleria le asigna 0,9 décimas menos (93,4), con lo que el proyecto se quedó sin ayuda.

El departamento de Blasco recordó que "de 305 ONG son nueve las que presentan recurso, una de ellas Solidaridad Internacional, vinculada a Leire Pajín". "Llama un poquito la atención... Es un poco curioso", deslizó un portavoz del consejero.

El 18 de febrero, Expande SL obtuvo por 90.000 euros la adjudicación para la evaluar los proyectos de la ONG. Es la heredera de Caaz SL, una empresa que desde 2003 ha recibido contrataciones de las diferentes consellerias por las que ha pasado Rafael Blasco. Tras el escándalo de la supuesta trama en los fondos de la cooperación, por la que Anticorrupción investiga a varias ONG, el responsable de Caaz SL, Luis Fernando Castel Aznar, disolvió la empresa. Dos meses antes, había creado Expande SL. Hoy, figura en calidad de administrador. Su mujer, Concepción Sanchis Escudero, es apoderada y accionista única. Castel se negó a responder a preguntas de este diario. "Yo ahora, como está todo pendiente, no puedo comentar nada", respondió por teléfono a ‘Público'.