El líder del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, verá desfilar a su secretaria de organización, Trinidad Rollán, por el banquillo. Es la decisión acordada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), comunicada ayer en un auto. Ahora que se ordena la apertura de juicio oral, Rollán tendrá que declarar como imputada por un delito de prevaricación administrativa, por el que la fiscalía exige una pena de ocho años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.

El caso se remonta a 2001, cuando Rollán era alcaldesa de Torrejón de Ardoz (Madrid). El 26 de noviembre de ese año, el pleno del ayuntamiento aprobó un convenio urbanístico con la entidad Patrimonio Siglo XXI, por un valor de 539.291.000 pesetas (3.241.204 euros). La corporación, formada entonces por el PSOE y el derechista Partido Demócrata Español, se atuvo a un informe jurídico favorable a la operación y rechazó otros dos del interventor municipal y del secretario del ayuntamiento que advertían de la 'patente ilegalidad' del convenio por no 'ajustarse al procedimiento de concurso' y por el 'fondo del negocio pactado'.

La fiscalía solicitó la inhabilitación por ocho años de todos los imputados: Rollán y los otros 13 miembros del equipo de gobierno. Entre ellos se halla Esperanza Rozas, actual diputada en la Asamblea de Madrid.

El instructor del TSJM, José Manuel Suárez Robledano, asume el punto de vista de la fiscalía, aclara que no hay razones para decretar el archivo del caso y notifica que no cabe recurso contra el auto, de forma que ahora es el tribunal el que tiene que fijar la fecha de la vista oral.

El PSM se blindó ayer. Tan sólo comunicó que Rollán y Rozas 'siguen en sus puestos'. No extrañó la reacción, porque en abril, cuando se supo que la fiscalía pedía los ocho años de pena, Gómez mantuvo su 'absoluta confianza' en su número dos, por lo que 'ni mucho menos' tenía intención de pedirle su dimisión. 'Es como comparar una multa de tráfico con el robo de un banco', dijo, para frenar equivalencias con la Gürtel.

'No hay ninguna novedad', afirmaron los ediles del PSM de Torrejón en una nota. Recordaron que la corporación está imputada por prevaricación administrativa y no por 'beneficiarse personalmente'.