Nuevo impulso al Estatut catalán

La aprobación del Estatut y el acuerdo sobre financiación autonómica alcanzado por el Gobierno central y la Generalitat fueron fiel reflejo de la buena sintonía existente entre ambos Ejecutivos. Y, este martes, se produjo la consolidación de ese buen entendimiento. Las dos administraciones cerraron el traspaso a Catalunya del servicio ferroviario de Cercanías en el área metropoitana de Barcelona, que se hará efectivo en enero de 2010, y el de la Inspección de Trabajo, que pasará a ser competencia del Govern a partir del 1 de marzo del próximo año.

El Estatut recoge en sus artículos 169 y 170 que es Catalunya y no el Gobierno español el que tiene las competencias en ambas materias. Así, con el acuerdo que este martes se puso blanco sobre negro y que ya anunciaron el president, José Montilla, y el ministro de Fomento, José Blanco, el Ejecutivo central "cumple con sus compromisos con el desarrollo" del texto autonómico

En estos términos se expresó ayer el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, durante la rueda de prensa posterior a su reunión con los responsables de la Generalitat. "Los resultados del encuentro son fruto de un largo proceso de diálogo presidido por la lealtad de ambas administraciones", destacó.

El conseller catalán de Obras Públicas, Joaquim Nadal, detalló varios puntos del acuerdo suscrito con el Gobierno. Según apuntó, en diciembre de este mismo año Gobierno y Generalitat firmarán un convenio "para establecer cómo se gestionan esas transferencias". Asimismo, se constituirá una comisión mixta que irá evaluando la gestión por parte del Govern, de esas nuevas atribuciones.

Nadal advirtió que el acordado es "el traspaso de mayor envergadura" realizado en la historia de la España de las autonomías, así como "un reto importantísimo que la Generalitat asume con gran ilusión y responsabilidad".

Mar Serna, consellera de Trabajo, también valoró de forma "muy positiva" este "nuevo paso que se da en el autogobierno catalán". En cuanto al traspaso de las competencias en materia de Inspección de Trabajo, Serna explicó que un 60% de los inspectores que trabajan actualmente en Catalunya, pasarán en marzo de 2010 a depender de la administración catalana. "Se trata de casi 200 empleados", explicó, "que a partir del año próximo podrán denunciar incidencias tanto en la Generalitat como en los servicios de la Seguridad Social del Estado".

Manuel Chaves mostró, por su parte, su confianza en que ambos traspasos serán "positivos para los ciudadanos". Eso haría, según él, que otras Comunidades Autonómas tomaran como ejemplo lo contenido en el Estatut catalán y que, en un futuro, "también asumieran las competencias de Cercanías y de Trabajo".