'No se puede simultáneamente proclamar que la base sobre la que se construye la Unión se fundamente en los principios de la igualdad y la democracia y al tiempo excluir a millones de sus habitantes de la participación política'.

La frase, contenida en la carta abierta remitida hoy a José Luis Rodríguez Zapatero en su calidad de presidente de turno de la Unión Europea por 75 colectivos y ONG del continente, resume una doble pretensión que la construcción europea, y más en tiempos de crisis, ha apartado de su agenda inmediata: que los inmigrantes residentes en la Unión obtengan la ciudadanía europea y el derecho al voto.

Los colectivos firmantes apelan a la Cumbre Europea de Tampere de 1999

Los 75 colectivos son en su mayoría españoles, pero también los hay de Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Grecia, Luxemburgo y Sáhara Occidental. Su reclamación concreta, iniciativa de la ONG Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, es que Zapatero, en el último Consejo Europeo de la Presidencia de turno española los días 17 y 18 de junio en Bruselas (Bélgica), proponga la reforma del Tratado de Lisboa para poder atribuir la ciudadanía de la Unión y el derecho al voto en las municipales y las europeas a todos los residentes en sus países miembros independientemente de su nacionalidad.

'De los 27 países de la Unión Europea, sólo ocho tienen una población superior a los más de 15 millones de extranjeros no comunitarios que residen en el territorio Europeo', señala la carta remitida al presidente del Gobierno.

Los colectivos firmantes apelan a la Cumbre Europea de Tampere de 1999, que concluyó: 'El estatuto jurídico de los nacionales de terceros países debería aproximarse al de los nacionales de los Estados miembros.

La carta remitida a Zapatero alude al Reino Unido

A una persona que haya residido legalmente residido legalmente en un Estado miembro durante un periodo de tiempo por determinar y que cuente con un permiso de residencia de larga duración, se le debería conceder en ese Estado miembro un conjunto de derechos de carácter uniforme lo más cercano posible al de los ciudadanos de la Unión'. Por la misma línea apostó el Consejo de Europa, órgano externo a la Unión, al auspiciar el Convenio Europeo sobre la Participación de los Extranjeros en la Vida Pública y Local.

Como ejemplo de dirección en la que trabajar, la carta remitida a Zapatero alude al Reino Unido, donde todos los nacionales de países de la Commonwealth tienen derecho al voto en todos los comicios.

Entre los colectivos españoles firmantes están la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, el Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos, la Asociación de Hijos de Inmigrantes Sababia, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, el Foro Ignacio Ellacuría, la Asociación de Ayuda contra la Drogadicción Sildavia, Enseyants Solidaris y Madre Coraje, entre otros. A ellos se suman, desde distintos países de la Unión, una treintena de grupos de defensa de los derechos sociales como Association pour une Citoyenneté Européene de Résidence (Francia) Internationale Liga für Menschenrechte (Alemania) y Association Européenne pour la Défense des Droits de l`Homme (Bélgica).