La Casa del Rey ya ha decidido qué hará con el 50% de la herencia millonaria que le legó el empresario menorquín Juan Ignacio Balada Llabrés. Los príncipes de Asturias donarán los 140.000 euros que les corresponden a la Fundación para Personas con Discapacidad de Menorca y a becas para jóvenes. Pero los ocho nietos de los reyes se quedarán con 70.000 euros cada uno.

Los detalles figuran en una prolija nota de tres folios que ayer hizo pública la web de la Corona. Y devuelve a la actualidad la herencia Balada. El magnate murió el pasado 18 de noviembre, y en enero se reveló el contenido de su testamento: cedía el 50% de su fortuna a Felipe y Letizia, a las infantas Leonor y Sofía y a los cuatro hijos de los duques de Palma y a los dos de la infanta Elena. Balada quería que con la otra mitad se creara una fundación tutelada por los príncipes. Si los herederos renunciaban, el legado pasaría al Estado de Israel. El testador, que falleció soltero y sin hijos, no tenía ninguna relación con la familia real. 

Ayer se conocieron los números. Sumando los bienes inmuebles, el 100% de la promotora Adalab y los depósitos bancarios, la cifra asciende a 10,6 millones de euros. Descontando deudas y gastos, la cantidad se reduce a 9,8 millones. Haría falta restar el valor de los bienes inmuebles (1,8 millones), que aún hay que vender. La cuantía final de lo que ya se puede repartir alcanza los 7.999.927,32 euros.

'En pocas semanas' se creará la fundación con fines sociales presidida por Felipe y Letizia

La fundación de los príncipes se constituirá inicialmente, pues, con 3,9 millones. Será un organismo de ámbito estatal, que se dedicará a formar jóvenes, promover proyectos sociales y fomentar la cultura. Felipe y Letizia serán sus presidentes de honor, y el Ministerio de Educación ejercerá el protectorado. Ya se ha elegido a tres patronos, Gonzalo Urquijo, Juan Luis Iglesias y Enric Brancos, todos ellos representantes a su vez de las fundaciones Príncipe de Asturias y Príncipe de Girona. Pronto se designará al resto. Fuentes de la Zarzuela indicaron a Público que la fundación se creará “en pocas semanas” y que se baraja el nombre de Hesperia –antigua denominación de España–.

El otro 50% recaerá en la familia real. Como 3,3 millones se consumirán en el pago del Impuesto de Sucesiones, los príncipes y los nietos de los reyes se repartirán 700.000 euros. Felipe y Letizia donarán sus 140.000 euros a la fundación menorquina y a becas, y no al Estado, como ellos mismos ya manifestaron en enero.

La izquierda celebra la 'transparencia', pero pide que se extienda a la partida del Estado

¿Por qué no ocurre lo mismo con la herencia de los nietos? Al ser menores de edad, sus padres “no pueden ceder, ni regalar, ni donar la parte que les corresponde” si no hay autorización judicial, precisa el comunicado. “Existía el riesgo de que cada juez de familia decidiera cosas distintas para cada niño, en función de su situación en la línea de sucesión al trono, la economía de sus progenitores... Por eso se buscó una solución homogénea, sin perjuicio de que las infantas o los príncipes puedan consultar en un futuro a un juez y revertir la decisión”, subrayó un portavoz de la Casa Real.

La decisión se fue fraguando 'en las últimas semanas, después de varias reuniones' de los príncipes, los duques de Palma y la infanta Elena, 'y sin que participaran' Juan Carlos y Sofía, siempre según fuentes de la Zarzuela. Esta solución, 'la más prudente de todas', era concurrente con lo sugerido por el equipo legal, externo e interno, de la Casa del Rey. Para Zarzuela, 'la premisa ha sido además manejar esto con exquisita transparencia, porque nadie de la familia quiere engrosar su patrimonio personal ni hay nada que ocultar'.

Los partidos republicanos juzgan “razonable y nada oscuro” que los nietos se queden por ahora con parte del dinero, al ser menores. Y celebran el gesto de “transparencia” de la Corona. “Han sido claros, y se ha visto que no ha pasado nada. Lo mismo tenían que hacer con la asignación de 8,9 millones que reciben vía Presupuestos Generales del Estado”, afirma Gaspar Llamazares, portavoz en el Congreso de IU.

“Por una vez han abandonado la opacidad y han optado por la transparencia, y eso no debería ser noticia; ahora esperamos que el 100% el dinero vaya a fines sociales”, añade Joan Tardà, diputado de ERC. José Luis Centella, secretario general del Partido Comunista de España (PCE), comparte estas mismas tesis y exige que “toda donación a la familia real revierta al Estado”, no a ninguna fundación, 'para que sea el Estado quien decida cómo distribuye el dinero'. Una petición que ya formuló IU-ICV en el Congreso.

El importe de la herencia es 10.636.330,63 euros, de los que hay que detraer los 803.335,21 euros de deudas, con lo que líquido queda 9.832.995,42 euros. Si se descuenta 1.833.058,10 euros del valor de bienes inmuebles, que ya están a la venta, el total neto asciende a 7.999.927,32 euros.

Lo que se consiga por la puesta en el mercado de las propiedades irá a parar al 50% a la fundación promovida por los príncipes y los diez herederos.

La fundación se creará con un monto inicial de casi cuatro millones. La Casa del Rey ya ha solicitado al Govern de Illes Balears que proceda a liquidar el Impuesto de Sucesiones por los 3,9 millones restantes. La Jefatura del Estado calcula que habrá que pagar 3.300.000 euros (330.000 euros por heredero). La masa líquida a repartir se queda en 700.000 euros. 

Los 140.000 euros de Felipe y Letizia se distribuirán en dos paquetes. Uno recalará en la Fundación para Personas con Discapacidad de Menorca, una institución promovida por el Consell y los ayuntamientos de la isla y por varios colectivos como S'Olivera (Asociación de Usuarios Pro Salud Mental de Menorca), la Coordinadora de Personas con Discapacidad de Menorca y la Fraternidad Cristiana de Enfermos Minusválidos de Menorca (Frater), informa Efe. Otra parte se destinará a becas para facilitar la inserción laboral de los jóvenes. 

Si la herencia hubiera recaído en el Estado de Israel, los impuestos no se quedarían en Illes Balears. Los partidos de la izquierda parlamentaria juzgan “acertada” la decisión. 'Ya que son una institución del Estado, lo lógico es que los impuestos se tributen en España. Serían más criticados si hicieran dejación y se fueran a Israel', asegura rotundo Gaspar Llamazares, de IU. Lo mismo sostiene José Luis Centella (PCE).