Murcia y ACS montaron en 24 días la trama empresarial para una desaladora innecesaria en Cartagena
En 2006 se crearon varias empresas destinadas a hacerse con la concesión de la construcción y explotación de la instalación en Escombreras, como parte de un plan del Gobierno regional para dar servicio a los desarrollos urbanísticos que serían construidos en 182 millones de metros cuadrados que recalificarían en 26 municipios murcianos bajo control del Partido Popular.
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CARTAGENA.- En sólo 24 días, el Gobierno de Murcia y empresas del grupo ACS, que preside Florentino Pérez, organizaron la trama empresarial necesaria para construir y, supuestamente, poner a funcionar la desaladora de Escombreras (Cartagena) que habría de dar servicio a futuras grandes urbanizaciones turísticas –especialmente a la de Novo Carthago, investigada por intentar construir en terrenos protegidos junto al Mar Menor, en el mismo municipio que la desaladora–, según documentos registrales y mercantiles a los que ha tenido acceso este diario.
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El “paraguas” legal lo suministró el Ente Público del Agua (EPA) creado mediante la Ley 4/2005 de 14 de abril, menos de un año antes de montarse la trama en torno a Escombreras, sin consultar previamente a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, según declaró el director de los mismos, Francisco Ferrer, en su comparecencia, el 18 de mayo pasado, ante la comisión de investigación sobre la desaladora que se desarrolla en la Asamblea Regional murciana.
En aquel momento, hace diez años, el ejecutivo 'popular' murciano presidido por Ramón Luis Valcárcel se había embarcado sorprendentemente en la construcción de desaladoras, después de años de denuestos y descalificaciones contra el llamado Plan Agua de la ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, que pretendía paliar el déficit hídrico del sureste precisamente mediante desalinizadoras y desaladoras, tras la derogación del pretendido trasvase Ebro-Segura por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2004.