Murcia pagará a Florentino Pérez cinco veces el precio inicial de una desaladora que apenas funciona

MURCIA.- Murcia pagará a empresas del grupo ACS, de Florentino Pérez, casi 600 millones de euros en total por una desaladora que casi no funciona, lo que supone el quíntuple de su coste.

Las cuentas realizadas por el grupo parlamentario de Podemos, basadas en los datos que están aflorando en la comisión de investigación, indican que el Gobierno regional del PP ya ha pagado a empresas de ACS por la desaladora “al menos 122” millones de euros, cantidad que supera los 108 millones que costó construirla y ponerla en marcha, cosa que se hizo a mediados de 2007.

El gasto diario de la instalación oscila entre los 40.000 y los 70.000 euros, según un abogado que denunció el caso

Los compromisos de pago por la obra, mantenimiento y operación de la desalinizadora asumidos por el Gobierno murciano del entonces presidente Ramón Luis Valcárcel con empresas del grupo ACS harán que esa cantidad se eleve hasta los 559 millones de euros hasta el año 2034.

"Totalmente innecesaria"

Los tres grupos parlamentarios impulsores de la comisión –Ciudadanos, Podemos y PSOE– están de acuerdo en que esa desalinizadora es “totalmente innecesaria” y solo servía a los intereses especulativos inmobiliarios del Partido Popular para suministrar agua a 26 municipios murcianos que pretendían recalificar como urbanizables cientos de miles de hectáreas para construir resorts turísticos, complejos de viviendas, etc., en la época de la burbuja inmobiliaria.

Policía y Guardia Civil han registrado la instalación, el Ayuntamiento y la oficina de la Consejería de Agricultura

Cuando la comisión de investigación parlamentaria ya lleva semanas escuchando testimonios, la Policía Nacional y la Guardia Civil hicieron el martes y el miércoles registros en la desalinizadora, en el Ayuntamiento de Cartagena, varios despachos de abogados y en la Consejería de Agricultura a instancias del juzgado de Instrucción 5 de Murcia en busca de indicios sobre la presunta comisión de delitos como prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude, tras una denuncia del abogado murciano Diego de Ramón en 2010 asumida por el fiscal regional de Urbanismo y Medio Ambiente José Luis Díaz Manzanera en 2015.

Adjudicada sin concurso público

La construcción de la desaladora se encargó en el verano de 2005 a la empresa Hydromanagement, propiedad de ACS, sin concurso público, asegura el diputado Antonio Urbina, y en base a unos informes emitidos por dos consultoras –American Uppraisal y Ariño Abogados– elegidos por el propio Gobierno regional, añade. La operación y mantenimiento de la instalación fue encargada del mismo modo a Tedagua, también de ACS.