El día 10 de diciembre se celebra Nuestra Señora de Loreto, patrona de los aviadores en general y del Ejército del Aire en particular. Este año llega con polémica: los miembros de la XIX promoción de este cuerpo —todos jubilados y de más de 80 años de edad—, conocidos por un chat en el que se hablaba de conspirar contra el Gobierno (exclusiva de Infolibre), no han contado para la celebración con uno de ellos, el teniente coronel retirado José Ignacio Domínguez. Según alega él mismo, el motivo de no incluirle es su ideología.

Así, este militar jubilado ha enviado un burofax a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el que le pide que ordene al director de la residencia militar El Alcázar —situada en la calle Diego de León de Madrid y donde se realizará una comida de celebración— que impida que la reunión se lleve a efecto.

Fuentes cercanas a los miembros de la XIX promoción del Ejército del Aire (que recibieron sus despachos en el año 1967) comentan a este diario que dicha comida la paga cada asistente de su bolsillo y no es más que una reunión de amigos para celebrar la patrona del Aire.

No obstante, para Domínguez, el hecho de "haber sido excluido del evento" por haberse "opuesto públicamente a la conspiración contra el Gobierno" es una muestra de "discriminación ideológica" que no debería poder darse en un recinto perteneciente a Defensa y, por tanto, público.

La polémica vuelve a asomar ante la actitud de un grupo de militares, todos retirados o jubilados y muchos de ellos sin vinculación con el Ejército del Aire desde los años 80, que el pasado año se hizo tristemente famoso por un chat filtrado a los medios en el se podían leer mensajes contra del actual Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos.

"Creo que me quedo corto fusilando a 26 millones de españoles", escribió en dicho chat de WhatsApp un exgeneral, quien además fue uno de los firmantes de la carta emitida al rey Felipe VI en la que más de 70 mandos retirados del Ejército —la mayoría de ellos supera los 70 años— aseguraban que el actual Ejecutivo es una amenaza para la "cohesión nacional".

Si bien la ministra de Defensa, Margarita Robles (anteriormente magistrada), creyó que la Justicia podía actuar en el caso de los pronunciamientos de militares jubilados, la Fiscalía de Madrid terminó pidiendo el archivo de las diligencias al considerar que se trata solamente de un chat privado "donde los integrantes exponen sus opiniones a los demás partícipes" e interpretó los mensajes como una crítica "dura" enmarcada en el derecho a la libertad de expresión y de opinión.