Londres rebaja el tono en la polémica sobre Gibraltar

En las últimas horas, diplomáticos españoles y británicos han añadido nuevos puntos de controversia al malestar causado por un incidente que tuvo lugar en la noche del pasado viernes cuando una patrullera de la Guardia Civil apresó a una embarcación deportiva gibraltareña apenas a 100 metros de la costa del Peñón, dentro de las polémicas aguas jurisdiccionales de la colonia.

El incidente, que mereció inicialmente la repulsa de David Lidington, Secretario de Estado para Europa del Foreign Office, quien llegó a calificar como “infame” la actuación de las fuerzas de orden españolas, ha despertado una oleada de protestas en la Roca. De hecho, el ministro principal, el social-laborista Fabian Picardo y su coaligado Joseph García, del Gibraltar Liberal Party, han hecho llegar un informe del caso al viceprimer ministro británico Nick Clegg. Y hoy mismo, la Federación de Pesca Deportiva de la Roca, se mostró profundamente decepcionada por la escasa firmeza en la reacción de Londres, ya que desde su punto de vista debería exigir que el Gobierno español se disculpara.

No ha sido así. El ministerio que titula José Manuel García-Margallo ha convocado hoy al encargado de negocios de la embajada británica, Daniel Pruce, a quien mediante el procedimiento de nota verbal, España asegura que la versión británica del caso "no se corresponde con lo sucedido".  El propio Pruce, un día antes, había seguido esa misma vía para quejarse, en nombre de su gobierno, por la actuación de la Guardia Civil, que calificaba como “inadmisible e ilegal”.

Para el ejecutivo español, Londres habría seguido simplemente la versión de “las autoridades locales de Gibraltar sin haberlas contrastado con los datos auténticos de que disponen las autoridades españolas competentes", según detallaron esta tarde portavoces de Exteriores. Ese sutil menosprecio a la competencia del Gobierno que titula Fabian Picardo añadirá presumiblemente más leña al fuego, a pesar de que se trata de un caso baladí que va camino de convertirse en todo un folletín diplomático para el presente verano.

España se limita, por su parte, a repetir que la Guardia Civil actuó "en todo momento de forma correcta y legal, cumpliendo con su misión de  atajar una actividad ilegal de pesca". Exteriores se refiere a la captura de atún rojo, una práctica prohibida por la UE y que, según el atestado oficial, es lo que motivó que la lancha gibraltareña fuera conducida hasta Algeciras, donde se le decomisaron los útiles y se le comunicó una sanción que aún no se ha hecho efectiva.

Ayer, Daniel Pruce, encargado de Negocios de la Embajada Británica en Madrid, se había limitado a expresar la “profunda preocupación” del Gobierno británico por esta acción protagonizada “por los servicios policiales de un socio cercano y valioso”. Pruce fue recibido en el Ministerio por el director general de Política Exterior y Asuntos Multilaterales, Globales y de Seguridad, Santiago Cabanas, a quien trasladó una nota verbal británica que incluía el siguiente relato que, en cierta medida, intentaba quitar aspereza a la reacción inicial del Foreign Office: "Una embarcación de la Guardia Civil interceptó un barco de pesca de Gibraltar, detuvieron a dos ciudadanos británicos y los trasladó a Algeciras. Posteriormente fueron liberados sin cargos, pero la Guardia Civil confiscó parte de su equipo de pesca. No había base en el derecho internacional a que adopte esas medidas –argumentó entonces Pruce-. Los Gobiernos del Reino Unido y España son aliados desde hace mucho. Somos socios en la UE, la OTAN y la comunidad internacional en general”.

En el conflicto está en juego el futuro de 400 personas ligadas a la pescaEn esas aguas turbulentas, no sólo está en juego una vetusta diatriba sobre la jurisdicción de las mismas, sino el futuro de 400 personas, ligadas a la pesca en La Línea y Algeciras y que aguardan un veredicto científico, previsto para el próximo lunes 30, a fin de saber si podrán seguir faenando o no en dicha zona con artes que, según las autoridades gibraltareñas, podrían provocar daños ecológicos.

A ello se ha referido el subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz, Javier de la Torre, cuando al defender también la actuación seguida por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, reafirmó su confianza en que este incidente “no desvirtúe el proceso de negociación” sobre esa otra actividad pesquera que no tiene nada de deportivo sino que es estrictamente alimenticia.

Según su versión del caso, las autoridades policiales gibraltareñas "fueron informadas permanentemente del  desarrollo de la operación" y el trato prestado por los agentes a los ocupantes de la embarcación gibraltareña fue “encomiable”. No piensan así las autoridades del Peñón, que tienen documentadas 280 incursiones de la Guardia Civil en sus aguas durante el año 2011 y alrededor de 170 en lo que va de éste.

La posición española sobre este incidente niega la mayor. Esto es, que Gibraltar tenga derecho a aguas jurisdiccionales. Hoy mismo, en declaraciones a Europa Press, Gonzalo de Benito, secretario de Estado del Ministerio español de Asuntos Exteriores, insistía en que "la posición española sobre las aguas permanece inalterable".

"España –aduce- no reconoce al Reino Unido otros derechos o situaciones relativas a los espacios marítimos de Gibraltar, que no estén comprendidos en el artículo 10 del Tratado de Utrecht, suscrito por España y Gran Bretaña" en 1713. Dicho de otro modo, en virtud de ese Tratado, España no reconoce a Reino Unido ni a Gibraltar más aguas que las del interior del puerto, puesto que por ese tratado solo cedió a la Corona británica la ciudad y el castillo de Gibraltar, junto a su puerto, defensa y fortalezas, pero no las aguas que rodean el Peñón. El único problema del argumentario español estriba en que hace tres siglos no existía el concepto de aguas jurisdiccionales.