El Gobierno insiste que con la nueva Ley de Tráfico la recaudación por multas no sólo no aumentará sino que es probable que se reduzca. Ese fue el principal mensaje que, junto con el del aumento de la seguridad vial, quiso transmitir el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, durante la presentación de la norma, que entrará en vigor el 25 de mayo.
Si finalmente cayeran estos ingresos para el Estado, se rompería con la firme tendencia al alza de los últimos años: desde 2005, ha crecido un 125% la recaudación por multas según las previsiones presupuestarias anuales. Además, la empresa de recursos de multas Dvuelta denunció esta semana que, según sus cálculos, con la nueva ley los ingresos crecerán un 20% a nivel estatal y hasta el 50% en el caso de los ayuntamientos.
Sin embargo, en pleno recorte social, Rubalcaba no quiere que cale entre la ciudadanía la idea de que el Ejecutivo pretende hacer caja. Ya cuando se aprobó esta Ley de Seguridad Vial en octubre de 2009 el diputado del Partido Popular Federico Souvirón jugó a renombrala: 'Nuevo reglamento general urgente de recaudación de multas'.
Y es verdad que se agiliza el proceso recaudatorio y se anima al infractor a pagar (un 50% de rebaja si lo hace en menos de 20 días), pero también es cierto que la ley obliga a que todo ese dinero se reinvierta en evitar muertes. El importe de las sanciones económicas obtenidas por infracciones de tráfico se ingresará en una cuenta única que se destinará 'íntegramente' a mejorar la seguridad vial, a la prevención de accidentes de tráfico y en ayudas a sus víctimas.
Como primera medida, el Ejecutivo ha decidido suprimir la suspensión del permiso de conducir por determinadas infracciones al volante, una medida innecesaria tras implantarse el permiso por puntos que, además, confundía a los conductores.
Las infracciones no prescribirán hasta pasados cuatro años
Para evitar quebraderos de cabeza inútiles a los usuarios, se ha unificado el cuadro de sanciones y multas de tráfico para todo el territorio español, al margen del organismo que notifique la infracción. Así, las cuantías fijas para las sanciones serán de hasta 100 euros para las leves, de hasta 200 para las graves y hasta 500 para las muy graves. Anualmente, a los conductores españoles se les imponen 15 millones de multas, de las que sólo 5 corresponden al Estado central y alrededor de 10 a las entidades locales.
A partir del martes, las infracciones que detraen puntos del permiso de conducir se reducen de 27 a 20, como estacionar en el carril-bus o circular con menores de 12 años en motocicleta. Los cursos creados para recuperar puntos permitirán recuperar hasta seis (ahora sólo cuatro), una medida creada con la intención de mejorar su escaso éxito hasta la fecha.
El Gobierno ya permite realizar por Internet la identificación del conductor del vehículo infractor. Ahora, se crea la dirección electrónica vial obligatoria para empresas y opcional para ciudadanos para notificar vía e-mail o por SMS infracciones, novedades, actualizaciones del permiso por puntos... Además, se lanza un tablón electrónico para publicar las infracciones, con el que se sustituirá a los tradicionales boletines oficiales.
El dinero recaudado por las sanciones revertirá en mejorar la seguridad vial
Se reducen los plazos para pagar: en caso de recurso del supuesto infractor, el proceso solía prolongarse hasta dos años. Con la nueva ley, en menos de cinco meses se habrá resuelto. Eso sí, se amplia de uno a cuatro años el periodo que se da la Administración para exigir el importe de la multa no abonada al infractor.
Además de los medios habituales, los conductores podrán realizar el pago por Internet e incluso se permitirá el pago en carretera mediante tarjeta de crédito.
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