La falta de transparencia del Govern de la Generalitat Valenciana llega al extremo de vulnerar la Constitución. Es una de las conclusiones que recoge la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que se conoció ayer. En el escrito, el tribunal da la razón al grupo parlamentario Compromís, que denunció al Gobierno autonómico por negarse a facilitar información sobre contratos públicos. El TSJCV condena a la Generalitat, gobernada por el PP desde hace 16 años, a cumplir con la ley y aportar la documentación solicitada.

El grupo Compromís recurrióa los tribunales en septiembre de 2009, después de que la Conselleria d'Economia se negara a facilitar información sobre los contratos públicos firmados entre la administración presidida por Francisco Camps y las empresas que forman el entramado Gürtel, dedicado a la supuesta captación fraudulenta y posterior desvío de dinero público. En concreto, los diputados de este grupo hicieron 1.508 peticiones de documentación. En ellas, pedían ver todos los contratos menores firmados con la trama, su número de expediente, objeto de la adjudicación, cuantía y forma de pago. A cada conselleria llegó una petición de información sobre sus contratos con cada una de las empresas bajo sospecha, en cada uno de los años que van desde 2003 a 2008, periodo de mayor auge de la presunta actividad delictiva del entramado.

Los conservadores han vulnerado la Constitución, según el TSJCV

La razón de solicitar los contratos menores es averiguar el verdadero volumen de adjudicaciones que la trama consiguió del Gobierno del País Valencià. Hasta ahora, se conocen algunos grandes contratos adjudicados a estas empresas, entre los que destaca el montaje del stand de la Generalitat en la Feria de Turismo Fitur desde 2006 a 2009, por el que la compañía Orange Market cobró más de 4 millones de euros y que la trama consiguió, según informes policiales, gracias a información privilegiada proporcionada desde la propia administración. Pero, según sospechan los diputados de Compromís, el ámbito en el que la trama mantuvo una relación más intensa con la Generalitat fue el de los pequeños encargos. Son los llamados 'contratos menores' que, por su escasa cuantía de menos de 18.000 euros, pueden ser adjudicados sin concurso previo.

El grupo parlamentario pretendía, además, averiguar si el Govern valenciano había recurrido al fraccionamiento de contratos, 'una práctica habitual en la administración, tanto que la Sindicatura de Cuentas ha llamado la atención al respecto', según la diputada Mónica Oltra. De esta forma, un gran contrato pudo quedar a salvo de un concurso público y su consiguiente publicidad gracias al troceamiento en pequeños encargos.

Para despejar estas dudas, Compromís solicitó la información a la Conselleria d'Economia a través de la Mesa de las Corts valencianas en mayo de 2009, dos meses después del estallido del escándalo judicial. La conselleria solicitó varias prórrogas. Cuatro meses después, llegó su contestación definitiva: la denegación de los documentos. Su argumento fue que parte de las empresas sobre las que se pedía información estaban siendo investigadas por el TSJ de Madrid, 'que ha declarado el secreto del sumario. Por tanto, por mandato legal, no es posible dar información al respecto'.

La Generalitat se niega a hacer comentarios sobre la sentencia

La sentencia conocida ayer considera que este razonamiento no justifica la negativa a aportar la documentación. En primer lugar, porque la ley garantiza los 'principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia' de los contratos públicos. Además, el tribunal considera que el secreto sólo ampara a los documentos 'que forman parte del propio sumario' pero no a aquellos que 'preexistían' antes de que la investigación diera comienzo. 'Hayan o no sido incorporados al mismo (sumario), su naturaleza pública es previa', establece.

El tribunal considera, además, que la Generalitat ha obstaculizado una de las labores esenciales de un diputado, como es el control al gobierno. En consecuencia, da la razón a Compromís en su denuncia de que se ha violado el artículo 23 de la Constitución, relativo al derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes. 'Debemos declarar la existencia de vulneración constitucional en la negativa a facilitar los datos solicitados', concluye la sentencia.

La Conselleria d'Economia declinó durante todo el día de ayer comentar la decisión judicial. Esta es la sexta vez que la Justicia da la razón a Compromís en sus denuncias por la falta de transparencia de las instituciones controladas por el PP. En los últimos dos años, el Tribunal Constitucional ha emitido cinco sentencias condenatorias contra la Mesa de las Corts valencianas, donde los conservadores tienen mayoría absoluta, por haberse negado a admitir preguntas del grupo sin fundamentar su decisión.

También el PSOE recurrió ante el Tribunal Constitucional 450 negativas a tramitar sus preguntas de la Mesa de Les Corts. Este órgano 'actúa al dictado de quien tiene el mando a distancia', se lamentó el pasado mes de marzo Ángel Luna, portavoz parlamentario de los socialistas, en referencia a Francisco Camps.