La jueza Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados por la Junta de Andalucía, insinúa en un auto del pasado 7 de junio que la Consejería de Empleo pudo “reconstruir” la documentación sobre el caso remitida al juzgado. Alaya ha ordenado a la Policía que investigue si esto se produjo.

El estado de los papeles remitidos por la Junta sobre la actuación de Empleo en la tramitación de los ERE entre 2001 y 2010 generó duras críticas de la jueza y de la Fiscalía Antiocorrupción, que describió así el desmadre documental de la Consejería: “La documentación no merece en ningún modo la denominación de expediente administrativo, pues parece componerse cada carpeta de una suerte de batiburrillo de papeles inconexos, algunos de los cuales son simples notas manuscritas anónimas anotadas en hojas arrancadas de un bloc de espiral, cuando no garabateadas en simples post-it adhesivos”. Esto revela, como mínimo, las carencias en la gestión de los ERE, que han desembocado en un escándalo que ha desestabilizado al Gobierno.

Examinada la documentación y recibida la opinión de la Fiscalía, la jueza afirma: “Por ello, sin dudar que lo remitido es lo que realmente existe en los archivos, la apariencia de tales actuaciones nos hace pensar en una construcción o reconstrucción apresurada” de la documentación sobre los ERE. La Junta argumentó en un escrito al juzgado que Alaya demuestra “desconfianza hacia otro poder del Estado (el Ejecutivo) y, por extensión, hacia todas las autoridades y funcionarios públicos que los sirven”.

Tras destaparse el escándalo de la colocación de falsos prejubilados en los ERE, Empleo nombró una comisión integrada por funcionarios para descifrar el alcance del fraude. La Consejería aseguró, después de concluir las pesquisas y enviar los documentos al juzgado, que un mínimo de nueve millones de euros fueron desviados a 72 intrusos. Según fuentes de la Consejería, no existió una fabricación de los expedientes, sino que la documentación remitida a Alaya era la que realmente había en las oficinas de la Junta, y hubo que buscarla cajón a cajón.

La jueza ordena en su auto que la Junta prepare la documentación “de forma ordenada y sistemática”, por ejercicio económico, y dentro de cada ejercicio, en dos categorías. Por un lado, todos los convenios relativos a pagos de pólizas de seguros derivados de ERE, y por otro, convenios relativos a cualquier otro tipo de pago. Alaya reclama también que se le informe de la actividad del diputado del PSOE Ramón Díaz, exasesor en Empleo.

Posible prevaricación

Alaya investiga una supuesta trama dedicada a situar a afines al PSOE como perceptores de prejubilaciones a las que no tenían derecho y, también, una supuesta prevaricación de miembros del Gobierno al repartir 647 millones en ayudas sociolaborales entre 2001 y 2010 de manera opaca y sin seguir el procedimiento administrativo previsto para ello. La investigación ya ha determinado que parte de estas subvenciones fueron a parar a ayuntamientos socialistas.

El principal implicado en el caso es el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, quien calificó el fondo de 647 millones como fondo de reptiles, aunque luego se retractó y lo llamó fondo para apuros. Este, que entró en la Consejería en 1999, trabajó con tres consejeros: Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández. Este último está también imputado.