El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva, ha apreciado 'indicios de criminalidad' en las 'relaciones crediticias' entre Miguel Blesa cuando presidía Caja Madrid y Gerardo Díaz Ferrán mientras fue consejero y estaba al cargo del Grupo Marsans. Así lo ha subrayado el magistrado, que investiga la concesión irregular de 26,5 millones de euros a Díaz Ferrán, en un auto en el que achaca a las partes el haberse 'limitado' a recurrir todas sus resoluciones 'sin aportar el menor justificante de pago' del mismo.

El magistrado sostiene además que las versiones ofrecidas por ambos, además de 'su apunte peregrino', no son 'mínimamente verosímiles' y que, 'lejos de acomodarse a prácticas adecuadas en el ámbito de la gestión bancaria, inciden en la proyección de una imagen sumamente deteriorada de la llevanza del riesgo y la regencia de una entidad del relieve de Caja Madrid'.

Durante su interrogatorio del pasado 5 de diciembre, recuerda el magistrado, Blesa declaró 'sin ambages' que los créditos se concedían bajo su gestión 'con las debidas garantías', aunque de los otorgados a Díaz Ferrán, se deduce 'más bien lo contrario'. Por su parte, el expresidente de la CEOE argumentó que no podía justificar documentalmente el pago de los créditos porque los abonó a Caja Madrid mediante la cesión a la entidad de una empresa concesionaria de autobuses, 'supuestamente regida' y 'bajo control social y de titularización' de su socio fallecido Gonzalo Pascual, al que usó así 'como testaferro'.

'De los propios testimonios vertidos por los imputados se deducen indicios de criminalidad inherentes a las manifiestas infracciones de buenas prácticas bancarias, relacionadas con el control del riesgo, ejecución y desenvolvimiento de las relaciones crediticias' entre Díaz Ferrán y Caja Madrid cuando era presidida por Blesa, concluye el juez.

En su auto, y como consecuencia del informe de la Guardia Civil tras los registros de los servidores informáticos de Bankia y los correos electrónicos de Blesa que la entidad facilitó al magistrado a comienzos de febrero, éste decreta el secreto de sumario durante un mes. Y ello porque cree necesario mantener 'la confidencialidad de los datos' al entender que si se conocieran actualmente se podría 'comprometer muy seriamente el fin de los actos de investigación que deben practicarse, dada la posibilidad de que tales correos contengan información financiera y de gestión bancaria de carácter muy significativamente relevante para el desarrollo de esta causa'.