SEVILLA.- La juez de instrucción 19 de Sevilla, tras reiteradas peticiones al sindicalista Diego Cañamero para que comparezca voluntariamente, ha acordado su detención para escuchar su declaración judicial y seguir investigando un presunto delito de robo de diversos productos de un supermercado de Écija (Sevilla).

La decisión judicial se produce tras la petición de la Fiscalía y ante la obligación legal que tiene el dirigente del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) de presentarse en el juzgado, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El anuncio de la detención se produce el mismo día en el que el SAT ha pedido amparo al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, por la "brutal campaña de represión" que creen que sufre el sindicato.

Detenciones en el campamento de apoyo a Bódalo

Tras la reunión con el Defensor del Pueblo, Cañamero ha dicho a los periodistas sentirse "perseguido" y ha informado de que esta mañana la Guardia Civil se ha presentado en el Campamento Libertad de Jódar (Jaén) para detener a varios dirigentes del sindicato.

El SAT ha explicado que los tres sindicalistas buscados son "insumisos judiciales"

En concreto, se trata de Cañamero, del portavoz nacional, Óscar Reina, y del responsable de finanzas, Manuel Rodríguez, que no estaban en ese momento en el lugar.

El sindicato ha explicado que los tres son "insumisos judiciales" y que pueden ser detenidos a lo largo del día al ser reclamados por el mismo juzgado que puso en busca y captura a Néstor Salvador, arrestado y puesto en libertad ayer en Madrid.

'Expropiaciones' en supermercados

Cañamero, acusado de participar en la sustracción de alimentos en un supermercado de la localidad sevillana de Écija, dice sentirse perseguido, ya que ha asegurado que los hechos por los que se les acusan fue un acto público contra la situación que vive Andalucía, sustrayendo material escolar para niños que carecían de ellos.

Los tres sindicalistas han pedido a Maeztu que apoye el indulto para Andrés Bódalo, en prisión desde el 30 de marzo tras su condena a tres años y medio por agredir a un edil de Jódar en una protesta de jornaleros en 2012.

Después de la entrada en prisión de Bódalo, el SAT comenzó una campaña para pedir su indulto, con manifestaciones e intervenciones públicas en los medios de comunicación.