La juez María Núñez Bolaños ha criticado las "teorías sobre conspiración y tramas delictivas" elaboradas en la pieza política de los cursos de formación, que abrió Mercedes Alaya a partir de informes con "irregularidades administrativas" y tras una "hipótesis" de la UCO, lo que luego ha "avalado" el PP.

En respuesta a un recurso del PP contra el archivo de la pieza política de los cursos, la titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla afirma que el "criterio operativo" en esta causa consiste en iniciar causas penales tras la "interpretación" de informes de la Cámara de Cuentas y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) con esas irregularidades.

Tras esos informes, añade el auto de Núñez, al que ha tenido acceso Efe, desde la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se elaboró una "hipótesis" de una supuesta red clientelar y de una "organización criminal", que no se ha podido demostrar y por lo que la juez archivó esta pieza en octubre pasado tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción.

En la pieza política de los cursos había 24 exdirigentes de la Junta acusados, 16 de ellos detenidos por orden de Alaya, que abrió la causa en 2014.

En esta causa se actuó como en el caso avales, que también abrió Alaya, y se elaboraron "teorías sobre conspiración y tramas delictivas", una tesis que ha sido "avalada" por el PP-A, concluye Núñez.

Según la UCO, las irregularidades en la concesión, justificación y liquidación de las subvenciones "eran fruto de una actuación concertada y coordinada desde el SAE, fruto de una organización criminal, de una asociación ilícita, que comprendía toda la comunidad autónoma de Andalucía", lo que no se ha demostrado, según la juez.

Esta organización benefició a una "red clientelar" tras actuar "de forma concertada y bajo instrucciones específicas" y provocó, "de forma consciente", una "malversación del erario público", según la tesis de la UCO a la que se refiere la juez y que respaldó Alaya.

Tras recordar la "especial formación" que se requiere para analizar los informes oficiales para evitar "conclusiones erróneas", la juez subraya que los propios interventores, que examinan la actuación administrativa, no han abierto causas penales por irregularidades administrativas.

"Cómo es posible que se abran numerosas causas penales partiendo de interpretaciones de los informes de la intervención, causas que vienen siendo archivadas por los juzgados de instrucción", indica la juez en alusión a los archivos decretados por varios juzgados andaluces sobre los cursos de formación.

La juez Núñez advierte de que estas investigaciones penales pueden causar "un grave perjuicio a muchas familias cuya fuente de ingreso y sustento se vio truncada", que han tenido que defenderse "como presuntos delincuentes" y respecto a las cuales se pone en duda su honorabilidad y profesionalidad.

También señala que esta causa perjudicó a personas que dejaron de recibir una formación "necesaria y útil para su vida profesional".

"Los jueces no trabajamos con papel sino con personas, detrás de cada expediente o proceso hay familias y personas, por ello no es legítimo ni justificable utilizar maniobras para dilatar o mantener vivo un procedimiento sin ni siquiera discutir o rebatir los argumentos jurídicos de fondo", indica Núñez en referencia a la estrategia del PP con los recursos que presenta.

En su resolución, Núñez reitera que no ha sido recusada a pesar de que el PP ahora cambie de criterio y diga que sí lo han hecho, y para explicar este extremo, incluye el enlace de una información de prensa de septiembre pasado en la que el líder de los populares andaluces, Juanma Moreno, afirma que no habían recusado a la juez.

Además, la instructora subraya que al PP no se les ha denegado una copia alguna de las grabaciones de los testigos que han declarado en la causa, como también afirma la Fiscalía, y enfatiza que las tienen "desde el primer momento" a pesar de que los abogados de la formación política digan lo contrario. EFE