La Justicia da un paso más en su investigación sobre quiénes fueron los culpables del caos de los controladores que provocó el cierre del espacio aéreo durante unas horas del 3 al 4 de diciembre del año pasado. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, María del Sagrario Herrero, ha decidido llamar a declarar como imputados a los miembros de la Junta Directiva del sindicato de controladores, Usca, como presuntos responsables de haber organizado el plante de 400 controladores que abandonaron su puesto de trabajo unas horas durante esos días.

En la resolución dictada, la juez ha admitido la petición de la Agrupación de Demandantes Afectados por el Cierre del Espacio Aéreo, a los que defiende el bufete Cremades & Calvo Sotelo. Sin embargo, la titular del juzgado aún no ha puesto fecha a la citación, según fuentes jurídicas. Además, tiene previsto llamar a declarar a otra quincena de controladores que dejaron su puesto en las torres y centros de control. Y pedirá documentación a la empresa pública de aeropuertos Aena para recabar información sobre la presunta huelga encubierta.

Aunque aún es pronto para determinar si ha habido delito, la argumentación legal se basa en el artículo 409 del Código Penal, que tipifica el abandono injustificado del puesto de trabajo por parte de un funcionario. Ya han sido llamados a declarar aquellos controladores que dejaron sus tareas y, en un futuro próximo, tendrá que pasar ante la juez también la cúpula de Usca, a la que la asociación de afectados acusa directamente de haber dirigido el plante.

Según Luis Vericat, abogado de Cremades & Calvo Sotela, Usca convocó a sus afiliados la noche del 2 de diciembre mediante un SMS para distintas asambleas, que se celebraron la mañana del 3 de diciembre, pocas horas antes de que más de 400 controladores de toda España abandonaran injustificadamente su puesto de trabajo, informa Efe.

La resolución de la juez cayó como una bofetada en la directiva de Usca, que no se lo esperaba. Los servicios jurídicos del sindicato analizan ya todas las vías posibles para defender que no dirigieron la fuga de controladores y parar el proceso antes de que avance más allá de la imputación de la cúpula, presidida por Camilo Cela. El sobrino del ilustre escritor ya tuvo que declarar en julio pasado.

Por otra parte, la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado un auto por el que deja sin efecto la inhibición que acordó un juzgado de Madrid a favor de la jurisdicción militar por el caos aéreo, con lo que se cierra definitivamente la vía militar, que era la que preferían los controladores.