Control de las instituciones en el Gobierno y bloqueo en su renovación durante sus periodos en la oposición. Si hay un denominador común recurrente en los intentos de modelar la Justicia en el PP ésta es su premisa esencial. El último botón de muestra señala al portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó y su escandaloso mensaje -para la necesaria imparcialidad e independencia de este poder del Estado- enviado al chat de senadores de su formación a través de Whatsapp. En él habla a las claras de que el “pacto previo” con el PSOE, por el que los socialistas elegían once vocales y su partido nueve, además de la presidencia -acordada para el magistrado Manuel Marchena, que renunció a la misma tras la polvareda ocasionada por Cosidó- confería a los intereses futuros del PP de Pablo Casado “votaciones” en el seno del Poder Judicial próximas al 21-0”; es decir, que ni siquiera contemplaba deliberaciones ajustadas de 11 vocales frente a 10.

El ex director general de la Policía decía a sus compañeros de la Cámara Alta que “la capacidad de liderazgo y auctoritas” de Marchena, les reportaría el “control de la Sala Segunda desde atrás” y “la presidencia de la Sala del 61”, adscrita a la Sala de lo Penal y que dirime conflictos de alta intensidad política; entre otros, los relacionados con la ilegalización de partidos políticos; procesos sobre declaración de error judicial o sobre responsabilidad en ejercicio de funciones jurisdiccionales de las demás Salas del Tribunal Supremo. Y que está compuesta por el presidente del Tribunal Supremo, sus homólogos del resto de las cuatro salas y por el magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas. 

Dicho de otra forma, el consenso posibilitaría al PP mover a su antojo los hilos en litigios sobre aforados -que compete a la Sala Segunda- y a los de la 61, llamada así porque sus funciones y competencias están redactadas en ese mismo artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Cosidó sabía bien de lo que hablaba. No en vano, la estrategia que atisbaba con el pacto entre los dos partidos mayoritarios ya fue escrita, en el pasado reciente, por Federico Trillo quien, desde su puesto como responsable de Justicia del PP en el doble mandato de José Luis Rodríguez Zapatero se labró merecida fama de urdidor en materia judicial. De él partió la táctica de entorpecer todos los intentos de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde finales de 2006, en que expiraba su composición, bajo la presidencia del magistrado José Francisco Hernando, fallecido en 2013 e identificado dentro del sector conservador, hasta las postrimerías del mes de septiembre de 2008. Incluso retrasando varias semanas la apertura del año judicial -con el visto bueno de la Casa Real- antes de ceder su testigo a Carlos Dívar, también fallecido.

La figura de Dívar, uno de los sempiternos jueces instructores de la Audiencia Nacional hasta que alcanzó la presidencia de este organismo jurisdiccional, fue promovida por el propio Zapatero para conciliar posturas con el PP y sellar con el entonces principal partido en la oposición un pacto por la Justicia.

Transitoriedad indefinida en el CGPJ

En consecuencia, la situación de prórroga del CGPJ presidido por Carlos Lesmes por la renuncia de Marchena, la retirada del pacto por parte del PP de Casado y la consiguiente anulación de la lista de aspirantes desde el PSOE y Podemos en el Congreso -para no hacerles pasar por el mal trago de acudir al poder legislativo sin visos reales de jurar sus cargos- no es nueva. Llueve sobre mojado. El Poder Judicial de Hernando y, en paralelo, el Tribunal Constitucional, ya pasaron por ello. Sufrieron el bloqueo ordenado por Trillo. Pese a las numerosas voces jurídicas que alertaban de que las dos máximas instituciones jurisdiccionales se encontraban en “situación de verdadera gravedad” por la “transitoriedad indefinida” a que les sometió el principal partido de la oposición. O que advirtieran que “ambos retrasos” estaban “interrelacionados”. Y en un escenario inaudito y, para catedráticos de Constitucional críticos con estas andanzas, rozando la ilegalidad. O, al menos, en un estadio de ilegitimidad.

El bloqueo del PP no impidió que, por ejemplo, los nombramientos en la Sala del 61 adquirieran un tinte marcadamente conservador. En un momento en el que Herri Batasuna estaba ilegalizada por el Pacto Antiterrorista suscrito por Zapatero, en la oposición -pero ya secretario general socialista-, y el ex presidente José María Aznar. Pero en el que se había producido ya el anuncio de la primera tregua de ETA, que se truncó con el atentado de la T4 en el Aeropuerto de Barajas y en los años en que el dirigente donostiarra socialista, Fernando Eguiguren, y Arnaldo Otegi, iniciaron el diálogo soterrado que concluyó con el alto el fuego definitivo de la banda, anunciado en septiembre de 2010.

También fue el periodo de sucesivas argucias políticas populares a cuenta el terrorismo. Por ejemplo, de la teoría de la conspiración sobre el 11-M, las embestidas contra el juez Javier Gómez Bermúdez, encargado del dictaminar quiénes fueron los autores intelectuales del mayor ataque en suelo español desde la democracia -contra las tesis aznaristas de que los asesinos no venían ni de desiertos ni de montañas lejanas- o de la acusación directa de Mariano Rajoy a Zapatero, en sede parlamentaria, de “traicionar a las víctimas del terrorismo” y de “revigorizar a ETA”. De ahí que el control de la Sala del 61 fuera especialmente determinante para un partido que no ha dudado en usar el terrorismo como arma electoral y que tardó demasiado tiempo en desmarcarse de la teoría de la conspiración sobre el 11-M.

La estrategia de control institucional del PP

Trillo jugó sus cartas. Y, desde su objetivo político, tuvo éxito. Su estrategia también le sirvió para apartar a Mariano Fernández Bermejo como ministro de Justicia, su interlocutor durante los dos años de estancia en este departamento. Por compartir cacería junto al juez Baltasar Garzón. Dejó para su jefe el famoso “Tic-tac, tic-tac, el tiempo pasa y Bermejo sigue sin dimitir”, que pronunció Rajoy para precipitar su caída. Entretanto, Hernando, desde la presidencia prorrogada del CGPJ y, según no pocos observadores, su activo portavoz, Enrique López, no tuvieron reparos en continuar con sus decisiones de nombramientos en la Sala Segunda. Y en la del 61.

No muchos años después, sería Garzón el que apeló a la recusación por la confección de los tribunales del Supremo que se encargaron de dictaminar su retirada de la carrera judicial. Por los delitos de prevaricación en tres causas: autorización de exhumaciones en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, en la que se dictaminó que la Audiencia Nacional -de la que era instructor- carecía de competencia; el cobro presunta financiación por parte del Santander, BBVA, Cepsa, Endesa y Telefónica para coloquios en los que intervino durante su estancia en la Universidad de Nueva York, entre 2005 y 2006, bajo excedencia -al que se incorporó el delito de cohecho- y las escuchas que autorizó, en instalaciones penitenciarias, entre los cabecillas del caso Gürtel y sus abogados. Práctica habitual entre letrados y dirigentes del narcotráfico y de ETA que Garzón quiso ampliar también a delitos de corrupción por entender que los defensores legales de los acusados eran parte implicada en este tipo de actuaciones delictivas. Como en los supuestos de tráfico de drogas y terrorismo. Ya en 2011, la Sala del 61 declaró la ilegalización de Sortu, la sucesora de Batasuna, por tan sólo dos votos. Sólo seis meses después de la tregua de ETA.

La profecía de Cosidó, pues, está fundada. La Sala del 61 tiene por delante la gestión judicial del procés y de los políticos independentistas en prisión preventiva. Un asunto de alta tensión. Sobre el que Marchena, el dimisionario aspirante a sucesor a Lesmes, tejió la hoja de ruta que ha seguido el juez Pablo Llarena, y que incluye, en la lista de presuntos delitos, el de rebelión, puesto en duda desde tribunales europeos. Y en un contexto en el que, el Gobierno de Pedro Sánchez, ha instruido a la Abogacía del Estado a excluir dicha figura del elenco de acusaciones. Mientras el PP exige un 155 duro que, entre otras cosas, truncaría el diálogo abierto entre Moncloa y la Generalitat para tratar de restablecer un cierto clima de entendimiento en la resolución del conflicto territorial por cauces políticos. Sin contar con las causas de aforados que la Sala de lo Penal tiene pendientes con dirigentes populares. Tras archivar el litigio, a instancias del fiscal Luis Navajas -autor del informe que lleva su apellido y que sirvió para dejar en el baúl de los recuerdos un supuesto caso de corrupción de guardias civiles del cuartel de Intxaurrondo, en los duros años de plomo de ETA- las investigaciones sobre el historial académico del líder popular.

El Estatut y las recusaciones en el TC

También en el Tribunal Constitucional la mano invisible de Trillo se dejó sentir. Con el Estatut de Cataluña como telón de fondo. Y, de nuevo, con éxito. Los intentos de renovar la cúpula -de su entonces presidenta, María Emilia Casas y de su vicepresidente, el catedrático Guillermo Jiménez- y de los magistrados que cumplían mandato, fueron en vano. Hasta que no emitiera la sentencia sobre el Estatut, hecho que sucedió en junio de 2010. Órdenes del ex ministro de Defensa popular. Primero como responsable de Justicia del PP -los cambios iniciales debieron producirse en verano de 2006, siendo aún titular del ramo Juan Fernando López Aguilar- y, luego, ya en 2008, tras las elecciones en las que Zapatero revalidó su victoria en las urnas, como portavoz de Justicia en el Congreso. En sustitución de Ignacio Asterloa, azote contra la política antiterrorista de Zapatero en el ínterin del Plan Ibarretxe y, con posterioridad, una de las manos derechas de Aznar en FAES. A buen seguro, como recompensa de Rajoy por la larga etapa de ostracismo a la que se vio abocado para tejer sus estratagemas de bloqueo y control del aparato judicial.

Las artimañas de Trillo frente al Alto Tribunal se resumen, básicamente, en dos. Logró que el pleno del Constitucional recusara a Pablo Pérez Tremps, propuesto a instancias de la extinta CiU, por un trabajo sobre la articulación de la diplomacia catalana en el exterior -red de embajadas- y, apenas sin razón de continuidad, tan sólo un día después, eludir una acusación similar sobre el magistrado Jorge Rodríguez Zapata, de perfil conservador, por otro informe remunerado desde la Generalitat sobre la municipalidad catalana. Zapata cesó seis meses después de la sentencia sobre el Estatut, que declaró inconstitucionales 14 artículos en una votación de ocho magistrados a dos y avaló el preámbulo del texto emanado del Parlament catalán, del que se mantuvo el término nación, por seis votos a cuatro, pero dejando claro que carecía de validez jurídica. Visto en contexto, la red de sedes diplomáticas catalanas -por el que la Generalitat contactó con Pérez Tremps-, no ha servido para que el independentismo labrase el más mínimo respaldo internacional. En cambio, los actos e iniciativas que han emanado desde los ayuntamientos gobernados por partidos favorables a la secesión fueron fundamentales para que Carles Puigdemont proclamara la República Catalana. Sin validez jurídica, eso sí.

El segundo misil de Trillo sobre las negociaciones de renovación del Constitucional fue proponer los nombres a Hernando y López como magistrados. A sabiendas de que el PSOE nunca aceptaría a dos jueces a los que tildó de contaminados. Hernando finalmente accedió al Alto Tribunal en 2011, justo cuando Casas dejó su presidencia, y ejerció como tal hasta su fallecimiento, en noviembre de 2013. López lo hizo en junio de ese mismo. Como sucesor, paradójicamente, de Pérez-Tremps. El mismo día, también curiosamente, en el que juró como magistrado Pedro González Trevijano, ex rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Aunque el ex portavoz del CGPJ en la etapa de Hernando se vio obligado a renunciar justo al cumplirse su primer aniversario después de que la policía le parara conduciendo una moto en estado ebrio y sin casco. Consiguió plaza en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, pero fue recusado, en 2016, junto a Concepción Espejel, para dilucidar sobre el juicio de la primera época del caso Gürtel y, posteriormente, sobre los papeles de Bárcenas, dada sus estrechos vínculos con el PP.

Deslegitimación de las altas instituciones

Con el triunfo de Rajoy en las urnas, a finales de 2010, este tribunal ha llegado a tener al frente a Francisco Pérez de los Cobos. Entre 2013 y 2017. Catedrático de Derecho del Trabajo y al que se le descubrió años de afiliación al PP. En este periodo, Trillo ya era embajador en Reino Unido. Cargo y destino que él mismo solicitó al, entonces, presidente de su partido. El mismo que se cerró en banco a darle un nuevo puesto político cuando dejó la sede diplomática de Londres tras el informe del Consejo de Estado en el que le responsabilizaba del accidente del Yak-42 y después de que una empleada de la legación londinense le acusara de acoso laboral. Era 2017. Desde entonces, ejerce como letrado precisamente en el máximo organismo asesor del gobierno. Ironías del destino.

Su trayectoria política parece acabada. Pero su legado está muy vivo. Lesmes sabe del poder de controlar a los jueces. Bajo su mandato, entre otros movimientos sospechosos, se nombró al jefe de la asesoría jurídica de La Caixa durante un cuarto de siglo, Sebastián Sastre, como magistrado de la Sala de lo Civil, a tiempo para elaborar la sentencia sobre las cláusulas suelo. O a Luis María Díez Picazo presidente de la de lo Contencioso-Administrativo, artífice, junto al propio Lesmes, de la marcha atrás en la jurisprudencia del Supremo sobre los gastos hipotecarios. Forman parte de lo que fuentes conocedoras de los vericuetos del Poder Judicial llaman los GAL: Grupo de Amigos de Lesmes. Actuaciones que contravienen la calidad del sistema democrático y que denota la falta de lealtad institucional de la formación popular cuando ejerce la oposición.