La madre del recién fallecido Antonio Meño, el hombre que permaneció 23 años en coma por una negligencia médica durante una operación de estética, ha confesado este martes, dos días después de su muerte, que 'siempre' había 'pedido' que su hijo 'muriera antes' que ella porque no le quería dejar en ese estado.

'Siempre he pedido que se muriera antes que yo porque no le quería dejar aquí', ha reconocido la madre, Juana Ortega, en declaraciones a Europa Press Televisión en su domicilio minutos después de acudir al banco para pagar los servicios funerarios de su hijo. 'Qué dinero más amargo. No sé qué voy a hacer con mi vida. Hemos perdido a un miembro de la familia con el que todos estábamos muy volcados', se ha lamentado.

Juana ha remarcado que todavía no conoce los motivos del fallecimiento de su hijo. Ingresó en el Hospital de Móstoles el pasado viernes tras casi cuatro semanas en casa con antibióticos por una fiebre 'muy alta' y no presentar mejoría. Según le han dicho en el centro hospitalario a la madre, se barajan tres opciones: una neumonía, una infección de orina o una escara que se habría complicado. Mañana le entregarán el informe final.

Después de 23 años a cargo de su hijo, ahora Juana y su marido piensan en cómo replantear su vida y cómo recuperar la relación con sus otros hijos ya que siempre han estado al cuidado de Antonio. 'No he estado nunca con mis nietos en un parque. El otro día mi marido abrazó tan fuerte a un nieto que se parece mucho a Antonio que el pequeño se asustó', ha rememorado.

El teléfono de Juana no para de sonar desde el domingo. Muchas de las llamadas son de personas afectadas por negligencias médicas que le dan el pésame y que le animan a trabajar en una asociación llamada APREJU (Asociación de Perjudicados por Resoluciones Jurídicas). 'Me lo estoy pensando. Ahora ya no me puedo negar porque no tenga tiempo', ha bromeado.

La historia de Antonio Meño empezó el 3 de julio de 1983, cuando siendo un estudiante de Derecho de 20 años, se sometió a una operación estética de nariz en una clínica madrileña. La intervención quirúrgica se realizó con anestesia general y duró, según el cirujano, entre 20 y 25 minutos.

Sin embargo, el anestesista indicó más del doble, una hora. El resultado fue que Meño salió del quirófano en coma vigil irreversible, con las funciones intelictivas y cognoscitivas completamente abolidas y dependiendo de los demás para poder realizar sus necesidades más elementales.

Sus padres denunciaron la situación ante el Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid, que condenó al anestesista porque, según el relato de los hechos y las pruebas, cabía hablar de 'una cierta imprudencia en la actitud' de este profesional, con lo que la familia podría cobrar la indemnización que permitía cubrir las atenciones que necesitaba Antonio.

Según recoge esta sentencia, el anestesista procedió a la extubación del paciente sin existir evidentes signos de que Antonio hubiera recuperado la respiración espontánea. A los cuatro o cinco segundos de haberle retirado el tubo le sobrevino un vómito y debido a su falta de reflejos por no haber recuperado la respiración, lo tragó, aspirándolo por vía aérea, y le causó un broncoespasmo que le dejó sin oxígeno.

Sin embargo, el anestesista recurrió en apelación su sentencia condenatoria y la sección séptima de la Audiencia Provincial de Madrid revocó la dictada en primera instancia, absolviéndole y dejando a la víctima sin la indemnización. Fue cuando a los padres de Antonio sólo les quedó la vía civil y acudieron al Tribunal Constitucional.

Después de que el Costitucional no les diera la razón y les obligara a pagar las costas de los juicios, que ascendían a casi 400.000 euros, los padres de Antonio decidieron acampar ante una de las dependencias del Ministerio de Justicia en la Plaza de Jacinto Benavente, donde llegaron a estar 521 días de forma ininterrumpida.

Ante la aparición de un nuevo testigo en la operación, el Tribunal Supremo abrió la puerta a un nuevo juicio. El nuevo testigo era un médico que el día de la operación estuvo presente como aprendiz del cirujano y observó cómo el tubo de anestesia se desconectó, sin que el anestesista, Francisco G. M., estuviera en la sala.

El 3 de noviembre de 2011, la Sala celebró una vista pública en la que el nuevo testigo manifestó que no hubo ningún vómito, si no que se produjo una desconexión. No se le suministró oxígeno y sufrió una apnea transitoria que le llevó a un daño cerebral, precisó el médico especialista.

Finalmente, se alcanzó un acuerdo con las diferentes aseguradoras involucradas en el proceso. El acuerdo en términos exactos consistía, según el abogado de la familia, Gustavo Izquierdo, en abonar a Meño 1.075.000 euros en indemnizaciones y a partir de ahí subsanar el daño personal que se causó en su momento.

Además, cubría hasta 10.000 euros las cantidades que tuviera que hacer la familia por el gasto de representación de los profesionales, es decir, la familia no tenía que sufragar ningún gasto.