Homenaje en espera de justicia. La inauguración del primer monumento castrense en memoria de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42 ha marcado hoy el quinto aniversario del siniestro, cuyas causas siguen investigándose en la Audiencia Nacional, que finalmente no imputará al ex ministro de Defensa Federico Trillo.

El jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Félix Sanz Roldán, ha pedido a los familiares de las víctimas que tengan 'fe en que la Justicia brillará y con ella brillará la paz de todos'. En su intervención, ha considerado que el 'sacrifcio' de los 62 militares 'está sirviendo para que muchos hombres, mujeres y niños tengan una vida más digna, para que otros hombres puedan tener una vida en paz, para que este mundo, cada vez más alejado de los horrores de la guerra, siga progresando'.

El general, al que acompañaba la subsecretaria de Defensa, María Victoria San José, ha recordado que hoy se cumplen cinco años 'de la mañana más triste de las que he pasado en mis más de 46 años de militar, el mayor sacrificio en vida de nuestros compañeros desde que soy soldado'.

El monumento, un monolito con un mural en el que figuran los nombres y rango militar de los 62 fallecidos en el accidente, ha quedado instalado entre los regimientos de ingenieros y de transmisiones de la Base Militar 'Cid Campeador', en Castrillo del Val (Burgos), donde estaban destinadas la mayoría de las víctimas.

Al término del acto castrense, en el que ha participado una compañía integrada por militares de ambos regimientos, integrantes de la Fuerza Pesada, decenas de familiares se han acercado emocionados al monumento.

El portavoz de la asociación de familiares de las víctimas, Pacho González Castilla, ha criticado las 'dificultades' que han encontrado para aclarar lo ocurrido y ha dado lectura a un comunicado de esta asociación, que representa a familiares de 42 de las víctims. González Castilla ha considerado que los familiares han encontrado la 'verdad' pese a todos los obstáculos, intereses y manipulaciones.

El portavoz de las familias ha asegurado que no se hizo nada por evitar la mayor catástrofe del Ejército español en tiempos de paz y, en este sentido, ha señalado que 'existían quejas e informes previos al accidente que llegaron a políticos y mandos militares' en los que se advertía de las malas condiciones en las que volaban los militares españoles. Según el comunicado, en las identificaciones de las víctimas 'se produjo de forma deliberada' un 'fraude'.

González Castilla ha criticado también que 'muchos de los que aseguraron defender al Ejército sólo se preocuparon por sus propios intereses' y 'quienes, como Federico Trillo, dicen respetar a los fallecidos y sus familias, nunca nos escucharon ni han pedido perdón'.

El portavoz de los familiares de las víctimas ha añadido que 'quienes acusan al actual presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, de haber jugado con el dolor de las familias olvidan que son ellos quienes lo han alimentado'.

En la vertiente judicial, las causas abiertas para indagar cómo se contrató el avión y por qué se identificaron erróneamente los cadáveres han entrado en su fase decisiva, después de que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ordenara al juez Fernando Grande-Marlaska, que las había archivado al no apreciar indicios de delito, que las reabriera para seguir investigando.

Previsiblemente, varios altos mandos militares de la época acabarán sentándose en el banquillo de los acusados, pero con ellos no estará el ex ministro de Defensa Federico Trillo, cuya imputación por los delitos de imprudencia con resultado de muerte, malversación de caudales públicos y falsedad documental fue solicitada el pasado día 14 por la acusación que ejercen los familiares de las víctimas.

Como Trillo es diputado del PP -y por tanto aforado-, Marlaska remitió al Tribunal Supremo el escrito de la acusación, pero cuando el Supremo le recordó que era él quien tenía que detallar que indicios de criminalidad apreciaba en el ex ministro, el magistrado respondió que ninguno, cerrando así la puerta a su posible imputación.

Sí están acusados desde la semana pasada, en el sumario en el que se investigan las supuestas irregularidades en la contratación del avión, cinco de los miembros de la cúpula militar cuando ocurrieron los hechos.

Se trata de los que fueron jefe del Estado Mayor de la Defensa, Antonio Moreno Barberá, y jefe del Estado Mayor Conjunto, Juan Luis Ibarreta, y de otros tres responsables de este último departamento: el contraalmirante José Antonio Martínez Sainz-Rozas; el coronel Joaquín Yáñez González y el comandante Alfonso Elías Lorenzo Taboada.

La Fiscalía, además, presentará esta misma semana su escrito de acusación contra otros tres militares, en este caso en la causa en la que se investigan las irregularidades en la identificación de los cadáveres.

Entre ellos está el general de Sanidad Vicente Navarro, al que acusa de elaborar la lista con los militares muertos en el accidente y de 'rellenar' de forma arbitraria y 'caprichosa' los treinta espacios en blanco que había en esa relación de nombres y que correspondían a los de los militares que las autoridades turcas no pudieron identificar.

El Ministerio Público también acusará de falsedad documental por estos hechos al comandante médico José Ramírez y al capitán médico Miguel Saez.

El avión ucraniano de fabricación rusa Yakovlev 42-D despegó el 26 de mayo de 2003 de Bishkek (Kirguizistán), con destino a Zaragoza y 62 militares a bordo, pertenecientes a la fuerza internacional de paz de la OTAN en Afganistán.

Horas después, el avión intentó por dos veces aterrizar en el aeropuerto de Trebisonda para repostar, pero la niebla impidió la maniobra y, tras desaparecer del radar, se estrelló en el monte Macka, a orillas del mar Negro.

Los 75 ocupantes -62 españoles, 12 ucranianos y un bielorruso- murieron en el siniestro.