IU y PSOE critican que Figar verifique las bajas médicas

La intención de la Consejería de Educación de Madrid de verificar desde su servicio médico la gravedad de las enfermedades de los familiares de los profesores que se den de baja para acompañarlos al médico es interpretada por la oposición como un "atropello más" de la guerra abierta contra los funcionarios de la enseñanza. Un informe de la Agencia Española de Protección de Datos elaborado a petición del sindicato UGT considera que esa petición del departamento de Lucía Figar carece de "amparo legal".

"Pediremos explicaciones a la consejera en el Parlamento porque es un disparate y una vergüenza que se pretenda pasar revista a los familiares de los profesores", denunció ayer Eusebio González, portavoz educativo del PSOE en la Asamblea de Madrid. "Es un intento más de amedrentar a los profesores que genera un clima inadecuado en los centros e inconveniente para toda la comunidad educativa", añadió.

La diputada de IU en la Asamblea de Madrid, Eulalia Vaquero, interpreta el afán de control de la Consejería sobre los profesores como una "temeraria" decisión por parte de la Consejería. En su opinión, el control de las bajas médicas corresponde a otro ámbito que no es el de los servicios médicos de la Conserjería.

Fuentes de Educación consideran que la verificación de las enfermedades de los familiares es una opción "voluntaria" tanto para el paciente como para su familiar que se ofrece a los trabajadores para facilitarles la baja. Según la Consejería, la negativa de los médicos a indicar si el paciente tiene o no una enfermedad grave dificulta a los funcionarios obtener un justificante que les permita tener el visto bueno a dicha baja laboral.

El sindicato UGT reiteró ayer la necesidad de retirar esa norma puesta en marcha el pasado marzo para evitar que se intimide a los profesores atacando a sus derechos laborales.

Por otro lado, la Conselleria d'Educació del Govern del País Valencià anunció ayer un recorte en las condiciones laborales de los profesores interinos de esta comunidad. Siguiendo las medidas tomadas ya en Madrid, hace un año y recientemente en Balears, la Generalitat no pagará a los profesores interinos las vacaciones de verano si no han trabajado más de cinco meses.