Izquierda Unida (IU) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) coincidieron ayer en señalar que el magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López debería abstenerse en el caso Faisán, tras revelar Público que, entre 2003 y 2008, el juez participó en 53 seminarios de FAES , la fundación del PP, partido que ejerce la acusación popular en esta causa.

López, que ha sido el magistrado clave para mantener vivo el caso en la Audiencia Nacional, es uno de los integrantes del pleno de la Sala de lo Penal que se reúne a partir de hoy para decidir si dos mandos policiales el inspector José María Ballesteros y el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés y el ex director general de la Policía, Víctor Hidalgo, siguen imputados por 'colaboración con banda armada' por un presunto chivatazo a ETA, en mayo de 2006, para alertar a la banda de una operación contra su aparato de extorsión.

IU observa indicios de 'prevaricación y cohecho' en la actuación de López

IU observó en la actuación de López 'indicios de prevaricación y cohecho' que va a analizar, según explicó el portavoz de Derechos Humanos y Libertades Públicas de la formación de izquierdas, el abogado Enrique de Santiago. A su juicio, ante la reiterada asistencia de López a seminarios de FAES, habría que investigar si esta vinculación supone, en la práctica, 'la percepción de forma regular de un sobresueldo del PP' y si el juez 'ha usado la magistratura para llevar a sede judicial las posiciones del partido'.

'Es un asunto de la máxima gravedad, que afecta no sólo al caso Faisán. Vamos a hacer un seguimiento de la actuación de López en otros procedimientos y especialmente los relacionados con el proceso de paz', añadió De Santiago.

'¿Qué habría pasado con Garzón de haber actuado así?', plantea un catedrático

Entre 2003 y 2008, siendo portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el impulso del PP, López participó en un mínimo de 53 seminarios a puerta cerrada de FAES. Ni la fundación que preside José María Aznar ni el magistrado han querido detallar los emolumentos que el juez ha percibido del laboratorio de ideas conservador.

López es, además, el nombre que bloquea la negociación entre PP y PSOE para renovar las vacantes abiertas en el Tribunal Constitucional desde hace más de tres años. Los socialistas no aceptan la inclusión del magistrado como condición sine qua non impuesta por los conservadores para permitir el refresco de la institución, .

El caso Faisán es una de las prioridades políticas del PP, cuyos máximos dirigentes patronos a su vez de FAES consideran que inhabilita políticamente al socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, exministro del Interior. Los conservadores han presentado más de 300 preguntas parlamentarias sobre el caso y han interrogado al Gobierno en más de 40 ocasiones en pleno. Desde noviembre de 2009, se han personado como acusación popular bajo el impulso de Federico Trillo, coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP y también vocal en el patronato de FAES.

En febrero de 2010, tres meses después de la personación del PP en la causa, Enrique López, al abordar un recurso de la defensa, fue ponente de un polémico auto sobre el caso Faisán que consideraba que los hechos investigados 'adquieren una gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo en España', en línea con la posición de FAES y el PP. También abogaba el magistrado por emprender una investigación 'más allá de lo normal' y con 'especial celo'.

El PSOE evitó ayer pronunciarse sobre la vinculación de López con FAES y su negativa a abstenerse en un asunto que, según el diputado del PP y patrono de FAES Jaime Ignacio del Burgo, 'va a asar a fuego lento a Rubalcaba', pero IU no fue la única formación parlamentaria que exigió a López que se inhiba en el debate que se inicia hoy en la Audiencia Nacional. El portavoz del PNV en el Congreso, Emilio Olabarría, le exhortó a abstenerse 'por una cuestión ética elemental' y ante las 'muchas dudas generadas sobre su independencia'.

Algunos juristas consultados también consideran que López debería inhibirse. 'A Baltasar Garzón le van a juzgar por muchísimo menos', opina el catedrático de Derecho Penal Hernán Hormazábal, en referencia a la instrucción del caso Santander por el Tribunal Supremo, donde Garzón está imputado por prevaricación, tras seguir el criterio del fiscal y no abstenerse en un auto que afectaba al banco, que había copatrocinado unos cursos de la Universidad de Nueva York dirigidos por el juez.

'Si el PP es acusación popular y un juez que aparece vinculado a este partido por distintas vías, como la candidatura al Constitucional, la portavocía del CGPJ y los cursos de FAES, desoye al fiscal y actúa con los mismos argumentos que el partido, no parece que concurra la exigencia mínima de imparcialidad', sostiene Hormazábal. Y añade: '¿Se imaginan qué le hubiera sucedido a Garzón si hubiera actuado así?'.

Mercedes García Arán, también catedrática de Derecho Penal, coincide en que el magistrado debería 'abstenerse para evitar la duda' como consecuencia de 'la relación con una de las partes'.

En cambio, José María Asencio, catedrático de Derecho Procesal, no lo ve necesario porque, en su opinión, la participación continua en seminarios de FAES 'entra dentro de las actividades docentes y culturales, perfectamente lícitas'. Sin embargo, el catedrático sí observa similitudes con la causa que del Supremo contra Garzón por no abstenerse en el auto del Santander. 'Este sumario [contra Garzón] abrió una puerta peligrosísima, que puede provocar que se vaya hacia atrás en la actividad docente de los magistrados'.