Los policías al mando de la operación contra una trama de corrupción en Alicante recibieron ayer el primer respaldo público de sus jefes. Fue el director de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, quien dejó claro que los agentes 'actúan siempre en el marco del Estado de derecho: cuando aseguran la eficacia probatoria y cuando detienen y toman declaración a presuntos delincuentes'.

En la última fase de la operación Brugal, desarrollada el martes en Alicante, hubo 11 detenidos, incluido el presidente del PP en la provincia, José Joaquín Ripoll, y tres concejales de ese mismo partido en Orihuela. El respeto a la legalidad, remarcó ayer Velázquez desde Granada, afecta también a las detenciones por parte de la policía de 'personas de relevancia pública'.

La primera nota obviaba que la policía podía detener y citar

El Partido Popular comenzó el miércoles a poner en duda la actuación policial. Su portavoz, Esteban González Pons, esgrimió una nota del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que aseguraba que el juez no había ordenado detenciones, dictado citaciones o realizado nuevas imputaciones. El PP había extraído ya su conclusión: la policía había actuado sin control judicial y había montado una operación 'política' .

El TSJCV y el PP obviaban que la policía está facultada para citar en el juzgado, que puede realizar detenciones sin autorización judicial y que también imputa delitos, aunque se trate en realidad de una acusación que debe ser ratificada por el magistrado en sede judicial, con el afectado delante.

El PP extrajo su propia conclusión: era una operación 'política'

La polémica arreciaba y el servicio de prensa del TSJCV intentó apagar el fuego provocado por su nota matutina y la interpretación que de la misma había hecho la dirección del PP. Ya por la tarde, un segundo comunicado del TSJCV, autorizado también por el juez, avaló toda la actuación policial sin dejar de señalar que, en el momento de emitirse la primera nota, las únicas noticias que tenía el instructor procedían de los medios de comunicación. La policía, se quejaba el juez, no le comunicó los arrestos hasta la tarde siguiente a practicarlos, siempre dentro del plazo de 24 horas que marca la ley.

Un portavoz del TSJCV negó ayer que el presidente del tribunal, Fernando de la Rúa, al que el presidente valenciano, Francisco Camps, califica como 'más que amigo', participara en la decisión de publicar las notas o en su contenido. Según esta versión, De la Rúa recibió la nota de prensa al mismo tiempo que el resto de miembros del TSJCV. 'En estos casos tratamos directamente con el titular del juzgado', señaló el portavoz.

El Consejo General del Poder Judicial ratificó ayer la versión del TSJCV de que los comunicados que difundió el Tribunal Superior habían sido redactados y publicados 'a instancias' del titular del Juzgado número 3 de Orihuela, Carlos San Martín.