MADRID.- La guerra abierta entre los altos mandos del Cuerpo Nacional de Policía ha tenido un nuevo capítulo con la decisión del Ministerio del Interior de apartar al comisario José Manuel Villarejo Pérez de su puesto de confianza en la Dirección General y enviarlo a la Unidad de Recursos Humanos, un puesto sin capacidades operativas.

Durante más de 20 años José Villarejo ha mantenido un puesto de confianza junto a los diferentes directores adjuntos de la Policía, conocidos como DAO. El actual, Eugenio Pino, enfrentado con el Director General, Ignacio Cosidó, ha sido quien ha tenido que mediar entre ambos comisarios y “optar por una solución salomónica porque el enfrentamiento entre Villarejo y Martín Blas es como un choque de titanes porque ambos guardan mucha información”, según explican fuentes policiales a Público.

Por eso, esta decisión se hace pública después de que se cesara este lunes al comisario de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, jefe de los investigadores que detuvieron el pasado octubre al Pequeño Nicolás. Este comisario ha sido enviado al Consejo Asesor de la Policía, donde realizará labores de asesoría al director general, Ignacio Cosidó, aunque tampoco tendrá ninguna función operativa.

La medida tomada por el Ministerio dirigido por Jorge Fernández Díaz acerca del comisario Villarejo fue aplicada antes de la destitución de Martín-Blas, según apuntan diferentes fuentes a Público, aunque no ha sido difundida hasta esta semana.

Villarejo, investigado

En estos momentos, el controvertido comisario José Villarejo tiene además una investigación abierta dentro del cuerpo policial en la que se intenta esclarecer si su actividad como funcionario policial ha sido compatible con sus actividades privadas, cuyo patrimonio empresarial supera los 16 millones de euros.

Entre las actividades que según el Registro Mercantil Villarejo ha tenido está la representación de artistas, la asesoría empresarial, clínicas de estética o la venta de hortalizas. Algunos empresarios también le vinculan con actividades privadas de detectives y de servicios de seguridad.

Aunque José Manuel Villarejo se ha autodefinido como “agente encubierto” y ha dicho que sus empresas están al servicio de la Policía desde hace 20 años, lo cierto es que las empresas pantalla y los agentes encubiertos están regulados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y dos de sus principales características son que el nombre del agente sea falso y que la identidad y la empresa falsa estén tuteladas por una autoridad judicial.

Sin embargo, el comisario Villarejo aparece en los consejos de administración de sus sociedades con su nombre propio y su número de documento nacional de identidad.

Biografía del comisario

José Manuel Villarejo Pérez, nacido en un pueblo de Córdoba el 3 de agosto de 1951, entró en la Policía en 1972, según consta en el Boletín Oficial del Estado del 21 de agosto de ese año. Según cuentan algunas fuentes a Público, el ahora comisario entró en la Dirección General de Seguridad, donde las víctimas del franquismo recuerdan las torturas de Billy el Niño, y después fue destinado a la Comisaría General de Información, donde estuvo infiltrado en varias organizaciones. Al menos durante sus años en Información, algunas fuentes le sitúan en el Partido Comunista.

Después fue enviado a Barcelona, durante los 80, también como agente de información, y montó el Sindicato Profesional de la Policía (SPP). Fue en esos años cuando José Luis Corcuera, ministro del Interior del PSOE, ideó un cuerpo de inteligencia policial no oficializado y permitió que algunos agentes tuvieran actividades privadas.

Según ha publicado Información Sensible, el medio de comunicación de su mujer y su abogado, Villarejo cogió una excedencia y volvió en 1993 a la Policía. En 1990 había sido condenado tras ser contratado como detective por la secta de la Cienciología. Según la sentencia, el detective Villarejo consiguió lavar el cerebro de un drogadicto para que se inculpara de un delito.

Aún así regresó como persona adscrita al DAO, es decir, sólo rinde cuentas ante el director operativo. Su vuelta a la Policía tampoco dejó de ser polémica, en 1995 Villarejo había sido expedientado y acusó a un jefe del Cesid –el antecedente del CNI– de filtrar informes sobre las escuchas ilegales, lo que le granjeó enemigos dentro de un cuerpo con el que nunca se llevó bien. Además, fue autor del informe Véritas, que relacionaba al exjuez Garzón con orgías y grupos de narcotraficantes, y también declaró contra sus compañeros a favor del traficante de armas Al Kassar.

En estos momentos José Villarejo sigue rodeado de polémica. El viernes 17 irá a declarar como testigo ante el juez que instruye la causa sobre el pequeño Nicolás, quien escribió su nombre, el de su abogado y el de sus empresas en su agenda relacionándolo con el informe Pujol. Además, Ignacio González, el presidente de la Comunidad de Madrid, también ha denunciado que José Villarejo y el también comisario Enrique García Castaño lo extorsionaron. No es el único frente abierto, la doctora Elisa Pinto también ha denunciado que el consejero delegado de OHL, Javier López Madrid, contrató los servicios del comisario para amenazarla y que incluso la apuñaló.
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Derecho de rectificación
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​Acogiéndose a su "derecho de rectificación" recogido en la ley, José Manuel Villarejo Pérez ha remitido a Público lo siguiente:

"No es cierto que el Ministerio del Interior me haya apartado de mi puesto en la Dirección General Adjunta. Tampoco es cierto que me hayan enviado a la unidad de Recursos Humanos.

Es falso que haya trabajado en Barcelona durante los años 80 como afirma la periodista.

Tampoco es cierto que haya sido condenado por ser contratado como detective por la secta de la Cienciología".
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