De testigos a imputados. La jueza que instruye el caso del hotel del Palau de la Música Catalana, Míriam de Rosa, decidió ayer imputar al edil Urbanisme del Ajuntament de Barcelona y cuarto teniente de alcalde, Ramon García-Bragado, y al gerente de Urbanisme, Ramon Massaguer. Los dos pusieron su cargo a disposición del regidor, Jordi Hereu, que aceptó su cese temporal en sus responsabilidades urbanísticas.

Míriam de Rosa también imputó ayer al arquitecto Carlos Díaz, del despacho de Óscar Tusquets y hombre de confianza de Fèlix Millet, saqueador confeso de la institución cultural. La jueza tomó esta decisión a la luz de la reciente información que la nueva dirección del Palau ha aportado a la causa y después de escuchar todas las declaraciones.

La jueza cree que el concejal escondió 'una operación especulativa'

En el auto de imputación, la jueza considera que 'debido a la influencia ejercida por los imputados Fèlix Millet y Jordi Montull', los ahora acusados ocultaron la verdadera titularidad de las fincas donde se estaba planeando construir el hotel. El auto también añade que los tres imputados a los que la jueza tomará declaración el 12 de julio, 'faltaron a la verdad en la tramitación, escondiendo una operación especulativa existente, en favor de un tercero la constructora Olivia Hotels, que se hubiera frustrado de conocerse la referida titularidad'.

De hecho, en una carta que Montull dirigió a Massaguer, la mano derecha de Millet le dice al edil que le escribía porque era 'su tabla de salvación', 'la persona que más cosas nos ha solucionado en este tema'.

Hay que tener en cuenta que ayer el director jurídico de Urbanisme del consistorio, Enric Lambies, declaró ante la jueza que conocía desde 2008 que los terrenos adquiridos por el Palau para construir el hotel habían cambiado de titularidad en beneficio de Olivia Hotels. Y, sin embargo, tanto Massaguer como García-Bragado han manifestado de forma reiterada que conocieron el cambio de titularidad a través de la prensa; es decir, después de que los Mossos entraran en el Palau, el 23 de julio de 2009, para registrarlo.

En ese sentido, la ex concejala de Ciutat Vella, Itziar González, declaró ante la jueza que sintió muchas presiones para no impulsar un proceso participativo en el que los ciudadanos debían opinar sobre los cambios que sufriría la zona donde se ejecutaría la operación. Además, en ningún momento el consistorio explicó a los ciudadanos que la adjudicataria del hotel era Olivia Hotels, un dato que los abogados de las asociaciones de vecinos personadas en la causa consideran muy grave.

El arquitecto Carlos Díaz, que declaró el martes, se vio comprometido a partir del testimonio del presidente de Olivia Hotels, Manuel Valderrama. Este explicó a la jueza que a petición del arquitecto que era el encargado de tramitar el proyecto pagó el proceso participativo ciudadano, unos 20.000 euros. Y, sin embargo, Itziar González dijo que el distrito fue quien financió la consulta.

El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, compareció ayer ante los medios acompañado de García-Bragado para expresar su 'perplejidad' ante la decisión de la jueza. Hereu defendió la 'honorabilidad' de los dos acusados y criticó que se haya producido el mismo día en que Millet y Montull quedaron en libertad. Después de defender la gestión de su equipo, el alcalde anunció que acababa de aceptar la dimisión de los dos.

García-Bragado, hombre fuerte del ajuntament, deja el cargo de Urbanisme, pero mantiene la tenencia de alcaldía y sus responsabilidades en vivienda, infraestructuras y régimen interior. El caso del hotel del Palau, que ahora está salpicando de lleno el Ajuntament de Barcelona, salió a la luz a partir del caso del expolio del Palau, donde CiU se ha visto afectada por una presunta financiación ilegal.