Para responder al problema del grafiti, la mayoría de los ayuntamientos opta entre dos vías: endurecer las multas -Madrid va a subirlas hasta los 6.000 euros- o aumentar el gasto en limpieza de paredes cerca de 15 millones de euros al año en las ocho mayores capitales. Ninguna de estas dos respuestas convence a los grafiteros consagrados. Aseguran que son contraproducentes y apuestan por una tercera vía abierta ya en varias ciudades: delimitar espacios donde las pintadas sean legales.

Para Dier, un reputado grafitero que se ha hecho omnipresente en Madrid en los últimos 10 años, el incremento de las multas en la capital es 'sin duda otro globo sonda de los políticos con la intención de marcarse un tanto'. En opinión de este artista treintañero, los adolescentes no van a parar de pintar y la mano dura les dejará a 'expensas de la Policía, que es al final quien decide lo que se persigue y lo que no. Con esas multas sólo van a lograr que sea más peligroso pintar una pared que robar un bolso', opina Dier. 'Los jóvenes se encontrarán de pronto incluidos en el submundo de la criminalidad', sentencia.

El diagnóstico es similar entre los escritores de Barcelona. 'Lo peor no son las multas, sino que están blanqueando todas las paredes en las que antes nos dejaban pintar', denuncia el artista local Berok. 'Así, la única alternativa para muchos chicos es salir y guarrear en cinco segundos lo que antes se curraban durante horas', y advierte: 'Porque aunque sea a costa de perder calidad, van a seguir pintando, de eso no hay duda: los grafiteros necesitan paredes'.

Una de las ciudades que concede visados para pintar es Sevilla. 'Aquí la situación es muy distinta: el rollo vandálico está más controlado, porque se fomenta más el rollo legal', cuenta Blister, escritor de grafitis de la capital andaluza. 'Si hay muros, la gente se expresa allí y no en otro lado', afirma.

Seleka, otro artista sevillano, gestiona la concesión de estos permisos desde la asociación cultural Existe. 'Hacemos de nexo entre el grafitero y el Ayuntamiento', explica. 'Nos dejan pintar en dos puentes y en dos kilómetros de pared junto al río Guadalquivir, cerca de donde estuvo la Expo, pero en zonas de tránsito cotidiano', recalca.

Para Seleka, el alcalde socialista, Alfredo Sánchez Monteseirín, aceptó la propuesta de los grafiteros de facilitar estos espacios para el arte callejero consciente de que si no se abrían espacios legales para los jóvenes, irían 'por la calle bombardeando las paredes'. Aún así, costó encontrar quien firmara el acuerdo: 'Ningún político quería ligar su imagen a una decisión de este tipo'.

En Rivas-Vaciamadrid, municipio madrileño de 65.000 habitantes, el Ayuntamiento asume la necesidad que tiene la juventud de expresarse. 'Hemos creado un catálogo de muros disponibles', dice José Ramón Chamorro, director de la Concejalía de Juventud. Allí tienen su propio registro de jóvenes artistas, en el que apuntarse para acceder a estos muros. Se les entrega una acreditación y Juventud avisa a la Policía Municipal para que sepan cuándo y dónde van a estar.

Para los grafiteros ilegales, Chamorro ofrece otra respuesta: 'Por un lado, trabajamos con la familia y con una psicóloga y les obligamos a realizar servicios a la comunidad'. Entre ellos, limpiar sus pintadas. Y al parecer, funciona. 'Llevamos ya varios meses sin que ningún chico pase por mediación', recuerda. 'No queda ningún chaval en toda la ciudad que no sepa que, si quiere, tiene paredes donde pintar sin problemas'.