El Ministerio de Economía y Hacienda conocía desde el 4 de noviembre de 2010 que Nemesio Antonio Pisonero Domínguez, un hombre condenado a 26 años de cárcel por matar a tiros a su mujer y a su hijo en agosto de 1998, cobraba la pensión de viudedad por su víctima desde poco después de haber cometido el crimen. La percepción de dicha retribución por parte del recluso, dada a conocer ayer por el diario El Faro de Vigo, provocó una lluvia de críticas al ser el segundo caso de estas características conocido en los últimos días.

El departamento que dirige Elena Salgado se limitó a asegurar que iba a enviar la información que tenía del caso a la Abogacía del Estado para conocer si la ley ampara la retirada de la pensión al preso y si se le puede aplicar la medida con carácter retroactivo, ya que cuando se produjo la condena firme por homicida por sentencia del Tribunal Supremo, en 2001, aún no estaba en vigor la ley de protección a las víctimas de violencia de género que impide que los maltratadores cobren pensiones o hereden de sus víctimas.

Sólo tras salir ahora el caso en prensa, Salgado anuncia una investigación

Los portavoces oficiales de Hacienda consultados ayer fueron incapaces de explicar por qué no se investigó ya en noviembre de 2010 la pensión de viudedad que cobraba Nemesio Pisonero, un exprofesor de instituto que también ingresa una pensión por su jubilación. Incluso aseguraron que hasta este miércoles el departamento no tenía noticia de la situación del recluso, que cobra mensualmente 670 euros brutos por la muerte de su esposa.

Sin embargo, fuentes penitenciarias y del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) confirmaron ayer a este diario que las sospechas sobre la supuesta irregularidad en los cobros se produjo el 25 de octubre de 2010. Entonces, la dirección de la Seguridad Social en Orense, provincia donde está encarcelado Nemesio Pisonero, envió a la dirección de la prisión un escrito solicitando información sobre la condena por la que estaba recluido el autor del doble crimen después de conocer la existencia de la pensión.

El preso esgrime ese ingreso desde 2009 para disfrutar del régimen abierto

Dos días después, el centro penitenciario le remitía la respuesta: 'Homicidio con agravante de parentesco en las personas de su esposa y de su hijo'. En la condena, anterior a la ley de finales de 2004, no se recogía el término violencia de género.

Días después, en concreto el 4 de noviembre, la Seguridad Social de Orense remitía el acuse de recibo a la prisión y le informaba que los datos iban a ser remitidos a la delegación provincial de Hacienda. Como confirmaron a este diario fuentes de este organismo, los funcionarios del INSS ya sabían que la pensión de viudedad que el homicida cobraba no salía de sus arcas, sino de las del Ministerio de Hacienda, ya que tanto la víctima como su agresor eran profesores y cobraban por la Mutualidad de Funcionarios (MUFACE), por lo que la decisión sobre el cobro correspondía al departamento de Salgado.

Una de las fuentes consultadas aseguró ayer que la dirección provincial de Hacienda llegó a remitir supuestamente la información recibida a Madrid para saber si tenían que seguir pagando al recluso, y que desde la capital se les respondió que se debía mantener la retribución porque la ley amparaba la pensión. Al cierre de esta edición, los portavoces de Hacienda seguían insistiendo en que dicha información no llegó entonces a Madrid y, por tanto, no han podido investigar el caso hasta ahora.

Igualdad exige que 'no se vuelvan a repetir' situaciones similares

Se da la circunstancia que Nemesio Pisonero nunca ha ocultado que cobra una pensión por la muerte de su mujer. De hecho, periódicamente debe presentar ante los responsables de la prisión los documentos que acreditan el cobro de ésta y de los 1.800 euros que recibe por su condición de exprofesor para demostrar que tiene recursos y así poder seguir disfrutando del tercer grado penitenciario que le permite acudir a prisión sólo a dormir de lunes a viernes desde 2009.

Por su parte, la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Laura Seara, pidió ayer a los ministerios de Economía y Hacienda, y Trabajo que investiguen si hay más casos como los conocidos esta última semana, informa Efe. 'Queremos que no se vuelvan a repetir', sentenció. Seara agregó que estos hechos no se deben a un defecto en la Ley Integral contra la Violencia de Género. 'No ha fallado, en ningún caso', insistió.

Fuentes de la Secretaría de Estado de Igualdad reconocieron que en el caso de Nemesio Pisonero, al tratarse de una condena anterior a la Ley, depende de Hacienda revocar el derecho del condenado a recibir la pensión. 'Desde que ayer conocimos este caso, hemos pedido que se revisen todos los anteriores a la ley, aunque habrá que esperar al informe de la Abogacía del Estado para ver si hay herramientas que impidan que se repitan casos similares', explicaron. 'Aun así, algo hemos conseguido: que hoy nos escandalice algo que antes de 2004 no despertaba el más mínimo revuelo', concluyeron dichas fuentes.