El Gobierno vasco recusa a dos jueces del 'caso Ibarretxe'

El Gobierno vasco dio ayer el primer paso para garantizar que el lehendakari tenga un tribunal “imparcial” en la causa abierta contra él y los dirigentes socialistas Patxi López y Rodolfo Ares por reunirse con Batasuna durante el frustrado proceso de paz. La portavoz del Ejecutivo, Miren Azkarate, anunció que la defensa de Juan José Ibarretxe recusará a dos de los tres jueces de la Sala Civil y Penal, encargada del caso en en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco .

Se trata del presidente del alto tribunal vasco, Fernando Ruiz Piñeiro, y del magistrado Antonio García, quienes en su último trámite procesal, el pasado mes de octubre, ya rechazaron los recursos interpuestos por las defensas de los procesados para el archivo de la causa. La decisión de ambos fue suficiente para que el procedimiento siguiera adelante, en contra de la opinión de la tercera magistrada de la Sala Civil y Penal, Nekane Bolado, que emitió un voto particular.

A la vista de estos hechos, entre otros, Azkarate explicó que el Gobierno vasco había decidido recusar a Ruiz Piñeiro y Antonio García por “estar contaminados judicialmente”, “por la falta de imparcialidad que han demostrado y por tener un interés directo en el fondo de la causa seguida contra el lehendakari”.

La portavoz del Ejecutivo vasco criticó además que ambos miembros del TSJPV han ido más allá de su cometido estricto en la judicatura al opinar “reiteradamente sobre cuestiones políticas” en contra de las ideas que defiende Ibarretxe. Ambos, afirmó, “han hecho reiteradamente ostentación pública de su posición contraria a cualquier clase de diálogo político para resolver los conflictos”.

“Sinrazón jurídica”

 Azkarate subrayó que la última actuación de la Fiscalía, pidiendo de nuevo este mismo lunes la absolución de todos los procesados, es una prueba más de la “sinrazón jurídica” de los miembros del tribunal. “No atienden a razones de la Fiscalía, ni a los argumentos del Tribunal Supremo ni de la Audiencia Nacional”. El PSE, por su parte, se desmarcó de nuevo del Gobierno de Vitoria al rechazar la recusación de los miembros de la Sala Civil y Penal.