El Gobierno sale en defensa de Wert: "Los padres tienen derecho a elegir"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saéz de Santamaría, ha pedido hoy centrar el debate de la reforma educativa en los alumnos, sus familias y el profesorado para frenar el fracaso escolar y el paro juvenil y no buscar puntos de confrontación importante.

Preguntada en la conferencia de prensa del Consejo de Ministros por la polémica con la Generalitat de Catalunya sobre el tratamiento del catalán en la reforma de la Ley Orgánica de Educación, ha señalado que la educación es un "derecho" de las personas, que tienen que proporcionar los poderes públicos a los ciudadanos, "en el ejercicio de su libertad".

Al final, ha dicho, hay una cosa que es la libertad de enseñanza y el derecho a la educación y también, por tanto, el derecho de los padres a elegir la educación que reciben los hijos (en este caso, a ser educados en castellano). Pero, en ocasiones, ha criticado, la educación sirve para hacer "determinados discursos políticos".

Con independencia de los modelos lingüísticos de las comunidades con lengua cooficial "hay unos derechos de los ciudadanos reconocidos por la Constitución y por sentencias del Supremo y el Constitucional, y ningún poder publico en España -ha subrayado- puede considerarse ajeno a la doctrina que dictan los tribunales".

Preguntada por las palabras de Josep Antoni Duran Lleida, quien ha pedido la dimisión de Wert por considerar que el anteproyecto educativo es "el peor ataque desde la muerte de Franco que ha recibido el catalán", ha dicho que "siempre las leyes educativas generan tensión política, pero les pido a todos los grupos políticos que nos fijemos en un objetivo básico, que son los ciudadanos".

"Si nos centramos todos -ha proseguido- en que lo importante es la persona y no lo que dice tal parlamento o partido político, a lo mejor podremos sacar adelante uno de los temas claves del país: que no podemos estar con un 50% de desempleo juvenil".

También ha explicado que compete al Ministerio de Educación y al Gobierno en su conjunto la iniciativa legislativa para la reforma educativa y que los grupos políticos podrán presentar alegaciones y enmiendas en el trámite parlamentario, aunque ha recordado que aún es un borrador pendiente de más consultas con las comunidades antes de ser enviado al Congreso. Además, ha pedido "valorar mucho más" la democracia y trabajar por su calidad y "no sacar siempre a relucir años de dictadura".

En la norma, ha asegurado, "no se minusvalora ninguna lengua cooficial", sino que el anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) se limita a que el sistema de inmersión lingüística "se respete en los términos" señalados por el Supremo y el Constitucional.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la distribución de 12,75 millones de euros entre las comunidades para la mejora de la calidad de la Formación Profesional (FP) y de 4,25 millones de euros para los procedimientos de reconocimiento de competencias profesionales adquiridas con la experiencia laboral o formación de otro tipo.