El Gobierno descarta desalojar a los indignados

La decisión de la Junta Electoral Central de declarar "contrarias" a la legislación las manifestaciones de los indignados no implica que la Policía deba desalojar los campamentos ni las reuniones que se den en torno a ellos, siempre que sean pacíficas. El Gobierno no trasladó una postura clara hasta que recibió una respuesta de los servicios jurídicos del Estado, a los que se había dirigido después de que la Junta Electoral ignorara la noche anterior la doctrina del Tribunal Constitucional.

Los manifestantes, decididos a continuar con su protesta, respiraron aliviados, pero también la Policía. Ninguno de sus responsables consideraba posible una intervención "proporcionada" en la Puerta del Sol. La única actuación policial correcta era no actuar y así se lo habían trasladado al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, adelantó por la mañana en la Ser que los agentes actuarían "con inteligencia". Rubalcaba, tras el Consejo de Ministros, añadió: "La Policía, donde hay un problema, para resolverlo no crea otro, ni dos, ni tres".

El Ejecutivo se basa en un informe de los servicios jurídicos del Estado

El Ejecutivo apoya su decisión de no intervenir, excepto si hay altercados, en dos leyes orgánicas y en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). La Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana dice que el Gobierno sólo puede ordenar disolver una manifestación en los casos que marca otra Ley Orgánica, la reguladora del Derecho de Reunión. ¿Y cuáles son esos casos? Las reuniones que en sí mismas constituyan un "ilícito penal", las que provoquen altercados con daños a personas o bienes, o aquellas en las que se utilicen "uniformes paramilitares". Ni rastro de esos supuestos asomaban en la Puerta del Sol.

La doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos apunta en la misma dirección que la legislación española. Una sentencia dictada por el TEDH el 8 de febrero de 2011, adjuntada por los servicios jurídicos, insta a los poderes públicos a demostrar "una especial tolerancia" con las concentraciones pacíficas. El TEDH apela a la libertad de reunión que garantiza el artículo 11 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

La Policía advirtió a Rubalcaba del riesgo de una intervención en Sol

Para evitar el único supuesto que provocaría una intervención, los altercados, la Policía trabaja para que los radicales no revienten la protesta, como ocurrió el pasado domingo tras la marcha por el centro de Madrid. Atentos a los foros de internet y a los movimientos de los ultras, la Brigada de Información intentaba prevenir la irrupción de los violentos, tanto desde dentro de la acampada grupos autodenominados de extrema izquierda como desde fuera nazis y resto de ultraderecha .

De igual modo, el Gobierno informó de que la decisión de la Junta Electoral Central es de obligado cumplimiento para cualquier ciudadano. "La Junta Electoral ha decidido que las concentraciones se prohíben, pero todo eso hay que hacerlo cumpliendo las leyes y de forma proporcional", resumió Rubalcaba, quien no aclaró en su comparecencia en qué supuestos podría intervenir la Policía, informa Iñigo Aduriz.

Ese obligado cumplimiento de la resolución de la Junta Electoral hace que aquellos que decidan manifestarse hoy sábado o mañana domingo se enfrenten a los distintos castigos que recoge la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG). Sin embargo, fuentes gubernamentales descartaron que se vaya a considerar delito la mera asistencia. Las infracciones electorales, de poder detectarse, están castigadas con multas que van de los 100 a los 1.000 euros.

Cuatrocientos antidisturbios se turnan para vigilar la plaza

Al cierre de esta edición, los agentes sólo se habían empleado con una treintena de miembros del partido Regeneración, que lidera el periodista de Intereconomía Enrique de Diego, informa Europa Press. Pretendían entregar un manifiesto a los indignados, pero primero estos y luego la Policía, que los identificó e impidió el paso, evitaron que sacaran provecho de la acampada. De Diego fue detenido el 2 de abril por agredir presuntamente a dos policías durante una protesta no autorizada a las puertas de la sede del PSOE.

Ayer estaba previsto que unos 400 miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los conocidos como antidisturbios, se fueran turnando para controlar la Puerta del Sol. Para ello tuvieron que llegar refuerzos de otras ciudades, algo habitual en las elecciones y otros acontecimientos relevantes.