El Gobierno defiende la continuidad del Marquesado de Queipo de Llano

El pasado 17 de julio, el Boletín Oficial del Estado volvió a dar vida a un pedazo del franquismo. 

Ese día, el ministro de Justicia, publicaba la orden JUS/1574/2012. Por ella, el Gobierno mandaba expedir real carta de sucesión en el título de marqués de Queipo de Llano a favor de Gonzalo Queipo de Llano Mencos. Más fácil: renovaba la continuidad del título nobiliario del Marquesado de Queipo de Llano en la persona del nieto del general, uno de los hombres de Franco que más sangre derramó durante la Guerra Civil. Ni siquiera la fecha de publicación de la orden ministerial quedó exenta de polémica: fue otro 17 de julio, pero de 1936, cuando se inició la sublevación militar contra la Segunda República. 

El atrevimiento y la provocación del Ejecutivo de Mariano Rajoy fueron contestados por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Días después, el 3 de agosto, el primer portavoz adjunto de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), José Luis Centella, registraba su pregunta en el Congreso. Le preguntaba al Ejecutivo por qué había concedido la renovación del marquesado, por qué decidía mantener esos honores, "incompatible con el necesario respeto" a las víctimas de la rebelión franquista, y por qué no lo suprimía, directamente. 

"No se está dando ningún tipo de honor al fundador del título", dice Justicia 

Centella ya tiene su respuesta [descargar aquí]. Gallardón no se baja del caballo y hace ver casi como que pasaba por allí. El Ejecutivo dice que no otorgó su renovación, ya que este tipo de títulos "sólo son objeto de sucesión una vez han sido creados". Es decir, que lo que ha hecho Justicia ha sido reconocer el derecho sucesorio del nieto del general, "no existiendo imperativo legal alguno que lo impida". Añade que el actual título de marqués de Queipo de Llano fue ya "rehabilitado" a favor de Gonzalo Queipo de Llano Martí, padre del actual portador, en 1981, "tras llevar el mismo 27 años en situación de caducidad". 

Justicia, en su réplica por escrito al diputado firmada el 17 de septiembre, difundida hoy y a la que ha tenido acceso Público, alega que no podía hacer otra cosa. Que ungiendo al sucesor "no se está dando ningún tipo de honor o reconocimiento al fundador del título, sino que se sólo se está reconociendo el actual derecho de su nieto a ostentarlo, de acuerdo con la normativa vigente".

Gallardón no dice nada de borrar el título parido en el régimen fascista

El Ejecutivo subraya que no puede revocar el título, ya que esto únicamente es posible por "irregularidades procedimentales, documentales o de aparición de personas con mejor derecho sucesorio declarado en sentencia judicial". Ni siquiera ello supondría la supresión, sobre la que Gallardón no se pronuncia. Sobre el marquesado por el que Centella pregunta no existe ninguna traba que cuestione su "validez", así que al Gobierno tiene el "deber" de "hacer efectivos" los derechos de los sucesores y aplicar "estrictamente" la normativa nobiliaria vigente. 

El diputado por Sevilla y secretario general del PCE manifestó su indignación con la respuesta del Ejecutivo. Para empezar, subraya que el "silencio" del Gobierno negándose a avanzar si piensa suprimir o no el marquesado de Queipo revela que el ministro "no entiende que este título otorgado por la dictadura en 1956 deba ser suprimido, lo que permitiría consolidar este honor en el futuro". Y no eliminar esa distinción supone, para IU, "mantener el reconocimiento que en su día le fue concedido al golpista y represor Queipo de Llano de una manera ilegítima".

IU insistirá en que sea posible la supresión directa de la nobleza creada por la dictadura

Centella añade que el Gabinete de Rajoy contaría con una herramienta clave: la Ley de Memoria Histórica, de 2007, que obliga a la supresión de símbolos de exaltación del franquismo, si bien no habla de los honores nobiliarios. De hecho, en su exposición de motivos de 3 de agosto, el diputado recordaba que el Ayuntamiento de Sevilla decidió el 18 de julio de 2008 –cuando lo cogobernaban PSOE e IU– la retirada de la medalla de oro de la ciudad y el título de hijo adoptivo. La moción la defendió IU y se apoyó por unanimidad del pleno (PSOE, IU y PP). El 30 de octubre del mismo 2008, la Diputación de Sevilla aprobó, también por unanimidad (PSOE, IU, PP y Partido Andalucista), retirar los galones concedidos por la institución entre 1936 y 1967 a Franco y Queipo. 

IU adelantó su siguiente paso: planteará al Ministerio de Justicia que ajuste la legislación para que sea posible "la eliminación automática de todos los títulos y honores que fueron concedidos por la dictadura franquista a personas implicadas en acciones criminales y de terror durante la Guerra Civil y la dictadura", por formar parte de la "justicia histórica" que precisa la sociedad española y consolidar la política de reconciliación nacional que el PCE auspició desde 1956.

En 2009, el Ejecutivo socialista ya prorrogó los honores del Ducado de Mola

En 2009, Público ya contabilizó cuántos honores creados por Franco pervivían en la democracia: 39. 39 distinciones otorgó el general desde que se atribuyó en 1948 la prerrogativa de conceder títulos nobiliarios a quien quisiera hasta su muerte, en 1975. La cifra, compendiada por la ARMH a raíz de que el Ejecutivo socialista renovara el Ducado de Mola, con Grandeza de España, a los sucesores del general golpista, sirvió para que el entonces único portavoz en el Congreso de IU, Gaspar Llamazares, formulara la misma pregunta que este año hizo Centella. En aquel año, la respuesta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ni siquiera fue tan prolija: se limitó a señalar que la Ley de Memoria Histórica "no contempla en su articulado ninguna previsión respecto de las cuestiones planteadas" por el diputado. En efecto, es una de las citadas flaquezas de la norma, que sólo obliga a las administraciones públicas a reitrar "escudos, insignias, placas y otros objetos y menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura". Nada de títulos. ERC también pidió en 2009 la eliminación de la nobleza que creó el dictador. 

Han pasado casi 37 años de la muerte del dictador. Y por ahora, no hay síntomas de que se pueda borrar esa huella ignominiosa que resta, como tantas otras, del régimen que secuestró la democracia española cuatro décadas.

El nombre de Gonzalo Queipo de Llano y Sierra (Tordesillas, 1875-Sevilla, 1951) quedará para la posteridad como sinónimo de brutalidad y masacre. Más de 8.000 españoles leales al Estado legítimo de la República fueron ejecutados por orden del general, según la última lista de bajas dada a conocer por Público la pasada semana. Él fue el hombre que actuó por su cuenta, con su propia ley de sangre y horror, en Andalucía, el que activó todo un completo aparato de represión. 

Queipo se ayudó de un arma fundamental: la radio. Con sus peroratas y arengas incendiarias en Unión Radio Sevilla, animaba a sus tropas y amenazaba a los republicanos. Guerra psicológica a sangre y fuego, con un estilo sucio, ofensivo, chabacano, insultante. 

Centella recoge algunas de aquellas célebres charlas en los micrófonos. Son algunos ejemplos de la bestial sed de venganza y criminalidad de Queipo:

"¿Qué haré? –se preguntaba Queipo en una de sus célebres arengas–. Pues imponer un durísimo castigo para callar a esos idiotas congéneres de Azaña. Por ello faculto a todos los ciudadanos a que, cuando se tropiecen a uno de esos sujetos, lo callen de un tiro. O me lo traigan a mí, que yo se lo pegaré". "Ya conocerán mi sistema: por cada uno de orden que caiga, yo mataré a diez extremistas por lo menos, y a los dirigentes que huyan, no crean que se librarán con ello. Les sacaré de debajo de la tierra si hace falta, y si están muertos los volveré a matar".