Los republicanos saldrán del Valle de los Caídos. El Gobierno ha elaborado un censo de enterrados en el mausoleo para facilitar a las familias que lo soliciten un lugar digno para el descanso de sus antepasados. El proyecto cuenta con un presupuesto de dos millones de euros para que las víctimas dejen de descansar junto al culpable de su muerte, el dictador Francisco Franco.

El pasado 1 de septiembre, tan sólo dos días después de que el Congreso instara al Ejecutivo a facilitar a las familias la exhumación de sus antepasados, se firmó el convenio entre el Ministerio de Justicia y el de Presidencia para llevar a cabo el compromiso. Desde entonces, se han digitalizado los tres libros de registro que la abadía benedictina conserva en el valle de Cuelgamuros para cruzar los datos de entrada de cuerpos con los documentos guardados en el Archivo General de la Administración que indican el origen de los restos.

40.000 republicanos pueden estar enterrados en Cuelgamuros

El dictador comenzó su propia memoria histórica para la inauguración del recinto en 1959. Puso a los gobernadores civiles a elaborar mapas de fosas por provincias, a exhumar los cadáveres y a trasladarlos para la inauguración que conmemoraba '20 años de paz'. En el camino profanó las fosas de fusilados republicanos y gastó el equivalente a 226 millones de euros. La dignificación de esos cuerpos robados costará sólo dos millones.

El método del Gobierno para sufragar el proceso es a través de las subvenciones que el Ministerio de Presidencia otorga desde 2006 a los proyectos de recuperación de la memoria histórica. Una enmienda presentada por IU, ICV y ERC a los últimos Presupuestos Generales del Estado aumentó en dos millones, los 1,5 previstos para todos los proyectos que las asociaciones presentaran para 2010.

Sin embargo, los solicitantes están esperando a que se publique la convocatoria de esas subvenciones, que llevan cuatro meses de retraso. La oficina de atención a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura asegura que sólo ha recibido una solicitud, pese a que este suceso fue denunciado ante la Audiencia Nacional por decenas de afectados. Ese solicitante es Fausto Canales, quien conoce el lugar exacto de los columbarios donde los franquistas depositaron las cajas de los fusilados en Aldeaseca (Ávila), entre los que estaba su padre. 'En la investigación descubrí que mi tío también había sido trasladado desde Griñón (Madrid)', explica Canales.

El proyecto cuenta con un precedente de 103 cuerpos exhumados en 1980

Esos cuerpos de fusilados por los partidarios de los golpistas no tienen nombre ni apellidos en los registros. Los burócratas benedictinos tan sólo censaron con nombre y apellidos a 33.847 cadáveres. Todos de su bando. Los republicanos entre 15.000 y 40.000 según los investigadores fueron señalados por el pueblo de procedencia. Unas fotografías realizadas por la agencia Efe de los traslados en 1959 muestran cómo las cajas eran selladas con el nombre de la localidad de origen.

No será la primera vez que se realice un proyecto de este tipo en el Valle de los Caídos. En 1980 fue creada una comisión dirigida por el historiador Javier Tussel, que organizó la exhumación de 103 personas llevadas allí desde Lodosa (Navarra). El golpe de Estado del 23-F, un año después, paralizó cualquier intento de alteración de las tumbas.

El Gobierno ha presupuestado dos millones de euros para los trabajos

En 2004, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, retomó la labor y visitó el Valle de los Caídos para elaborar un estudio sobre el estado de los restos. Fuentes de Patrimonio Nacional institución del organigrama de Presidencia aseguran que los restos están 'en un estado de conservación preocupante por las condiciones de humedad'.

Canales no pierde la esperanza: 'Puede que haya habido filtraciones, pero si hubo un precedente en 1980, también se puede hacer ahora. Habrá que hacer pruebas de ADN y lo que haga falta'.

El deterioro de la basílica del Valle de los Caídos ha obligado a Patrimonio Nacional a cerrar el recinto salvo para la celebración de las misas. La humedad del recinto excavado ha provocado desprendimientos en la cúpula del altar, pero también ha afectado al lugar donde se encuentran los cuerpos trasladados allí. Las salas han sufrido 'hundimientos', según fuentes de Patrimonio que aseguran que la estructura 'no corre peligro'. Los colectivos vinculados a Falange han iniciado una campaña contra una supuesta intención del Gobierno de cerrar el recinto. Extremo negado por Presidencia.