'El óbolo de la viuda vale mucho más que otros donativos más grandes'. Francisco Javier Martínez, arzobispo de Granada, pedía así a las comunidades religiosas un ejercicio de caridad para contribuir a financiar la diócesis. Lo hacía en una carta, en 2007, en la que se quejaba de la 'escasa colaboración económica de los fieles de Granada' y solicitaba a las organizaciones eclesiásticas que recortaran dinero de las misiones para sostener la vida de la Iglesia diocesana. Nadie sospechaba entonces que, dos años y medio después, los gastos y el endeudamiento del arzobispado se multiplicarían como el milagro del pan y los peces. Desde que asumió el cargo como arzobispo de Granada, en marzo de 2003, la deuda de la diócesis ha pasado de 1,2 millones a 28 millones de euros.

El origen se encuentra en las costosas iniciativas ideadas para controlar la formación religiosa a través de la creación de centros, en los que ha colocado a personal de su confianza vinculado al movimiento ultracatólico Comunión y Liberación. Algunos de estos fieles y otros ligados al Camino Neocatecumenal (los kikos) fueron los que rezaron en los pasillos de los juzgados el día en que el arzobispo se sentó en el banquillo, acusado por un canónigo de acoso moral.

Martínez ha vinculado sus proyectos a grupos ultracatólicos

Poco a poco, Martínez ha ido colocando a militantes de Comunión y Liberación en los nuevos centros, en los que ha contratado a unas 60 personas. Los gastos de personal, que superan los 300.000 euros al año, los afronta la diócesis.Él cobra 1.200 euros al mes. Pero tiene todas las necesidades cubiertas, y sus gastos extraordinarios (viajes, comidas y cenas) corren a cargo del arzobispado. Las fuentes consultadas afirman que Martínez ha disparado de forma preocupante los gastos de personal a su servicio: tres secretarias, un chófer, una gobernanta, una cocinera, una empleada de limpieza. Toda una legión si se compara con la plantilla que tenía a su servicio su antecesor, Antonio Cañizares: un secretario personal y una asistenta a medida jornada.

Su última decisión fue la de embarcar a la diócesis en un préstamo de 19,5 millones para la Escuela Universitaria de Magisterio La Inmaculada, ahora en obras. Martínez logró el respaldo de dos órganos eclesiásticos consultivos, cuyas decisiones son vinculantes para el prelado: el Colegio de Consultores y el Consejo Diocesano de Asuntos Económicos. Ambos órganos dieron su consentimiento para crear una fundación que solicitaría el préstamo y gestionaría la escuela. Martínez se garantizó así el apoyo necesario con la promesa de que el Arzobispado se limitaba a ceder el solar. Pero una vez obtenido el plácet, el prelado solicitó permiso a la Santa Sede para endeudar directamente al arzobispado.

El prelado tiene chófer, gobernanta, limpiadora, cocinera y tres secretarias

Y así fue. El Banco Popular concedió un préstamo de 19.518.133 euros mediante la firma de una hipoteca constituida a nombre del arzobispado. La actuación de Martínez provocó quejas ante el nuncio y ante el Vaticano. La última, que suscribieron miembros del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos, fue planteada el pasado septiembre ante la Congregación para los Obispos de la Santa Sede, que aún no ha adoptado ninguna resolución.

El préstamo supone hipotecar a la diócesis durante un plazo de 25 años, periodo tras el cual el arzobispado habrá pagado unos 38 millones.