El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acudirá al Tribunal Constitucional si finalmente el Tribunal Supremo le condena por su investigación de los crímenes del franquismo, un trámite para el que ya tiene preparados los argumentos jurídicos.

En concreto, el magistrado sostiene que el Tribunal Supremo ha vulnerado sus derechos fundamentales a un proceso con todas las garantías, a un juez imparcial y al principio de igualdad entre las partes. Así lo asegura en el escrito presentado este lunes por su abogado, Gonzalo Martínez Fresneda, en el que denuncia ante el Alto Tribunal esta supuesta vulneración de sus derechos fundamentales.

Este trámite es indispensable para poder poner un recurso ante el Tribunal Constitucional, según explicaron fuentes del proceso. El artículo 44 de la ley orgánica que regula este tribunal señala que sólo se podrán elevar recursos de amparo cuando las presuntas violaciones de los derechos constitucionales 'se hayan denunciado formalmente en el proceso'.

Garzón considera que el Supremo vulneró su derecho a un proceso con todas las garantías cuando inadmitió a trámite la recusación interpuesta contra el magistrado Luciano Varela, instructor de la causa abierta por su investigación de los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura de Franco.

El magistrado Andrés Martínez Arrieta, instructor del incidente de recusación, decidió el pasado viernes inadmitir a trámite la petición de Garzón al concluir que Varela no sólo no ha perdido la imparcialidad en la causa, sino que ha actuado para garantizar el derecho de defensa del juez de la Audiencia Nacional.

El escrito presentado por el letrado de Garzón subraya que el incidente de recusación cumplía 'todos los requisitos legales', por lo que no podía ser inadmitido de plano, sin practicar ninguna prueba ni someterlo al criterio de los magistrados de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal.

'En tales condiciones, el instructor de la recusación no está autorizado a inadmitirla, ni tampoco a entrar a decidir el fondo de la recusación, ya que esta facultad está atribuida al pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo', señala la denuncia de Garzón.

Por lo tanto, considera que Martínez Arrieta le ha privado de 'una garantía fundamental', en concreto la de que su incidente de recusación fuese 'examinado por toda la Sala y no dependa del criterio de un solo magistrado'.

Además, censura que el instructor no practicara 'prueba alguna sobre lo sucedido, ni tan siquiera la más esencial de confrontar las resoluciones del magistrado recusado con los textos a los que van referidas'.

El juez de la Audiencia Nacional recusó a Varela porque, a su juicio, está ayudando a las acusaciones para que procedan contra él, demostrando 'interés indirecto en el procedimiento y parcialidad en el mismo'. Garzón se refería al hecho de que Varela pidiese a Falange -que finalmente fue expulsada del proceso- y a a Manos Limpias que presentaran nuevos escritos de acusación subsanando una serie de errores.

De forma complementaria, Garzón denuncia la vulneración del principio a la igualdad entre partes al entender que Varela dio 'oportunidades atípicas' a las acusaciones para que procedieran contra él. De hecho, el escrito de Martínez Fresneda llega a asegurar que Varela es el 'autor intelectual' de los escritos de acusación.

El juez de la Audiencia Nacional llega a la conclusión de que su representación legal y las acusaciones populares 'no han merecido el mismo trato en cuanto a la tutela judicial que reciben'. Por último, Garzón considera que se ha vulnerado su derecho a un juez imparcial al depender su proceso de un magistrado que, a su entender, 'ha tomado un evidente interés parcial en el asunto'.