Será más que difícil volver a ver una manifestación de decenas de miles de personas contra la reforma de la Junta, como en enero y noviembre. La aprobación de la ley de reordenación del sector público ha enfriado, o al menos ha atemperado, el clima de rechazo a la reforma surgido tras el verano pasado entre los funcionarios y sus representantes sindicales. La oposición sigue viva y puntualmente será visible -este mismo miércoles hay un acto de Safja en Málaga-, pero cunde la certeza de que desde la calle es casi imposible revertir la ley y de que las grandes manifestaciones y las protestas continuas dejan ahora paso a otras formas de luchar contra la reforma, sobre todo centradas en convencer de sus argumentos a los funcionarios y a la opinión pública y en plantar batalla en los tribunales, según las impresiones recabadas por Público entre las principales organizaciones.

Tras una primera reunión de los sindicatos y las plataformas contrarias a la reforma el jueves en Antequera, todos están convocados a otra a mediados de marzo para definir estrategias. 'Esto no ha acabado. Va a haber una larga batalla judicial. Recurriremos los estatutos de las agencias', advierte Alicia Martos, líder de CSIF, que evita descartar movilizaciones aunque admite que 'el escenario es otro'. Las movilizaciones nunca consistirán, puntualiza, en el boicoteo de actos de campaña, por respeto a los actos de expresión democrática, el mismo motivo por el que CSIF no acudió a la protesta del 28-F.

Martos insistía ayer en que no acudir a esa protesta no fue, 'ni mucho menos', un gesto de tregua ni de rendición. Pero lo cierto es que el único sindicato que se destacó en la discreta protesta del 28-F fue Safja, que ayer hizo público un calendario reivindicato que incluye marchas a pie y un referéndum.

Desde Safja admiten que 'no es lo mismo un decretazo que una ley aprobada', pero insisten en que la opción de las manifestaciones sigue ahí. La publicación de las intenciones de Safja no agradó en CSIF. 'Está todo aún por consensuar. Safja quiere un protagonismo que no le corresponde', afirma Martos. A finales de abril los funcionarios están convocados a unas elecciones sindicales.

Rocío Luna, secretaria de Acción Social de Ustea, reafirma el rechazo de su sindicato a 'todo el concepto de la reforma', al tiempo que se muestra 'realista'. 'Hay que cambiar la estrategia. Primero, estudiar la ley a fondo. Presentar recursos cuando podamos. Hacer asambleas. Informar a los trabajadores. Y escucharlos. No podemos plantear una estrategia de arriba a abajo', afirma.

La propia dinámica reivindicativa ha conducido a los sindicatos (salvo a CCOO y UGT, que suman un 30% en la Administración) a una situación paradójica. Sus protestas son claves para haber cambiado sustancialmente y a mejor la reforma desde el decreto de julio de 2010 hasta la ley aprobada en febrero. Pero su rechazo frontal a la propia reforma les impide capitalizar el éxito de su estrategia de presión, ya que sostienen que las numerosas enmiendas garantistas introducidas durante la tramitación parlamentaria no son más que maquillaje.