Admitir la mayor. Es la fórmula elegida por la Fiscalía General del Estado para salir al paso de los cables con los que la embajada de Estados Unidos en Madrid informaba a su Gobierno de sus contactos con jueces y fiscales de la Audiencia Nacional sobre casos que afectaban a dicho país.

Y después, el argumento: 'La Fiscalía de la Audiencia Nacional, como el resto de las que integran el Ministerio Público español, fundamenta las posiciones que mantiene en el conjunto de los procedimientos en que interviene con absoluta autonomía y sobre la base de criterios estrictamente jurídicos, sin admitir ninguna clase de injerencia externa'. No los cita, pero se refiere a la muerte del cámara José Couso, las supuestas torturas cometidas en la base estadounidense de Guantánamo y los vuelos de la CIA en los que se trasladaron a presos hasta allí.

Un abogado del caso Couso' cree que el fiscal pudo cometer encubrimiento

Los aludidos en las filtraciones de Wikileaks de las que informó ayer El País, el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y el fiscal coordinador de terrorismo, Vicente González Mota, coincidieron ayer en atribuir, con unas u otras palabras, a la cortesía y al funcionamiento habitual de la fiscalía sus contactos con diplomáticos estadounidenses.

'Se informa, legal e imparcialmente, a todas las partes. Ello no supone ni rendir cuentas ni representar los intereses americanos ante los tribunales', aseguró González Mota. El fiscal jefe se encontraba precisamente ayer en Estados Unidos, país con cuya fiscalía 'mantiene una estrecha y fructífera relación de cooperación' en la lucha contra el terrorismo internacional y la criminalidad organizada.

Los fiscales defienden su independencia y autonomía

Para negar cualquier tipo de injerencia estadounidense en la actuación de la fiscalía, González Mota recordó que él mismo pidió la desclasificación de los documentos del Centro Nacional de Inteligencia relacionados con el paso por España de aviones que transportaban presos. El cable hecho público afirma que el fiscal estaba convencido de que en ellos no había datos 'incriminatorios'. Pero cuando solicitó la medida, González Mota desconocía el contenido de los documentos secretos, aunque sí podía mostrarse escéptico sobre la relevancia que tuvieran en la causa.

Zaragoza insistió en que la posición de la fiscalía siempre fue contraria a que Baltasar Garzón asumiera la querella presentada en la Audiencia Nacional por supuestas torturas de Guantánamo. La investigación correspondió al juez Eloy Velasco, aunque Garzón mantuvo abierta otra causa.

El propio Velasco, que coincidió con Santiago Pedraz instructor del caso Couso en que en ningún momento se han sentido presionados por EEUU en la instrucción de las causas que investigan, calificó de 'coherente' la posición de la Fiscalía.

La información de los procedimientos facilitada a los diplomáticos estadounidenses fue enmarcada dentro de las obligaciones que el Estatuto Fiscal impone al ministerio público. González Mota señaló que también se informa de la posición de la fiscalía a asociaciones de víctimas y a todas las partes interesadas.

Pese a las explicaciones, la Unión Progresista de Fiscales exigió en un comunicado que todas las autoridades 'rijan su actuación exclusivamente por la legalidad y el Derecho, y no por intereses o influjos de una supuesta razón de Estado'.

Y el abogado Enrique Santiago, que ejerce la acusación en los tres casos afectados anunció que estudia si la fiscalía pudo cometer un delito de encubrimiento, 'por supeditarse a una potencia extranjera frente a los intereses de ciudadanos españoles víctimas de delitos graves, que es su función estatutaria'.

'Es un escándalo que afecta a España y a la Justicia', dice Willy Meyer (IU)

A su juicio, 'los documentos que hay en las actuaciones, aunque no estén declaradas secretas, no pueden ser entregados a quien no es parte del proceso'. Quien lo hace se enfrenta a una sanción. Por eso, Santiago no entiende las razones esgrimidas por la Fiscalía.

El Gobierno negó ayer cualquier tipo de presión. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, afirmó que la Fiscalía 'se pronuncia con luz y taquígrafos en todos los asuntos. Añadió que las filtraciones 'son valoraciones subjetivas, pronunciadas en un entorno discreto y que ahora se han descontextualizado'.

En la misma línea, la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, recalcó que 'en España la Justicia es independiente y actúa con mucha seriedad. Es impensable que se pueda ver presionada bajo ningún concepto para que pueda cerrarse un procedimiento judicial', informa Juanma Romero.

Para José Antonio Alonso, portavoz socialista en el Congreso y ministro de Defensa cuando la embajada remitió los documentos, estos recogen únicamente 'opiniones unilaterales' de los norteamericanos, informa EP. 'A los responsables públicos hay que tasarles por lo que hacen y no por que dicen que hacen', insistió.

Izquierda Unida quiere, no obstante, que el Gobierno actúe y pida 'explicaciones urgentes' al Ejecutivo estadounidense por 'los graves casos de espionaje' que demuestran las filtraciones. En opinión del eurodiputado de IU, Willy Meyer, los documentos vuelven a poner de manifiesto 'la injerencia de EEUU en los asuntos internos de otros Estados, haciendo caso omiso al principio de no intervención y de igualdad soberana' de los mismos.

'Es un escándalo que afecta a nuestro país y a la Justicia', sentenció el portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, que centró sus críticas en la Fiscalía. El diputado exigió la cabeza del fiscal general, Cándido Conde-Pumpido. 'O explica claramente las relaciones oscuras e inconfesables por las que la fiscalía informaba a los acusados o debe dimitir', zanjó. El diputado del BNG, Francisco Jorquera, exigió la comparecencia de Conde-Pumpido y la del ministro Caamaño en el Congreso ante la aparente 'complicidad' de ambos para 'frenar' causas en España.

Más comedida, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, exigió a la comunidad internacional una 'respuesta conjunta', ya que consideró que los documentos publicados 'pueden afectar a aspectos importantes en las relaciones diplomáticas e internacionales'.