El final de ETA deja a Rajoy sin excusas para mantener la dispersión carcelaria

Las cárceles no notarán la desaparición de ETA. Las carreteras, tampoco. Este fin de semana, los familiares de los presos acusados de pertenecer a esa organización volverán a recorrer cientos de kilómetros para realizar breves visitas a través de un cristal. Precisamente ahora, con un nuevo escenario de paz que ya nada ni nadie podrá romper, reclaman también el final de la política penitenciaria de excepción que empezó hace treinta años y que a día de hoy continúa vigente porque así lo desea el Gobierno del PP.

Urtzi Errazkin se mueve entre la esperanza y el cansancio. El portavoz de Etxerat, la asociación de familiares de presos de ETA, lleva ya mucho tiempo diciendo que ellos, en su calidad de allegados de personas privadas de libertad, no han cometido ningún delito y, por tanto, no deberían sentirse condenados. Pero se sienten. “No es normal que el 95% de nuestros familiares sigan estando encarcelados en primer grado”, comentó a Público.

En efecto, casi todos los reclusos condenados por delitos vinculados a ETA siguen cumpliendo condena en ese régimen, considerado el más restrictivo dentro de las cárceles. Los internos han dado pasos legales para tratar de pasar a segundo grado e iniciar el camino de los beneficios penitenciarios, pero Instituciones Penitenciarias ha rechazado sus peticiones de manera sistemática.

El “inmovilismo” de Madrid también se aprecia en el cuentakilómetros de las Mirentxun, las furgonetas solidarias que cada fin de semana trasladan a los familiares de presos a las visitas. Además de permanecer en primer grado, la mayor parte de los 245 reclusos que cumplen condena en España está en prisiones situadas a una gran distancia de sus familias. “Más del 70% sigue estando alejado a más de 600 kilómetros de sus casas”, lamenta Errazkin.

El lehendakari Iñigo Urkullu y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante un encuentro en La Moncloa. EFE

Nada de esto cambió tras el cese definitivo de la violencia de ETA en octubre de 2011, y tampoco se prevé que lo haga, al menos de manera relativamente rápida, tras el anuncio de disolución que ha llegado este jueves.

En las declaraciones realizadas durante los últimos días, tanto el Gobierno de Mariano Rajoy como la dirección nacional del PP se han mostrado contrarios a realizar cambios en materia de política penitenciaria una vez que se produjese la desaparición de la organización ya desarmada.

La dispersión de presos empezó a aplicarse hace ya tres décadas, bajo el gobierno de Felipe González. Desde entonces, los diferentes inquilinos de La Moncloa han defendido su aplicación como una parte más de la lucha contra ETA. Ahora, sin embargo, ya no habrá ETA contra la que pelear, por lo que la dispersión perderá toda justificación.

¿Hará eso que el gobierno se mueva? Fuentes próximas a los mediadores internacionales que impulsan el acto de este viernes en Kanbo señalaron a Público que “cuando se despeje el humo, se tendrá que empezar a hablar de manera más racional”. “A nivel declarativo (los miembros del gobierno) seguirán siendo duros, pero como los presos se ajustarán a las exigencias penitenciarias, probablemente empiecen a producirse cambios de grado”, señalaron.

Salir del “inmovilismo”

El portavoz de la plataforma ciudadana Sare (centrada en reclamar otra política penitenciaria) y ex consejero de Justicia del Gobierno Vasco, Joseba Azkarraga, quiere creer que esos cambios serán posibles a partir de ahora, aunque tampoco oculta su desconfianza. “En octubre de 2011, cuando se produjo el anuncio de cese definitivo de la violencia, ponían como argumento que si ETA dejaba las armas flexibilizarían la política penitenciaria. ETA hizo todo eso y desgraciadamente la situación se mantuvo igual o peor. Luego han dicho que hasta que ETA no se disolviese no habría cambios. Bueno, ahora ETA ya se ha disuelto”, subrayó.

Un mural reclama la libertad de los presos de ETA enfermos en el Casco Medieval de Vitoria. EFE/ David Aguilar

Por tales motivos, remarca que “todos los que han puesto la existencia de una organización como disculpa para mantenerse en el inmovilismo, ahora ya no la tendrán”.

Desde la asociación Etxerat también muestran su preocupación ante los casos de presos gravemente enfermos que continúan en la cárcel. Uno de ellos, Josetxo Arizkuren, fue trasladado esta misma semana desde la cárcel de Campos del Río (Murcia) al hospital Virgen de la Arixaca para ser tratado de urgencia por una angina de pecho. Al día siguiente, el recluso fue nuevamente llevado a prisión. “Se trata de un preso gravemente enfermo que sufre una cardiopatía severa”, señaló Errazkin, quien advirtió que tanto Arizkuren como los restantes presos con enfermedades “deberían estar cumpliendo sus condenas en casa, o incluso en libertad”.

Deportados y huidos

Junto a la situación de los presos, el final de ETA dejará también otra cuestión que ataña a esa organización sin resolver: el asunto de los deportados y huidos. “En el País Vasco ha habido alrededor de 2.500 personas que se han visto obligadas a dejar sus lugares de origen y exiliarse en distintos países de Europa, África y América. Hoy todavía hay entre 85 y 100 personas que están en situación precaria. Algunas veces sin papeles, en situaciones de indignidad social, porque no pueden hacer una vida normal, ir a un hospital… Esas cuestiones quedarán pendientes después de esta semana, y necesitan una solución”, afirmó a Público el portavoz del denominado Colectivo de Exiliados Políticos Vascos (EIPK, por sus siglas en euskera), Jon Irazola.

Se trata de un asunto bastante complicado. En el caso de los deportados, sus expulsiones a terceros países se hicieron desde Francia (mediante un acuerdo previo con España) a terceros países de forma alegal. También está la cuestión de quienes escaparon ante posibles detenciones y ahora no consiguen acceder a sus expedientes judiciales.

“Los abogados están teniendo problemas para acceder a esos documentos en la Audiencia Nacional, ya que les niegan cualquier tipo de información y les dicen que primero sus defendidos se presenten en el juzgado y luego ya se verá”, comentó el responsable del EIPK. “Para muchas personas significaría entregarse con las manos atadas, y no lo van a hacer”, adelantó.