Una familia italiana desafía el poder del Vaticano

Una familia de una pequeña ciudad de provincias ha conseguido revolucionar Italia y desafiar el poder del Vaticano al ganar su batalla judicial contra la presencia del crucifijo en las escuelas públicas.

Massimo Albertin, director del laboratorio médico de Albano Terme (en Padua, al norte del país); su mujer de origen finlandés, Soile Lautsi, y sus hijos, Dataico y Sami, descorcharon una botella de vino tinto el pasado martes cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo les dio la razón. Los magistrados dictaminaron que colgar un crucifijo en las aulas públicas vulnera el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión de los niños.

Se plantean pedir protección porque temen posibles represalias

La sentencia ha conmocionado a la Italia católica y, además, sienta un precedente en todos los países que han firmado la Convención de Derechos Humanos, entre ellos España. "Teníamos grandes esperanzas en Europa", explican a Público. Massimo y Soile tenían claro, desde que llevaron a sus hijos al parvulario, que no querían darles una educación católica. Ya entonces pidieron retirar las cruces de las aulas, aunque en aquella ocasión no tuvieron éxito.

En Italia, a raíz del Concordato que firmó el Estado con el Vaticano en 1929, tener crucifijos en los colegios públicos es obligatorio. En 1985, el Concordato se modificó y el catolicismo perdió su condición de religión de Estado, pero los símbolos cristianos no se descolgaron de las paredes. En 2002, tras una sentencia de la Corte de Casación que consideró que no era delito rebelarse ante las cruces, Massimo y Soile emprendieron una batalla legal.

"Al final parece que hemos ganado la guerra", dice el padre de los jóvenes

Por entonces, Dataico, de 21 años, que hoy estudia Ingeniería, y Sami, de 19, que ha emprendido Ciencias Políticas, estudiaban en el instituto Vittorino da Feltre. Ambos empezaron a recibir insultos. También en casa, la familia recibía llamadas telefónicas con improperios y amenazas. Hace tres años, las llamadas anónimas cesaron; se habían olvidado de ellos. La sentencia, sin embargo, ha reabierto la rabia de quienes la han vivido como una agresión a su identidad, hasta el punto de que la familia se plantea pedir protección y concede muy pocas entrevistas a la prensa.

El padre explica que está preocupado y acusa a los dirigentes políticos de "aumentar la intolerancia". El primer ministro, Silvio Berlusconi, ha recurrido el fallo al considerarlo "inaceptable". Es más, considera que "no es vinculante", con lo que echa por tierra 60 años de legalidad del Consejo de Europa. Su ministro de Defensa, Ignazio la Russa, ha ido más allá al advertir que los jueces "se pueden morir, pero nosotros no retiraremos los crucifijos". El partido de Berlusconi, el Pueblo de la Libertad, ha iniciado ahora una recogida de firmas, rivalizando así con el otro partido en el Gobierno, el xenófobo de la Liga Norte.

También el líder de la oposición, Pier Luigi Bersani, del Partido Demócrata, opina que la sentencia no es sensata. Sólo dos partidos minoritarios (el Radical y el Comunista), así como algunas comunidades católicas de base, han celebrado un dictamen que establece la separación entre Iglesia y Estado. "La verdadera división política en Italia no es entre izquierdas y derechas, sino entre laicos y sumisos a la Iglesia", señala Massimo.

También el Vaticano ha lamentado que Europa vete el crucifijo al tiempo que se expande por el continente la fiesta anglosajona "de las calabazas de Halloween". La familia Albertin Lautsi, afiliada a la Asociación de Ateos y Agnósticos Racionalistas, respetan que los católicos "se reúnan en iglesias y asociaciones o que los comerciantes cuelguen crucifijos en las tiendas, pero no que haya símbolos católicos en los lugares en que un ciudadano no puede escoger entre irse o quedarse, como la escuela, el tribunal, el hospital, la cárcel...". "Los ateos somos ciudadanos de tercera", se lamentan, y denuncian que la Iglesia católica, gracias al Concordato, "recibe millones de euros públicos para sus escuelas y asociaciones cuando este dinero es necesario para la investigación o la sanidad pública". También sostienen que la Iglesia es un lobby de gran poder en Italia y que el crucifijo "es su forma de marcar territorio".

Por eso, aunque saben que el Gobierno tratará de evitar la sentencia, están satisfechos. "Habíamos perdido una batalla tras otra, pero al final parece que hemos ganado la guerra", dicen. Aunque sólo sea en el terreno de los símbolos.